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02/07/2020

Dos sentencias a favor de la transparencia. La Audiencia Nacional avala las resoluciones del Consejo de Transparencia

símbolo de la justicia

La Audiencia Nacional ha fallado por partida doble a favor del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y desestima dos recursos de apelación, uno del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y otro, de la Autoridad Portuaria de A Coruña. En ambos casos los organismos denegaron la información y los solicitantes de la información fueron amparados en su pretensión por el Consejo de Transparencia.

La  Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado en los últimos días los recursos de apelación de la Autoridad Portuaria de A Coruña y del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y. Se confirman así las dos resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en las que se instaba a los organismos a que facilitasen la información que los ciudadanos les solicitaron haciendo uso de su derecho de acceso a la información pública.

Primera sentencia: sentencia en apelación nº70/2019(Abre en nueva ventana)
Este recurso de apelación fue interpuesto por la Autoridad Portuaria de A Coruña contra el fallo del Juzgado Central contencioso-administrativo nº9 de Madrid,(Abre en nueva ventana) que confirmaba la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno(Abre en nueva ventana) en la que se instaba a la Autoridad Portuaria a facilitar el contenido de los escritos intercambiados con el Tribunal de Cuentas, en materia de responsabilidad patrimonial, por las obras ejecutadas en punta Langosteira en los años 2012 a 2014.

La Autoridad Portuaria consideraba que no debía facilitar esta información bajo los argumentos de que se aplicaban ciertos límites al derecho de acceso a la información, concretamente, aquellos en los que suponía un perjuicio para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva (artículo 14.1f)), para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control (14.1.g)) y para la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión (14.1.k)). Además, también argumentaba la inadmisión de la solicitud de información al amparo de varios supuestos del artículo 18 de la ley de transparencia.

La Audiencia Nacional no solo rebate todos los argumentos de la Autoridad Portuaria sino que además, le recuerda que sus alegaciones "denotan un espíritu que se encuentra muy alejado de los fundamentos de la Ley deTransparencia, que exige que quienes están a cargo del manejo de fondos públicos sean sometidos a un permanente escrutinio público". Y respecto a la afirmación de la Autoridad Portuaria de que de hacerse pública la información se crearía un "efecto llamada" y se produciría un "juicio público", le increpa la Audiencia Nacional en que "es precisamente el objetivo de la Ley de Transparencia exponer a los responsables del manejo de los fondos públicos a un público escrutinio, de manera que se permita el debate sobre si sus decisiones han sido acertadas. Quien se haya desempeñado con responsabilidad no tiene por qué temer esa exposición pública, por más que a veces los derechos de información y opinión no se ejerzan con respeto a la presunción de inocencia que también ampara a los gobernantes".

La sentencia de la Audiencia Nacional, además de desestimar el recurso de apelación impone a la Autoridad Portuaria de A Coruña las costas causadas. No obstante, la sentencia aún no es firme ya que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

 

Segunda sentencia: sentencia en apelación nº66/2019(Abre en nueva ventana)

Este recurso de apelación fue promovido por la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social contra el fallo del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid(Abre en nueva ventana) , por no estar de acuerdo en facilitar el acceso, vista y copia de los documentos de un expediente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz.

La denegación del acceso a la información se produjo porque, según el Ministerio, se aplicaban dos límites al acceso: el derecho a la protección de datos personales y el deber de confidencialidad de la información.

El Consejo de Transparencia, después de la reclamación de un ciudadano, resolvió que, aunque se aprecia una posible vulneración del derecho a la protección de datos personales y del deber de confidencialidad de la información, este no afecta a todo el expediente sino a una parte del mismo con lo que  debe facilitarse la copia de los documentos que, formando parte de un concreto expediente, obren en poder de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz.

El Ministerio alegó, en el recurso de apelación, que  en este caso no resulta aplicable la ley de transparencia porque el acceso a la documentación generada es objetio de un régimen específico. Según el Abogado del Estado la sentencia en primera instancia "hace una interpretación incorrecta del alcance de la disposición adicional primera" de la ley de transparencia.

La sentencia de la Audiencia Nacional  refuta por completo el argumento anterior: "Dicha norma no regula el derecho de acceso a determinada información (que es lo que contempla la ley 19/2013) sino que solo se refiere a la determinación de quien se considera interesado en los procedimientos sancionadores iniciados en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; por lo tanto, ambas normas regulan ámbitos diferentes y, a juicio de esta Sala, no se produce ninguna regulación normativa especifica de la misma cuestión referida al acceso a la información".

Se confirma de nuevo, de esta forma, la resolución del Consejo de Transparencia. (Abre en nueva ventana) Contra esta sentencia aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.