LA NORMATIVA AUTONÓMICA EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Instituto Nacional de Administración Pública
INAP

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MADRID, 2016

Colección: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS

Primera edición: Febrero 2016

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ISBN: 978-84-7351-515-3 (formato papel). – ISBN 978-84-7351-516-0 (formato electrónico)

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Preimpresión: Contenidos y Proyectos ISLIZ

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En esta publicación se ha utilizado papel reciclado libre de cloro de acuerdo con los criterios medioambientales de la contratación pública.

PRÓLOGO

Este estudio pretende, de forma modesta, recopilar y comparar las iniciativas autonómicas encaminadas a desarrollar la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; centrándose en el ámbito del acceso a la información pública y sus garantías. Tal vez, el acceso a la información pública suponga una de las mayores contribuciones de la ley al garantizar el cumplimiento efectivo del derecho de acceso establecido en el artículo 105.3 de la Constitución Española, con la utilización de las capacidades tecnológicas actuales y con las garantías de un procedimiento reglado, susceptible de revisión por parte de una autoridad independiente.

La Ley de Transparencia supone una oportunidad para un cambio de cultura en las instituciones públicas de nuestro país. Unas instituciones transparentes mejoran la calidad democrática y favorecen la confianza de los ciudadanos y la certidumbre de los agentes sociales y económicos. Dentro de este estudio, se ha podido comprobar que la mayor parte de las normas analizadas suelen aludir en mayor o menor medida a los principios de la participación ciudadana; la legitimación de las instituciones y el impulso democrático; la responsabilidad, control y rendición de cuentas; así como la cultura de la calidad y de la evaluación.

Probablemente, una de las mayores virtudes de esta norma consiste en que supone el inicio de un camino de difícil vuelta atrás. Desde el momento de su aprobación hasta la fecha de redacción del presente estudio, se han aprobado diez leyes autonómicas de transparencia y otras tres normas autonómicas se encontraban ya en fase de elaboración. Por otra parte, la Federación Española de Municipios y Provincias aprobó en mayo de 2014 la Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización, que ha facilitado a los ayuntamientos la adaptación a los requisitos que en materia de transparencia les exige su normativa.

Sin embargo, las normas sólo constituyen un mero punto de partida y el cambio social al que aspiran requiere, por una parte, del liderazgo, compromiso y de la voluntad políticas necesarias por parte de los decisores públicos, y de otra, la colaboración proactiva de los empleados públicos, ya que ante todo, las organizaciones públicas las componen las personas, que son los principales agentes de cambio. En el caso de los decisores y gestores públicos, los avances en materia de transparencia y gobierno abierto redundarán indudablemente en una mayor legitimación, en unos tiempos de gran desafección social. En el caso de los ciudadanos, el tiempo permitirá consolidar la transparencia como un derecho irrenunciable.

Manuel Arenilla Sáez
Director del INAP

PRESENTACIÓN

Tras diez legislaturas, España, con una democracia madura, aprobó el 10 de diciembre de 2013 la tan esperada Ley de Transparencia y Buen Gobierno. El ordenamiento jurídico ya preveía el acceso de los ciudadanos a determinada información administrativa desde el más alto nivel, la propia Constitución en su artículo 105. b) establece que una ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, hasta la legislación básica procedimental contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que ya regulaba el derecho de los ciudadanos a acceder a los registros y documentos que se encuentran en los archivos administrativos generando, de ese modo, una suerte de derecho de acceso que se completaba con leyes sectoriales referidas a materias medioambientales (Ley 27/2016, de 18 de julio) o de reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007, de 16 de noviembre).

La publicidad activa también encontraba precedentes en determinados aspectos. Así, el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la legislación en materia de subvenciones o la ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, obligan a suministrar de oficio datos considerados públicos.

Sin embargo, la aprobación de la Ley 19/2013 supone una gran revolución, ya que los datos y la información pasan de ser propiedad de la Administración a serlo de los ciudadanos, quedando aquella como depositaria de un valor que debe revertir a la sociedad y custodiarlo.

Si bien las demandas de información y su contestación ya eran una realidad en una democracia inquieta y crítica, lo cierto es que, a falta de un procedimiento específico, surgían carencias, insuficiencias, tardanzas que no beneficiaban a una fluida relación entre la ciudadanía y quien gestiona y administra.

A partir de la entrada en vigor de la ley de transparencia, las Administraciones deberán responder, en un procedimiento ágil, sometido a cortos plazos, contradictorio y amparado por una resolución que admita recurso.

Además, como siempre que se aprueba una norma revolucionaria, se crea un organismo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que será el encargado de velar por el cumplimiento de las normas de publicidad activa, y garantizar el derecho de acceso a la información pública y la observancia de la normativa del buen gobierno.

Entre sus funciones, además de las mencionadas, coexiste una de especial relevancia: «promover la cultura de la transparencia».

Esta actividad, la más difícil sin duda de abordar, requiere una actitud proactiva y cómplice con todos los sectores de la sociedad. Requiere iniciar, impulsar y tomar la iniciativa en el proceso de cambio que se abre.

La ley de transparencia cubre con su velo todo el territorio nacional a su entrada en vigor definitiva el 10 de diciembre de 2015. Con este motivo y con la vocación de difundir y facilitar la formación y el conocimiento de los derechos, y a la vez de las responsabilidades que tienen con los ciudadanos, el CTBG en colaboración con el INAP, publica el presente estudio que incluye a las Comunidades Autónomas que han legislado y adoptado medidas que refuerzan la transparencia de sus administraciones, tanto con leyes como con portales de datos, abriendo canales de participación ciudadana.

En este estudio han colaborado también todas las Comunidades Autónomas que han validado sus perfiles y a las que agradecemos su total disposición a avanzar juntos.

Esther Arizmendi Gutiérrez
Presidenta del CTBG

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

Aspectos generales

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la opinión pública y buen gobierno se promulga en el ejercicio de la competencia del Estado de regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. En el artículo 2.1 se citan las Administraciones sujetas a la transparencia de la actividad pública, incluyéndose entre otras entidades, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. Por tanto, dictada por el Estado en uso de sus competencias exclusivas, es aplicable, en la práctica totalidad de su articulado, en todo el territorio nacional en las tres materias de publicidad activa, el derecho de acceso a la información y las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir quienes sean responsables públicos.

Puede afirmarse que la aprobación de la ley estatal ha supuesto un importante hito, ya que a esta le han seguido en el tiempo diez normas autonómicas de transparencia y buen gobierno. Con carácter previo a la Ley 19/2013 solo contaban con leyes específicas de transparencia: la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración Pública gallega (cuya reforma se está tramitando en estos momentos); la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears; la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, y la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

En el momento de presentarse este trabajo se encuentran en fase de tramitación parlamentaria otros tres proyectos de ley autonómicos en materia de transparencia y buen gobierno.

La cuestión del desarrollo normativo por parte de las Comunidades Autónomas

La Ley 19/2013 se refiere al título competencial en su disposición final octava, indicando que se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.1ª, 149.1.13ª y 149.1.18ª de la Constitución. De este mismo precepto se deduce que la mayor parte de la ley tiene carácter básico, salvo determinadas materias tales como la obligación de establecer una planificación, evaluación y seguimiento de la aplicación de la ley; control del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; lo relativo al Portal de Transparencia y las unidades especializadas de información de los departamentos ministeriales; la delimitación de la figura de los altos cargos; las previsiones dirigidas al Gobierno en materia de simplificación normativa y el título III relativo al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

En la ley estatal se regula de manera clara el derecho de acceso a la información, basándolo en el artículo 105 b) de la Constitución (derecho de acceso a la información pública) y no en el artículo 20 (derecho a la información como derecho fundamental). No obstante, incluso configurándose como un derecho regulado por ley ordinaria y no orgánica, en este caso parece encajar un procedimiento común, regulado por el legislador estatal, que establezca unas garantías mínimas e iguales para todos los españoles (Giménez Sánchez, 2014: 157).

