Así lo refleja la memoria de actividades 2024 de la institución, que ha sido remitida a las Cortes Generales y publicada en la web del Consejo.

En paralelo, el número de reclamaciones interpuestas ante el Consejo frente a las resoluciones (o el silencio administrativo) de los órganos y entidades estatales ha experimentado también un crecimiento significativo, al haberse registrado 1.397 asuntos, un 19,4% más que en 2023.

De las 1.530 reclamaciones de ámbito estatal resueltas en 2024, el 95,6% fueron admitidas a trámite y, de ellas, aproximadamente dos tercios (el 64,5%) concluyeron con pronunciamientos favorables a los reclamantes en sus distintas modalidades: estimatoria total, parcial o por motivos formales (esta última implica que la administración facilitó la información una vez interpuesta la reclamación ante el Consejo, habiéndose vulnerado el derecho del ciudadano a recibir la información en el plazo establecido en la Ley de transparencia).

La memoria 2024 vuelve a poner de relieve que un elevadísimo porcentaje de las reclamaciones se siguen presentando por denegación presunta de la solicitud de información por silencio administrativo. Un 42% de los expedientes resueltos por el Consejo en 2023 en el ámbito estatal se habían presentado por este motivo, frente al 33,7% del ejercicio anterior.

En cuanto a los temas más recurrentes de las reclamaciones resueltas, cabe citar los relacionados con la función pública (234 expedientes), especialmente sobre retribuciones y productividades percibidas por los empleados públicos, y sobre la realización de procesos selectivos (acceso a copias de exámenes y actas de valoración, fundamentalmente).

Asimismo, superan el centenar tanto las resoluciones dictadas en materia de información sobre procedimientos, expedientes y documentación administrativa como sobre contratos, obras públicas e infraestructuras. En este ámbito, el Consejo ha reforzado su doctrina sobre la transparencia contractual, recordando que las cláusulas o reservas de confidencialidad no pueden entenderse de modo absoluto, en la línea de lo previsto en la propia normativa de contratos.

La denegación de acceso a información sobre altos cargos —referida, principalmente, a los gastos de representación o de viajes— también suscitó un significativo número de reclamaciones, así como la relacionada con el acceso a expedientes de subvenciones y ayudas. Asimismo, se han presentado numerosas reclamaciones sobre gasto en publicidad institucional.

Por otra parte, cabe destacar, por su interés, las reclamaciones sobre acceso al código fuente o a las especificaciones técnicas de los algoritmos utilizados por las Administraciones Públicas. En las resoluciones dictadas en 2024 en esta materia se refleja la doctrina del Consejo favorable al acceso a fin de garantizar la explicabilidad de las aplicaciones informáticas (y los algoritmos que las sustentan), lo que redunda en una salvaguarda efectiva frente a la arbitrariedad o los sesgos discriminatorios en la toma de decisiones total o parcialmente automatizadas por parte de la Administración.

En cuanto a los órganos y entidades frente a las que se interponen las reclamaciones, los departamentos ministeriales son los principales destinatarios de las reclamaciones de ámbito estatal resueltas en 2024. Frente a ministerios se interpusieron 939, que representan el 61,4 % del total.

Según se detalla en el Anexo I de la memoria, el Ministerio del Interior es el departamento que concentró el mayor número de reclamaciones (203 expedientes, un 13,3% del total), seguido del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (100 reclamaciones, 6,5% del total), el Ministerio de Hacienda (con 72 reclamaciones, 4,7%) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (63 reclamaciones, 4,1%).

Reclamaciones de ámbito autonómico y local

En los ámbitos autonómico y local, donde el Consejo únicamente tiene competencia cuando se le atribuye por convenio, como ya se ha mencionado, se resolvieron 701 reclamaciones en 2024, lo que supone un 35,7% menos que el año anterior. Este descenso se debe fundamentalmente a que, desde noviembre de 2023, Castilla-La Mancha cuenta con un órgano propio de garantía del derecho de acceso y, como consecuencia de ello, el Consejo ha dejado de ejercer la función de tutela del derecho en su territorio, quedando la competencia del Consejo circunscrita a las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, e Illes Balears, así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En cuanto al número de reclamaciones de ámbito autonómico y local recibidas durante el ejercicio se experimentó un descenso del 19,5%, con una entrada de 576 expedientes.

En lo referente al resultado de los expedientes tramitados en 2024 en el ámbito autonómico y local, los porcentajes presentan unas magnitudes similares a las estatales, puesto que se admitieron a trámite el 89,6% de las reclamaciones, y el 66,1% concluyeron con pronunciamientos estimatorios en sus distintas modalidades. Hay que destacar que un 73,5% de las reclamaciones se presentaron por silencio administrativo, dato que supone una mejoría respecto a 2023, cuando el 85,4% se interpusieron por este motivo.

Los asuntos principales de las reclamaciones fueron solicitudes de información relacionadas con urbanismo, información económica, empleo público, sanidad, expedientes administrativos y contratación pública.

La comunidad autónoma de la que proceden el mayor número de reclamaciones resueltas es Extremadura, con 172 expedientes, seguida de Baleares (142), Cantabria (113) y Asturias (108).

Los ayuntamientos concentraron el 55,9% de las reclamaciones, seguidos por las comunidades autónomas, con el 32,2%.