Además, la parte de la ley dedicada al buen gobierno, incide en competencias reservadas al Estado en materia de disciplina y ordenación de la actividad económica. Así sucede con el cuadro de infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Quedaría un margen autonómico para el desarrollo normativo:

1.º) Habría que adaptar su administración y, en la medida de sus competencias normativas en materia de régimen local, la de las Entidades Locales, a las exigencias de la Ley 19/2013 dentro del plazo de dos años desde su publicación.

2.º) Podría ampliar los derechos de los ciudadanos en materia de transparencia, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno; yendo más allá de lo establecido en la norma estatal.

3.º) Cabría la posibilidad de armonizar o integrar algunos elementos de transparencia exigidos por la normativa sectorial autonómica a través de la norma transversal de transparencia y buen gobierno.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que algunos ámbitos como la publicidad activa y el buen gobierno, pueden tener acomodo en competencias reconocidas habitualmente en los Estatutos de Autonomía, como es establecer principios que informarán de la actuación de la Administración Autonómica o de la propia capacidad de autoorganización1.

Planteamiento del estudio

Este trabajo pretende mostrar una perspectiva de comparación de las normas autonómicas en diferentes materias relacionadas con el derecho de acceso.

En un primer momento, se tratará el estado de desarrollo normativo autonómico en materia de transparencia autonómica.

En segundo lugar, se indagará en la motivación de las normas, atendiendo a los elementos comunes más habituales en los diferentes textos y, especialmente, aquellos que resultan específicos o diferentes en relación con la norma estatal y el resto de normas autonómicas.

En tercer lugar, se analizará cómo se regula el derecho de acceso en las distintas normas autonómicas por razón de la materia y de la protección de los derechos de terceros.

En cuarto lugar, se examinará la figura del órgano de control, comparando las distintas posibilidades elegidas por los legisladores autonómicos, su adscripción, su grado de independencia, sus funciones de supervisión, su capacidad revisora de las decisiones en materia de derecho de acceso y, en su caso, su potestad sancionadora ante posibles infracciones en materia de transparencia.

1

Por ejemplo, artículos 37 y 9.1.1, respectivamente, del Estatuto de Autonomía de Extremadura.

CAPÍTULO 2
ESTADO DE DESARROLLO DE LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Leyes autonómicas de transparencia anteriores a la Ley 19/2013

Con carácter previo a la aprobación de la Ley 19/2013 tan solo existían cuatro normas autonómicas en materia de transparencia: la Ley 4/2006 de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración Pública gallega; la Ley 4/2011 de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears; la Ley Foral 11/2012 de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, de la Comunidad Foral de Navarra, y, finalmente, la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura. Estas normas muestran ciertas diferencias entre sí, ya sea por el momento de aprobación, que condiciona las características de su enfoque, como la ley gallega, muy anterior a la norma estatal; por su carácter más o menos innovador, como la ley foral, considerada como emblemática; la Balear, que distingue de manera clara entre los niveles administrativo y político; o la extremeña, que es casi coetánea de la norma estatal y se ve claramente influida por ella.

a) Ley 4/2006 de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración Pública gallega

La norma gallega no maneja los conceptos acuñados por nuestra ley actual de transparencia, estando más próxima en algunos aspectos a la Ley 30/1992. Hay que tener en cuenta que se trata de una ley siete años más antigua que su homóloga estatal. Por ejemplo, el artículo 4 relativo al derecho a la información contempla que este se ejercerá «sobre los aspectos de la actividad administrativa de las instituciones y órganos (…) que afecten a sus derechos e intereses legítimos». Bien es cierto que su derecho de acceso supera el límite clásico de la información contenida en los archivos y registros. Por otra parte, aunque no utiliza la expresión «publicidad activa», somete a publicidad la programación anual y plurianual, contratos públicos, convenios de colaboración, concesiones de servicios y actividades de fomento. Hay que valorar de la norma gallega el hecho de que fuese la primera norma española que trató de enfocar la transparencia de un modo transversal y que contempló unas garantías para la ciudadanía que iban más allá del marco establecido por la Ley 30/1992.

En el momento actual se ha aprobado el anteproyecto de una nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno y se ha aprobado la Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración.

b) Ley 4/2011 de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears

Esta norma cumple la previsión contenida en el artículo 14 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, de acuerdo con la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2007 de 28 de febrero. Se reconoce el derecho de los ciudadanos a una buena Administración y el acceso a los archivos y registros públicos; implantando un sistema de nuevas tecnologías para facilitar dicho acceso.

En materia de transparencia distingue claramente entre el ámbito administrativo y el ámbito político. En el primero, somete a transparencia la adjudicación y ejecución de los contratos, la firma de convenios de colaboración y la concesión de ayudas y subvenciones. En el ámbito político se centra más bien en medidas de buen gobierno con alguna de transparencia, abordando la prevención y control de conflictos de intereses, medidas de información pública y registro de actividades, bienes y derechos de altos cargos.

Cabe destacar que el 11 de abril de 2014 el Grupo Socialista presentó una Proposición de Ley de transparencia, buena administración y buen gobierno de las Illes Balears que, si bien fue rechazada, podría ser un referente de futuras iniciativas legislativas en caso de cambios en la correlación de fuerzas parlamentarias.

Está prevista, dado que la Ley 4/2011 es anterior a la Ley 19/2013, la aprobación, durante esta legislatura, de una nueva ley de transparencia adaptada a esta última y que desarrolle la materia en el ámbito autonómico.

c) Ley Foral 11/2012 de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, de la Comunidad Foral de Navarra.

Esta norma ha sido considerada emblemática por algunos autores (Giménez Sánchez, 2014: 166) por su carácter ambicioso y por la posible influencia que han podido tener algunos de sus contenidos en relación con la norma estatal.

En primer lugar, conecta el principio de transparencia con los de participación y colaboración. Este aspecto va más allá de la norma estatal, algo que algunas normas autonómicas posteriores también plasmarán. Especialmente, se suele conectar la transparencia con la participación ciudadana, aunque en algunos casos también con la calidad y la evaluación de los servicios.

Por otra parte, la ley foral establece principios más concretos, como el derecho de acceso a la información pública, la publicación de datos abiertos o el principio de neutralidad tecnológica, entre otros. Además, su talante garantista se observa en el hecho de que el silencio administrativo en diversos supuestos tiene carácter positivo.

Pero incluso, la norma introduce previsiones que afectan a la propia organización administrativa, en uso de la potestad autonómica de autoorganización; así como previsiones relativas a la simplificación administrativa.

d) Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura

Aunque cronológicamente es anterior a la ley estatal, su proceso de tramitación fue casi simultáneo al de esta. Es la norma más avanzada porque incluye la mayor parte de los elementos de la Ley 19/2013, de los que el legislador autonómico estaba al tanto y, además, introduce algunos elementos más avanzados que incluirían normas autonómicas posteriores, como la participación ciudadana.

Leyes autonómicas posteriores a la Ley 19/2013

La aprobación de la ley estatal trajo consigo la aprobación posterior de numerosas normas autonómicas. Hay que tener en cuenta que, al menos, la Comunidad Autónoma había de tener preparada su Administración en dos años desde la publicación de la ley. Por otra parte, los títulos I y III de la ley entraban en vigor el 10 de diciembre de 2014 que, a falta de norma autonómica, se aplicarían de manera directa.

Así, en 2014, con carácter previo al 10 de diciembre de 2014, se aprobaron la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía y la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja.

A partir de esa fecha se aprobaron la mayor parte de normas autonómicas en materia de transparencia: la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública de Canarias; Ley de Cataluña 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León; Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón; Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana.

En el momento actual se están tramitando los proyectos de ley de transparencia del País Vasco y Galicia. Se encuentran en fase de elaboración los anteproyectos de Asturias y de Castilla-La Mancha. En las próximas semanas se aprobará un proyecto de ley de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno del sector público vasco, que recoge las principales enmiendas que los grupos parlamentarios hicieron al anterior proyecto de ley de la Administración Pública vasca.

No existe norma autonómica de transparencia ni consta la tramitación de anteproyectos en la Comunidad de Madrid.

El nuevo Gobierno de Cantabria, constituido tras el resultado de las elecciones al Parlamento del pasado 24 de mayo de 2015, tiene la intención de dar los pasos necesarios para que Cantabria regule la materia sobre transparencia. Para ello, ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:

1. Iniciar los trámites para suscribir un Convenio con la Administración General del Estado, en concreto con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en los términos previstos en la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

2. En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 19/2013, que habla de identificar claramente el órgano o unidad gubernamental competente en transparencia, el Gobierno de Cantabria ha elaborado un decreto por el que se regula la unidad encargada de gestionar la transparencia, la Dirección General de Servicios y Atención a la Ciudadanía, norma que ya ha pasado el informe jurídico y que se encuentra en período de observación por parte del resto de unidades del Gobierno de Cantabria.

3. En paralelo, la Dirección General ha emitido una circular con destino a todas las unidades de la Administración Pública de Cantabria para recabar información y publicarla en el Portal de Transparencia y advertirles de cómo debe facilitarse la información para cumplir la ley.

4. Al mismo tiempo, en colaboración con la Dirección General de Informática del Gobierno de Cantabria, se está procediendo al cambio de sistema para que la información se pueda ofrecer en formato procesable, incorporando además las herramientas pertinentes en cuanto a la participación ciudadana.

5. A lo largo del primer semestre de 2016 está previsto registrar el Proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de Cantabria, proyecto que se elaborará desde la consulta previa a las entidades locales, empleados públicos y agentes sociales.

6. Cantabria ha desarrollado una breve normativa en cuestión de buen gobierno y acceso a la información pública a través del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprobó el Código de Buen Gobierno y la creación de los portales de participación ciudadana a cargo de la Oficina de Atención a la Ciudadanía.

7. Respecto a los procedimientos para formalizar el acceso a la información, la Administración de la Comunidad Autónoma lo regula en su sede electrónica, a través de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y por el Decreto 37/2012, de 13 de julio, por el que se regulan el registro, las comunicaciones electrónicas y la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus organismos públicos.

Normas reglamentarias autonómicas de desarrollo de la transparencia

Algunas Comunidades Autónomas han aprobado algunas normas reglamentarias que desarrollan aspectos diversos de sus leyes de transparencia. Algunas de estas regulan los órganos de control, colaboración o seguimiento, como son los Decretos de la Generalitat de Cataluña 169/2014, de 23 de diciembre, por el que se crea la Comisión Interdepartamental de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 19/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el Comisionado para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública.

En este mismo sentido, se puede señalar el Acuerdo de Gobierno de Navarra, de 5 de diciembre de 2012, por el que se establece la composición de la Comisión de Seguimiento para la implantación de la Transparencia y del Gobierno Abierto y se crea la Comisión Interdepartamental de Simplificación Administrativa, designándose sus miembros.

También, la Junta de Andalucía ha aprobado el Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la organización administrativa en materia de transparencia pública en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, así como también el Decreto 434/2014, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, sobre la base de la disposición adicional cuarta de su Ley 1/2014.

Otros decretos sirven para detallar aspectos específicos de las obligaciones fijadas por sus leyes de transparencia. Así, el Gobierno de Navarra ha aprobado el Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre, por el que se regulan las obligaciones de transparencia de los beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra y el Decreto Foral 6/2013, de 23 de enero, por el que se regula la declaración y publicación de las retribuciones, actividades y bienes de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, así como también Extremadura con el Decreto 3/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

También es el caso de la Comunidad de Aragón, en relación con los Decretos 215/2014, de 16 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de atribución de competencias en materia de ejercicio por los ciudadanos del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y su sector público y 19/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro de solicitudes de acceso a la información pública y el fichero de datos de carácter personal «Solicitantes de acceso a la información pública».

En las Illes Balears, se está trabajando en la elaboración de un decreto que desarrolle el derecho de acceso a la información pública y la organización administrativa necesaria para su ejercicio.

Tabla 2.1.
Situación del desarrollo normativo en materia de transparencia. Comunidades Autónomas. Octubre 2015

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Ley aprobada

Proyecto o proposición de ley en tramitación

Reglamentos de desarrollo

Andalucía

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la organización administrativa en materia de transparencia pública en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales.

Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (previsto en la disposición adicional cuarta de la ley).

Aragón

Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

Decreto 215/2014, de 16 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de atribución de competencias en materia de ejercicio por los ciudadanos del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y su sector público.

Decreto 19/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro de solicitudes de acceso a la información pública y el fichero de datos de carácter personal «Solicitantes de acceso a la información pública».

Asturias

En fase de elaboración.

Comunidad

Valenciana

Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana.

Canarias

Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

Cantabria

Cuenta con normas de conflicto de intereses. A lo largo del primer semestre de 2016 está previsto registrar el Proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana.

Castilla-La

Mancha

En fase de elaboración.

Castilla y León

Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.

Cataluña

Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Decreto 169/2014, de 23 de diciembre, por el que se crea la Comisión Interdepartamental de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Decreto 19/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el Comisionado para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública.

Decreto 20/2015, de 24 de febrero, de adscripción del Instituto de Estudios Autonómicos y de modificación del Decreto 169/2014, de 23 de diciembre, por el que se crea la Comisión Interdepartamental de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOGC n.º 6819- 26.02.2015).

Decreto 171/2015, de 28 de julio, sobre el Registro de grupos de interés de la Administración de la Generalitat y de su sector público (DOGC n.º 6924-30.07.2015).

Orden ECO/294/2015, de 18 de septiembre, por la que se modifica la Orden ECO/47/2013, de 15 de marzo, por la que se regula el funcionamiento y se aprueba la aplicación del Registro público de contratos de la Generalitat de Cataluña (DOGC n.º 6963-25.09.2015).

Orden ECO/295/2015, de 18 de septiembre, por la que se aprueba la aplicación del Tramitador electrónico de expedientes de contratación (TEEC) (DOGC n.º 6963-25.09.2015).

Extremadura

Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Decreto 3/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Galicia

Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración Pública gallega.

Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración.

Proyecto de Ley de transparencia y buen gobierno. (En trámite parlamentario, aprobación Proyecto de Ley en Consello de la Xunta de Galicia el 24 de septiembre de 2015.)