Cumplimiento de las resoluciones

Respecto al cumplimiento de las resoluciones, del que el CTBG realiza un seguimiento constante publicando el resultado trimestralmente en su web, la memoria recoge que, de las resoluciones dictadas en 2024 que requerían ejecución, a 31 de marzo de 2025 no constaba al Consejo el cumplimiento del 15,2% de las dictadas en el ámbito estatal y un 34,6% de las de ámbito autonómico y local.

50 recursos judiciales interpuestos frente a las resoluciones del Consejo

En lo referente a la litigiosidad frente a las decisiones del Consejo, en 2024 se interpusieron 43 recursos judiciales contra resoluciones del Consejo de ámbito estatal y 7 frente a resoluciones de ámbito autonómico y local, 50 en total, lo que representa un 30,6% menos que el ejercicio anterior.

Evaluación de las obligaciones de publicidad activa: un 14,6% más entidades evaluadas

Por otra parte, siguiendo la tendencia de los últimos años, el Consejo intensificó en 2024 su actividad evaluadora del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, que constituye la otra función principal atribuida a la institución. Conforme a lo establecido en el plan anual aprobado al principio del ejercicio, se evaluó de forma individual a 291 órganos y entidades, para verificar si publican y actualizan en sus páginas web la información relevante para fiscalizar su gestión a la que están obligados por la Ley de transparencia. Esto supone un 14,6% más de entidades evaluadas que en 2023.

Todas las evaluaciones se realizaron por funcionarios del Consejo y con medios propios, sin externalizar ninguno de los procesos. Tanto los informes generales correspondientes a los distintos grupos de sujetos evaluados, como los individuales de cada organismo o entidad, 379 en total, se encuentran publicados en la web del Consejo. Hay que recordar que en los informes el Consejo incluye recomendaciones específicas dirigidas a las entidades evaluadas para que puedan mejorar el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.

Aunque, en términos generales, se aprecia una progresiva mejoría en el grado de cumplimiento, aún se constatan elevados índices de incumplimiento en algunos sujetos obligados que no encuentran justificación cuando ya se han cumplido diez años de vigencia de la LTAIBG.  El índice de cumplimiento medio se situó en el 51,6%, si bien hay gran disparidad entre las entidades analizadas y varias han alcanzado pleno cumplimiento.  

Las consultas sobre aplicación de la ley de transparencia aumentaron un 60,9%

En paralelo a las dos funciones esenciales que se acaban de reseñar, la de la salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y la evaluación de las obligaciones de transparencia activa, se desarrollaron otras muchas tareas relacionadas con las demás funciones que el Consejo tiene encomendadas. Entre ellas, la de asesorar y responder a las consultas formuladas, tanto por organismos como por particulares, sobre cuestiones relacionadas con la interpretación y la aplicación de la normativa de transparencia pública. Se atendieron 222 consultas formales, un 60,9% más que en 2023, además de una infinidad de consultas informales recibidas por diversos medios, como el correo electrónico y el teléfono. También se evacuaron 92 informes sobre proyectos normativos estatales o autonómicos relacionados con la transparencia.

Actividades de formación y de colaboración

Desde la convicción de que la formación de los empleados públicos es imprescindible para la eficaz implantación de la Ley de transparencia, en 2024 el Consejo continuó promoviendo diversas acciones formativas, como su ciclo de seminarios periódicos sobre aspectos esenciales de la transparencia y el acceso a la información pública, en los que se abordaron cuestiones de creciente interés y actualidad, como la transparencia algorítmica, la transparencia en la contratación pública, o las cláusulas de confidencialidad como límite del derecho de acceso.

Por otra parte, en 2024 el Consejo ha intensificado sus acciones de cooperación institucional en el ámbito internacional. Por ejemplo, organizó un workshop en Madrid que reunió durante dos jornadas a representantes de otros 13 comisionados y consejos garantes europeos.

La labor de cooperación con otras autoridades de supervisión europeas ha culminado recientemente con la creación en mayo (durante la XVI Conferencia Internacional de Comisionados de Información celebrada en Berlín) de la Red Europea para el Acceso a la Información y la Transparencia (ENTRI por sus siglas en inglés), de la que el CTBG ha sido elegido miembro de su comité ejecutivo.

Según destaca el presidente del Consejo de Transparencia, José Luis Rodríguez Álvarez, 2024 fue “un año fértil en resultados y que, además, concluyó con una efeméride muy especial al cumplir en el mes de diciembre su primera década de funcionamiento”. “El Consejo es una institución joven, que aún está en proceso de consolidación, pero que, a lo largo de estos diez años, ha ido progresivamente afianzándose y ganando peso específico con una actuación objetiva e independiente, con la que ha contribuido de manera determinante a la construcción del sistema de transparencia pública en España”.

Dentro de ese proceso de consolidación, en 2024 tuvo lugar un hito importante, al aprobarse el nuevo Estatuto del Consejo, que lo refuerza orgánica y funcionalmente como autoridad administrativa independiente para el mejor cumplimiento de sus funciones, “a la espera de que se materialice la anunciada reforma de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), en la que deberán abordarse las demás cuestiones pendientes, entre otras, la atribución de potestades coercitivas a la institución”.

Memoria 2024