Illes Balears

Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears.

Está en tramitación un decreto por el que se regula el derecho de acceso a la información pública y se establece la necesaria organización administrativa para su ejercicio.

La Rioja

Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja.

Madrid

Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Título III

Transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

Murcia

Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Orden de 27 de febrero de 2015, de la Consejería de Presidencia y Empleo, por la que se establece el logotipo de la Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Administración Pública de la Región de Murcia.

Navarra

Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto.

Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre, por el que se regulan las obligaciones de transparencia de los beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra.

Decreto Foral 6/2013, de 23 de enero, por el que se regula la declaración y publicación de las retribuciones, actividades y bienes de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 5 de diciembre de 2012, por el que se establece la composición de la Comisión de Seguimiento para la implantación de la Transparencia y del Gobierno Abierto y se crea la Comisión Interdepartamental de Simplificación Administrativa, designándose sus miembros.

País Vasco

Próximamente se presentará un nuevo proyecto de ley.

CAPÍTULO 3
PRINCIPIOS RECONOCIDOS EN LAS LEYES AUTONÓMICAS DE TRANSPARENCIA

Planteamiento

El estudio de los preámbulos o exposiciones de motivos de las normas autonómicas de transparencia y buen gobierno nos permiten conocer además de la razón última de la ley, los principios en los que se basa con carácter general y otros principios con los que se conecta. Esta cuestión, aparentemente programática, nos da una idea del talante y de la orientación de la norma. También nos permite identificar posibles novedades de planteamiento en relación con otras normas de referencia.

Para ello se han tomado las distintas exposiciones de motivos y se han reseñado brevemente, extrayendo los elementos esenciales de su discurso. Se han observado unas palabras que pudiéramos denominar como ideas fuerza presentes en los preámbulos de las leyes de transparencia. Las hemos identificado a partir de la relevancia que les otorgan los legisladores autonómicos al construir su discurso.

Ideas fuerza de los preámbulos de las leyes de transparencia autonómicas

Aspectos generales

Lo más destacable y a la vez novedoso de las exposiciones de motivos es la presencia que tiene la participación ciudadana como objetivo de las normas de transparencia. Se trata de un elemento propio del ámbito autonómico y apenas presente en el ámbito estatal. Hasta nueve leyes autonómicas conectan la información pública con la participación de la ciudadanía.

Se encuentran en un mismo nivel de presencia los conceptos relacionados con la responsabilidad, el control y la rendición de cuentas, también presentes en un total de nueve preámbulos.

Le siguen conceptos como la legitimación de las instituciones y el impulso democrático, ideas fuertes en cinco preámbulos, respectivamente.

De un modo más transversal aparece la idea de un cambio cultural en las instituciones públicas españolas, presente en cuatro preámbulos.

Curiosamente, se observa menos la presencia de la calidad y la evaluación, si bien en las comunidades en que aparece lo hace de un modo muy decidido, con previsiones específicas.

En todos los casos se observa una preponderancia del factor político sobre el puramente administrativo: participación ciudadana, profundización democrática, legitimación de las instituciones. Aunque existen referencias en casi todos los preámbulos a un cambio en las Administraciones Públicas, más orientadas a la calidad, a la rendición de cuentas, el elemento político parece tener más peso que el administrativo. El discurso de la lógica de la modernización administrativa que sería el dominante en normas anteriores a la crisis, se ve eclipsado por un discurso mucho más sistémico, más centrado en la legitimidad de todo el sistema político. En este sentido, los legisladores han sabido plasmar las graves preocupaciones de los tiempos.

Tabla 3.1.
Ideas fuerza presentes en los preámbulos de las leyes y proyectos de ley autonómicos de transparencia y buen gobierno

Participación de la ciudadanía

9

Profundización democrática

5

Legitimación

5

Responsabilidad

4

Cambio cultural

4

Obligaciones jurídicas

3

Control

3

Calidad

3

Rendición de cuentas

2

Evaluación

1

La participación de la ciudadanía

Como se ha indicado es un elemento innovador en relación con la ley estatal, cuyo enfoque no recoge tanto la participación. Entendemos que se trata de un elemento importante del enfoque. Si realmente existe una voluntad política de conectar la transparencia con los mecanismos de participación ciudadana, podríamos encontrarnos ante un escenario de experiencias novedosas en los próximos años.

Los preámbulos suelen considerar la transparencia al servicio de la participación ciudadana «y por tanto, de la corresponsabilidad social»”, como afirma la ley aragonesa. En el caso de Castilla y León se une a una idea de «formación y participación de los ciudadanos en los asuntos públicos». En el preámbulo de la ley de La Rioja, como «un afán de la sociedad por formar parte en el proceso de toma de decisiones, a través del conocimiento y la participación».

En otros casos el planteamiento es más directo, entendida la transparencia como un mecanismo para facilitar «la participación y colaboración ciudadana como pilares básicos de un sistema de gobierno abierto», como se recoge en la ley extremeña, o «promover la participación ciudadana», en la ley canaria.

La legitimación de las instituciones y el impulso democrático

Son abundantes las llamadas a la legitimación de las instituciones y al impulso democrático. Así en la ley extremeña se habla de la transparencia como «mecanismo de impulso de la democracia representativa para conseguir una efectiva conectividad de los ciudadanos con sus representantes». La ley murciana considera uno de sus fines «apostar firmemente por un impulso democrático». En el proyecto vasco se concibe la transparencia como un medio para la «consecución de una sociedad democrática, plural y participativa».

Responsabilidad, control y rendición de cuentas

Los conceptos de control y rendición de cuentas aparecen de manera bastante explícita en la ley catalana y en la gallega todavía en vigor. La idea de la responsabilidad está más extendida y se observa en las normas de Aragón, Andalucía y Castilla y León. Aunque se trata de conceptos muy próximos, pueden poseer una connotación diferente. El control y la rendición de cuentas siempre se ejercen desde fuera. La responsabilidad, si bien siempre es ante alguien, posee una connotación de cierta interiorización2.

Calidad y evaluación

En algunos preámbulos la transparencia aparece ligada a la calidad y evaluación de los servicios y las políticas públicas. Aparece de manera muy específica en la ley andaluza, que pretende servir de avance en el «diseño de un sistema andaluz de evaluación de políticas públicas». En la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, se contempla, en el artículo 6, la necesidad de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos publicados, estando dichos objetivos asociados a indicadores de calidad. Por su parte, en el artículo. 3.b, vincula el propio concepto de Gobierno Abierto al Gobierno «… que se somete a criterios de calidad y de mejora continua; y que está preparado para rendir cuentas y asumir su responsabilidad ante los ciudadanos a los que ha de servir».

En otros casos, las referencias a la calidad son más genéricas. Así en la norma murciana se habla de «dirigir la Administración Pública hacia unos estándares de calidad más elevados»; y en la de Navarra se pretende «la consecución de una Administración de calidad, eficiente, accesible a la ciudadanía».

En el nuevo proyecto de ley vasco se dedica el título II a la «planificación y evaluación de políticas públicas» y recoge en su exposición de motivos que «la evaluación es necesaria para dar sentido a la transparencia, a la que dota de contenidos, y que de otra manera no sería sino un escaparate hueco».

2

El Diccionario de la Real Academia Española de la lengua define la responsabilidad en una de sus acepciones como «capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente».

CAPÍTULO 4
LÍMITES AL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Límites por razón de materia

Entendemos como tales todos aquellos recogidos en el artículo 14 de la Ley 19/2013, es decir, en los supuestos en los que el acceso suponga un perjuicio para: la seguridad nacional; la defensa; las relaciones exteriores; la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses económicos y comerciales; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; y la protección del medio ambiente.

La mayor parte de las normas autonómicas posteriores a la ley estatal se remiten o reproducen el contenido del citado artículo 14: Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla y León, Murcia, Andalucía y La Rioja.

Entre las normas anteriores, la de Galicia se remite a los supuestos previstos en la normativa básica. La de Extremadura realiza una enumeración similar a la del artículo 14 eliminando las materias propias del Estado, es decir la seguridad nacional; la defensa; las relaciones exteriores.

Como elementos específicos, cabe destacar que la disposición final primera de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía introduce una modificación en el artículo 31 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, manteniendo el carácter secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno, pero sometiendo a las reglas generales de acceso los expedientes que se sometan a dicho Consejo de Gobierno.

La ley foral de Navarra y el proyecto de ley del País Vasco fijan unos límites que se corresponden con los establecidos por la ley estatal.

Por su parte la ley catalana incluye en su artículo 20 como límite para el ejercicio del derecho de acceso «el secreto o la confidencialidad en los procedimientos tramitados por la Administración Pública, si el secreto o la confidencialidad están establecidos por una norma con rango de ley» y «los derechos de los menores de edad».

La ley de Aragón establece unos límites de derecho de acceso subsumibles en los establecidos en el artículo 14 de la ley estatal, pero con una enumeración menor que los fijados por el Estado, si bien con la cláusula «y demás límites establecidos en la legislación básica».

Cabe también destacar, que tanto la ley de Cataluña como la de Aragón, establecen los criterios de interpretación restrictiva de los límites del derecho de acceso.

Tabla 4.1.
Límites al ejercicio del derecho de acceso por razón de la materia

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Andalucía

El artículo 25 establece los límites al derecho de acceso a la información pública:

1. El derecho de acceso a la información pública solo podrá ser restringido o denegado en los términos previstos en la legislación básica.

2. Las limitaciones al derecho de acceso solo serán de aplicación durante el período de tiempo determinado por las leyes o en tanto se mantenga la razón que las justifique. Su aplicación será valorada con respecto a la posibilidad de facilitar el acceso parcial.

3. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

4. Las resoluciones que restrinjan o denieguen el derecho de acceso serán objeto de publicidad, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso, se hará constar esta circunstancia al desestimarse la solicitud.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

El artículo 31 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda redactado como sigue:

«Artículo 31. Transparencia:

[…]

5. En todo caso, las deliberaciones del Consejo de Gobierno, así como las opiniones o votos emitidos en él, tendrán carácter secreto, estando obligados sus integrantes a mantener dicho carácter, aun cuando hubieran dejado de pertenecer al Consejo de Gobierno.

6. La información contenida en los expedientes de los asuntos sometidos al Consejo de Gobierno estará sujeta a los criterios y reglas generales de acceso establecidos en la legislación en materia de transparencia, aplicándose estos por las consejerías que los hayan tramitado».

Aragón

Artículo 10. Límites a las obligaciones de transparencia.

Los límites deben ser interpretados de modo restrictivo según este artículo.

Los motivos para limitar el derecho de acceso: «El acceso a la información pública podrá ser limitado por razón de la seguridad o defensa del Estado, la averiguación de los delitos, la intimidad de las personas, la protección de datos de carácter personal, la propiedad intelectual y demás límites establecidos en la legislación básica».

Asturias

En fase de elaboración.

Comunidad Valenciana

El artículo 11 del proyecto de ley se remite a la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para estipular cuál es el régimen sobre los límites de acceso a la información pública.

Canarias

Regulados en el artículo 37 de la ley (son los mismos que la ley básica estatal).

Cantabria

No tiene ley de transparencia aprobada. En el proyecto de ley que está previsto registrar en el primer semestre de 2016, se regularán los límites al derecho de acceso por razón de protección de derechos de terceros y los límites al ejercicio del derecho de acceso por razón de la materia.

Castilla y León

Se remite a la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre.

Castilla-La Mancha

En fase de elaboración.

Cataluña

Se establece el principio de interpretación restrictiva de los límites al derecho de acceso (artículo 20), principio de motivación por denegación de acceso (no discrecionalidad de la Administración Pública en su ejercicio).

Límites

La seguridad pública.

La investigación o la sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias.

El secreto o la confidencialidad en los procedimientos tramitados por la Administración Pública, si el secreto o la confidencialidad están establecidos por una norma con rango de ley.

El principio de igualdad de las partes en los procesos judiciales o la tutela judicial efectiva.

Los derechos de los menores de edad.

La intimidad y los demás derechos privados legítimos.

El secreto profesional y los derechos de propiedad intelectual e industrial.

El derecho de acceso a la información pública también puede ser denegado o restringido si la información tiene la condición de protegida y así lo establece expresamente una norma con rango de ley.

Extremadura

a) Para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.

b) Para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

c) Para el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

d) Para la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.

e) Para la demás información protegida por normas con rango de ley, de conformidad con la legislación básica del Estado.

f) Para la confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial, cuando dicha confidencialidad esté prevista en una norma con rango de ley o en la normativa comunitaria, a fin de proteger intereses económicos legítimos, incluidos el interés público de mantener la confidencialidad estadística y el secreto fiscal.

Galicia

Se remite a los supuestos previstos en la normativa básica (capítulo IV, artículo 23).

Artículo 23. Limitaciones del derecho de acceso a la información pública.

1. El derecho de acceso a la información pública solo podrá ser limitado o denegado en los supuestos previstos en la normativa básica.

En aquellos casos en que la aplicación de alguna limitación no afecte la totalidad de la información y siempre que sea posible, se concederá el acceso parcial, omitiendo la información afectada por la limitación, excepto que la información resultante sea equívoca o carente de sentido.

2. Las limitaciones deberán ser proporcionadas atendiendo a su objeto y a su finalidad de protección. En todo caso, se deberán interpretar de manera restrictiva y justificada, y se aplicarán a menos que un interés público o el privado superior justifiquen la divulgación de la información.

3. Las limitaciones al derecho de acceso solo atardecer de aplicación durante el período de tiempo determinado por las leyes o mientras se mantenga la razón que las justifique.

Illes Balears

Artículo 4. La Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y los entes del sector público instrumental tienen que garantizar a la ciudadanía el derecho a la información administrativa, como primer peldaño del concepto de acceso, y, en general, el derecho a tener información y a conocer las actuaciones y las iniciativas de actuación pública que emprende en virtud del ejercicio de sus competencias y los servicios públicos que ofrece.

En el reglamento que se está elaborando se recogen los mismos límites de la Ley 19/2013.

La Rioja

Sin más limitaciones que las contempladas en la legislación básica (capítulo II, artículo 11.2).

Madrid

No tiene ley de transparencia aprobada.

Murcia

Artículo 25.

1. Será de aplicación al derecho de acceso el régimen de los límites a tal derecho establecido en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Navarra

Si supone un perjuicio para la seguridad pública; la prevención, investigación o sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias; la integridad de las causas o asuntos sujetos a procedimiento judicial o en trámite ante los tribunales, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva (título III, capítulo I, artículo 23).

País Vasco

Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en la legislación vigente y, especialmente, por aplicación de las causas de denegación o excepciones al derecho de acceso previstas en esta ley, incluida la protección de los datos de carácter personal (se regulan en el artículo 39).

Límites al derecho de acceso por razón de protección de derechos de terceros

Son los límites recogidos en el artículo 15 de la Ley 19/2013, distinguiendo entre los datos de carácter personal reconocidos en el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y los del apartado 3 de ese mismo artículo.

Es decir, en primer lugar se contemplan los datos relativos a la ideología, religión o creencias, en cuyo caso para el acceso se precisa el consentimiento expreso y escrito del afectado, a menos que este los hubiese hecho manifiestamente públicos previamente.

En segundo lugar, se trataría de los datos de origen racial, salud o vida sexual o relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conlleven la amonestación pública al infractor, respecto de los cuales solo puede autorizarse el acceso con consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley.

En el caso de las normas autonómicas que regulan el derecho de acceso, en todas se establece como límite la protección de datos de carácter personal. En la mayoría de estas normas se manifiesta de forma expresa la limitación a la información por razón de protección de datos y se produce una remisión automática a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Así ocurre en los casos de Andalucía, Aragón, Canarias, Extremadura, Illes Balears, La Rioja y Murcia.

Otras normas autonómicas se remiten a la norma básica estatal que regula el derecho de acceso: Comunidad Valenciana, Castilla y León, proyecto de ley de Galicia y proyecto de ley del País Vasco. En otros casos, como el de Cataluña, se alude de manera más genérica a los límites establecidos en las leyes, dentro de los cuales se encuentra la protección de datos personales y aquellos datos que están especialmente protegidos.

La norma navarra, una de las anteriores a la Ley 19/2013, también se remite a la normativa en materia de protección de datos, pero incluye en su artículo 24, apartado 4, una interpretación restrictiva: «prevalecerá la protección de los datos personales sobre el derecho de acceso a la información pública en los casos en que el órgano competente para resolver considere que hay un conflicto de derechos en el que debe preservarse el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen».

Tabla 4.2.
Límites al derecho de acceso por razón de protección de derechos de terceros

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Andalucía

Artículo 9, punto 3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en la normativa básica y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal. A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad solo se llevará a cabo previa disociación de los mismos.

Artículo 26. Protección de datos personales.

De conformidad con lo previsto en la legislación básica de acceso a la información pública, para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública que contengan datos personales de la propia persona solicitante o de terceras personas, se estará a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre..

Aragón

Según el artículo 10, la protección de datos personales constituye un límite para el ejercicio del derecho de acceso.

Asturias

En fase de elaboración.

Comunidad

Valenciana

Artículo 13. Protección de datos personales. El régimen aplicable en el caso de que la información solicitada contuviera datos de carácter personal será el previsto en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Canarias

Artículo 38. Protección de datos personales.

1. Las solicitudes de acceso a información que contenga datos personales especialmente protegidos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la legislación básica reguladora del derecho de acceso a la información pública.

2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano.

Cantabria

No tiene aprobada una norma de transparencia. Recogerá este límite en su Proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana.

Castilla-La

Mancha

En fase de elaboración.

Castilla y León

Se remite a la Ley Estatal 19/2013, de 9 de diciembre.

Cataluña

Artículo 23 y siguientes.

El derecho de acceso a la información pública se garantiza a todas las personas, de acuerdo con lo establecido por la presente ley. Únicamente puede ser denegado o restringido por las causas expresamente establecidas por las leyes, dentro de las cuales se encuentran los límites relativos a la protección de datos personales y a aquellos datos que están especialmente protegidos.

Extremadura

Artículo 17. Protección de datos personales.

1. Para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública que contenga datos personales del propio solicitante, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2. Se denegarán las solicitudes de acceso a información pública que contenga datos íntimos o que afecte a la vida privada de terceros, salvo que exista consentimiento expreso y por escrito del afectado que se acompañe a la solicitud, o una ley lo autorice. A estos efectos, se considerarán, en todo caso, íntimos los datos referidos a la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud y sexualidad.

Galicia

Artículo 3 de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración Pública gallega.

Sin perjuicio de los derechos reconocidos en la Constitución española, en la legislación europea, en el Estatuto de Autonomía de Galicia y en la legislación básica del Estado, las personas, en sus relaciones con las Administraciones Públicas gallegas comprendidas en el ámbito de la presente ley, tienen los derechos que en la misma se establecen.

Artículo 23.1. Proyecto de ley. El derecho de acceso a la información pública solo podrá ser limitado o denegado en los supuestos previstos en la normativa básica.

Illes Balears (borrador de decreto, sujeto a cambios)

Artículo 4, apartado 5. El ejercicio del derecho a la información que garantiza este artículo se encuentra sometido a los requisitos y a las condiciones que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, y los datos personales que la ciudadanía proporcione a la Administración en el ejercicio de este derecho se tienen que utilizar con los fines y los límites que establece esta normativa.

En el reglamento a aprobar está prevista la disociación de los datos cuando sea posible y se recogen las mismas reglas de la Ley 19/2013.

La Rioja

5. Límites subjetivos al derecho de acceso.

Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 2 y 3 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.

Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.

Madrid

No tiene una ley de transparencia aprobada.

Murcia

Artículo 25. Límites al derecho de acceso a la información pública.

1. Será de aplicación al derecho de acceso el régimen de los límites a tal derecho establecido en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

2. Si la información solicitada contuviera datos de carácter personal se estará a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Navarra

Aquellos casos donde se vulnere la protección de datos personales: ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud y sexualidad (capítulo I, título III, artículo 24). Salvo que se tenga consentimiento expreso y escrito de los terceros involucrados (capítulo II, título III, artículo 29).

Interpretación restrictiva del derecho: imperará la preservación del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

País Vasco

(proyecto de ley)

Se estará a lo dispuesto en la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.

CAPÍTULO 5
PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO

Consideraciones generales

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, regula de manera detallada el procedimiento para el ejercicio de derecho de acceso, a diferencia del antiguo artículo 37 de la Ley 30/1992. En esta parte se ha tratado de contrastar la posición de la normativa autonómica ante este tipo de procedimiento, que tiene carácter de común para todas las Administraciones Públicas y se aplica, a su vez, al conjunto de sujetos de diferente naturaleza jurídica enumerados en el artículo 2.1.

Dentro del procedimiento del ejercicio del derecho de acceso se atiende a sus distintas fases: la presentación de la solicitud, inadmisión a trámite y tramitación, resolución y, en su caso, recurso ante la denegación del acceso.

En cuanto a la presentación de la solicitud se analizan los siguientes aspectos: identificación del solicitante y formas de identificación admitidas, forma de acceso preferente, la dirección de la solicitud, el grado de definición del objeto, el deber o no de motivación, la posibilidad y el medio de subsanación.

En cuanto a la tramitación se analiza la posibilidad de inadmisión a trámite y las causas de inadmisión y la posibilidad o no de inadmisiones parciales a trámite. También se analiza la posibilidad de oposición de un tercero al procedimiento y sus efectos en la inadmisión.

En cuanto a la resolución se describe el órgano competente para resolver, el plazo para resolver, el sentido del silencio administrativo, el deber de motivar la resolución, la notificación al solicitante y a posibles terceros interesados y la posibilidad de infracción por la no resolución en plazo.

Por último se estudia la fase de recurso, incluyendo la posibilidad de recurrir o no en vía administrativa, el órgano encargado de resolver el recurso y su posición en relación con el que dictó la resolución recurrida y la capacidad sancionadora del órgano que conoce el recurso.

Fase de presentación de la solicitud de acceso a la información pública

La identificación del solicitante

El artículo 12 de la Ley 19/2013 reconoce el derecho de acceso a todas las personas, pero exige la identificación del solicitante (artículo 17), de modo que no caben las solicitudes anónimas, posibilidad que admite el Convenio n.º 205 del Consejo de Europa y diversas normas de Derecho Comparado. La argumentación en favor del anonimato se basa en el temor fundado o no a posibles represalias.

No obstante, una vez que el legislador se ha decantado por la exigencia de identificación, la forma de llevarse a cabo y acreditarse esta puede ser más o menos exhaustiva. Una forma demasiado exigente de acreditación puede suponer una barrera de entrada al ejercicio del derecho de acceso (Guichot, 2014: 65).

a) El deber de identificación del solicitante

Todas las normas autonómicas incluyen el deber de identificación del solicitante. En algunos casos se realiza una remisión expresa a la normativa estatal en la materia: Andalucía, Castilla y León, La Rioja y Murcia. En otros casos se reproduce el contenido de la norma estatal: Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña. En el caso de Extremadura, la regulación coincide con la norma estatal. El proyecto de ley de Galicia no hace remisión expresa en este punto sino genérica al reconocer el derecho «en los términos previstos en la normativa básica».

Otras normas exigen la identificación del solicitante coincidiendo con la norma estatal o viceversa. Tal es el caso de la norma de la Comunidad Foral de Navarra, anterior a la estatal. También es el caso del proyecto de ley del País Vasco.

En algunos casos no se observa un procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso como tal. Se trata de las normas anteriores a la ley estatal de Galicia e Illes Balears. En estos supuestos se aplica la Ley 19/2013 de manera directa.

b) Formas de identificación admitidas y medios preferentes

En cuanto a las formas de identificación admitidas, las normas autonómicas mantienen una línea similar a la del deber de identificación. Es decir, remitiéndose o reproduciendo el contenido de la norma estatal. Aquellas como las Illes Balears, que no contaban con un procedimiento de ejercicio del derecho de acceso, entendemos que también se les aplicaría en este apartado lo dispuesto por la Ley 19/2013.

En referencia a los posibles medios preferentes para la identificación, suelen ir unidos a los medios preferentes para el ejercicio del derecho de acceso. Pueden distinguirse tres categorías de Comunidades Autónomas a este respecto: aquellas que adoptan la preferencia por la vía electrónica; aquellas que pretenden promover la vía electrónica y aquellas que mantienen varias formas alternativas.

Dentro de las primeras, es decir las normas con preferencia por la fórmula electrónica, destacan la Comunidad Valenciana y La Rioja, que emplean la expresión «preferentemente electrónica» o bien indican la tramitación electrónica por defecto, es decir «salvo cuando el ciudadano haya manifestado su preferencia por otro medio».

Dentro de la preferencia de la fórmula electrónica, algunas Comunidades Autónomas imponen dicha fórmula a determinados colectivos con accesibilidad electrónica, como es la norma de La Rioja.

Otras Comunidades Autónomas no establecen la forma electrónica como preferente, pero indican que promoverán el fomento de la tramitación electrónica y la presentación de solicitudes por vía telemática. Tal es el caso de Andalucía, Aragón y Galicia. En la norma andaluza sí que se establece como preferente el medio telemático para la Administración Autonómica.

Finalmente, existe un conjunto de Comunidades Autónomas que establecen un sistema indistinto para la identificación y el ejercicio del derecho de acceso, ya sea a través de la expresión genérica de aceptación de cualquier medio de constancia elegido por los ciudadanos, como son los casos de Cataluña y Extremadura; o con la mención de las posibilidades presencial y telemática (Navarra y proyecto de ley del País Vasco), e incluso telefónica (Canarias). Es destacable que en esta última Comunidad se alude al apoyo que se brindará en materia de derecho de acceso a los colectivos con necesidades especiales.

En el proyecto de ley del País Vasco, «la solicitud podrá ser realizada por cualquier medio, oral o escrito. En todo caso, las entidades de la Administración General o Institucional deberán ofrecer, en sus sedes electrónicas o páginas web, el acceso a un procedimiento electrónico común para la presentación de solicitudes relativas a ellas mismas o las entidades de derecho privado a ellas vinculadas».

Tabla 5.1.
Ejercicio del derecho de acceso. Identificación del solicitante y forma de acceso preferente

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Deber de identificación

Formas de identificación admitidas

Forma de acceso preferente

Andalucía

Se remite a la legislación básica.

Se remite a la legislación básica.

Artículo 29.

1. Las personas o entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley promoverán la presentación de las solicitudes por vía telemática

3. En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, la presentación electrónica de las solicitudes de acceso a la información pública se hará en el Portal de la Junta de Andalucía.

Aragón

Reproduce la legislación básica.

Reproduce la legislación básica.

Se promoverá el fomento de la tramitación electrónica y la presentación de las solicitudes por vía telemática.

Se admite la solicitud presencial.

Asturias

(proyecto de ley en fase de elaboración y definición de contenidos)

Comunidad

Valenciana

Reproduce la legislación básica (artículo 15).

No lo indica expresamente. Tan solo no exige el requisito de la acreditación a través de certificado electrónico (artículo 15).

Preferentemente por vía electrónica (artículo 15).

Canarias

Reproduce la legislación básica (artículo 41).

Cualquier medio que permita la constancia (artículo 41).

Admite la solicitud presencial y telefónica. Menciona la ayuda a los colectivos con necesidades especiales (artículo 41).

Cantabria

Se remite a la legislación básica; está elaborando los formularios tipo para precisar la información. En tanto en cuanto no acabe de regularse el procedimiento, se somete a la legislación estatal.

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Se remite a la legislación básica (artículo 5).

Se remite a la legislación básica (artículo 5).

Se remite a la legislación básica (artículo 5).

Cataluña

Reproduce la legislación básica (artículo 26).

Por cualquier medio que permita la constancia (artículo 27).

Por cualquier medio que permita la constancia (artículo 27).

Extremadura

Reproduce la legislación básica (artículo 19).

Por cualquier medio que permita la constancia (artículo 19).

Los ciudadanos tienen derecho a elegir los medios para relacionarse con las Administraciones y sus organismos o entes dependientes (artículo 19).

Galicia

(proyecto de ley)

Artículo 22.1. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en la normativa básica en materia de transparencia.

Artículo 25. Tramitación y resolución de las solicitudes de acceso.

1. La tramitación de las solicitudes de acceso se efectuará conforme a lo previsto en la normativa básica en materia de transparencia.

Artículo 24.3. Para fomentar la presentación de las solicitudes por vía electrónica, la Administración ofrecerá a la ciudadanía, a través del Portal de Transparencia y Gobierno Abierto de Galicia, modelos normalizados de solicitud y la posibilidad de envío a la Administración Pública requerida.

Illes Balears

(borrador de decreto, sujeto a cambios)

Incluye la identificación del solicitante, como en la legislación básica.

Forma presencial y electrónica.

Se promoverá el fomento de la tramitación electrónica y la presentación de las solicitudes por vía telemática, aunque se admite la solicitud presencial.

La Rioja

Se remite a la legislación básica (artículo 14).

Se remite a la legislación básica (artículo 14).

A través de medios electrónicos (artículo 14). El derecho de acceso a la información pública se ejercerá, tramitará y resolverá por medios electrónicos, salvo cuando el ciudadano haya manifestado su preferencia por otro medio. Será obligatorio para personas jurídicas o colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

De manera presencial en el órgano competente o en las oficinas de registro señaladas si el ciudadano lo manifiesta (artículo 4).

Madrid

Murcia

Se remite a la legislación básica (artículo 26).

Se remite a la legislación básica (artículo 26).

Se fomentará por las entidades e instituciones incluidas en el artículo 5 la presentación, tramitación y resolución telemática de las solicitudes de acceso, salvo que el solicitante hubiera manifestado su preferencia por otro medio. En todo caso, las entidades e instituciones anteriores deberán, al menos, tener disponibles en sus respectivas sedes electrónicas, portales o páginas web, los modelos normalizados de solicitud para el ejercicio de tal derecho (artículo 26).

Navarra

Incluye la identificación del solicitante (artículo 26).

Por cualquier medio, incluidos los electrónicos.

Por cualquier medio, incluidos los electrónicos.

País Vasco

(proyecto de ley)

Incluye la identificación del solicitante (artículo 42.3).

Cualquier medio, oral o escrito y procedimiento electrónico.

Forma presencial o electrónica.

Obligación de dirigir la solicitud y su derivación entre órganos administrativos

a) La obligación de dirigir la solicitud

El artículo 17 de la Ley 19/2013 establece el deber de dirigir la solicitud al «titular del órgano administrativo o entidad que posea la información». Se trata de una cuestión problemática, ya que el ciudadano no sabe a menudo el órgano concreto que posee la información que solicita. Es más, dado el volumen elevado de información que producen las Administraciones Públicas, no lo sabe en ocasiones ni el propio empleado público. Esta cuestión se suaviza con el deber de remisión por parte del órgano receptor de la solicitud, al órgano que posee la información solicitada. Sin embargo, hay que tener en cuenta la posibilidad de inadmisión a trámite del artículo 18.1. d), por enviar solicitudes dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.

En este aspecto, la normativa autonómica podría suavizar el alcance de esta previsión, bien introduciendo la posibilidad de presentación genérica de una solicitud en un registro general, siendo la Administración la encargada de dirigirla, o bien facilitando al interesado un asesoramiento activo.

Sin embargo, de lo analizado en este estudio, no se puede concluir con carácter general, que las normas autonómicas hayan adoptado una postura más facilitadora hacia los ciudadanos que ejerzan su derecho de acceso.

Casi todas las normas autonómicas incluyen la exigencia de dirigir la solicitud a la Administración en cuyo poder obre la información: Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Cataluña, Extremadura y, por su parte, las normas de Castilla y León, La Rioja y Murcia se remiten directamente al procedimiento regulado en la legislación básica estatal.

Tan solo Andalucía cambia la expresión «deberá» por la de «podrá», es decir, que la dirección de la solicitud al órgano depositario de la información sería potestativa y no obligatoria. La Ley de Transparencia pública de Andalucia (en adelante LTPA) se remite en este aspecto al procedimiento regulado en la legislación básica estatal. La referencia que se cita se limita a la «posibilidad» alternativa de dirigirse directamente al órgano responsable de un archivo: «3. Cuando la persona interesada conozca la ubicación concreta de un documento o información en un archivo determinado, podrá dirigirse al órgano responsable del mismo en los términos previstos en la legislación en materia de archivos».

Además, complementa esta orientación con una previsión de «deber de auxilio y colaboración», estableciendo las Administraciones obligadas un sistema de guías de orientación para facilitar apoyo para localizar la información solicitada. También en el proyecto de ley de Galicia, siguiendo las recomendaciones de las principales organizaciones internacionales en defensa de la de transparencia, se regula el derecho de la persona solicitante de recibir orientación y asesoramiento para el ejercicio del derecho de acceso a través del sistema integrado de atención a la ciudadanía regulado en la Ley de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración.

b) La obligación de derivación de la solicitud entre órganos y entidades

Algunas de las Comunidades Autónomas matizan la exigencia de dirigir la solicitud al órgano depositario con fórmulas de derivación de solicitudes entre órganos. Así sucede en los casos de Aragón, Canarias, Cataluña, Extremadura y proyecto del País Vasco. Además, a las Comunidades Autónomas que se remiten a la legislación básica estatal en esta cuestión, que son Castilla y León, La Rioja y Murcia, se les aplicaría el deber de derivación que establece el artículo 19 de la Ley 19/2013. Pero podría argumentarse que la obligación de derivar la solicitud entre órganos también alcanzaría a las Comunidades Autónomas que guardan silencio al respecto, por el carácter básico del procedimiento regulado en la ley estatal, tal como recoge la disposición final octava de dicha norma.

Tabla 5.2.
Ejercicio del derecho de acceso. Obligación de dirigir la solicitud al órgano depositario de la información

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Obligación de dirigir la solicitud

Redirección por la propia Administración

Observaciones

Andalucía

Artículo 28. Procedimiento de acceso.

1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta ley.

2. Será competente para la resolución del procedimiento el órgano o la entidad que lo sea en la materia a la que se refiera la información solicitada.

3. Cuando la persona interesada conozca la ubicación concreta de un documento o información en un archivo determinado, podrá dirigirse al órgano responsable del mismo en los términos previstos en la legislación en materia de archivos.

Artículo 31. Deber de auxilio y colaboración.

1. Las entidades sujetas a esta ley establecerán en sus respectivas plataformas de información y guías de orientación, para facilitar a las personas que deseen ejercer el derecho de acceso, la orientación necesaria para localizar la información que solicitan y los órganos que la posean.

Artículo 31. Deber de auxilio y colaboración.

3. En el cumplimiento de los deberes establecidos en los apartados anteriores, se atenderá especialmente a las necesidades de las personas con discapacidad o con otras circunstancias personales que les dificulten el acceso a la información disponible en las Administraciones Públicas o a los medios electrónicos.

Aragón

Artículo 27.

1. Las solicitudes de información pública deberán dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad en cuyo poder se encuentre la información.

Artículo 29.

d) Si la solicitud se refiere a información que no obra en poder del órgano al que se ha dirigido y este conoce al competente, deberá remitirle la solicitud e indicar en la comunicación al solicitante la fecha de la remisión e identificación del órgano al que se ha dirigido.

Asturias

(proyecto de ley en fase de elaboración)

Comunidad

Valenciana

Artículo 15.

2. La solicitud deberá dirigirse en el ámbito de la Administración de la Generalitat a la subsecretaría, o a la correspondiente entidad en otro caso (…).

Canarias

Artículo 40.

1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud dirigida al órgano o entidad en cuyo poder obre la información solicitada.

Artículo 44. Remisión de la solicitud al órgano competente.

1. Cuando la solicitud se refiere a información que no obre en poder del órgano a la que se dirige, este la remitirá, en un plazo no superior a cinco días, al competente e informará de esta circunstancia al solicitante.

Artículo 44.

2. Cuando el órgano al que se dirija la solicitud desconozca el que sea competente para resolver sobre el acceso a la documentación solicitada, en la resolución de inadmisión que dicte deberá indicar el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud.

Cantabria

En tanto en cuanto no se regule el procedimiento, se remite a la legislación estatal.

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Se remite al capítulo III del título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en este capítulo.

Cataluña

Artículo 27.

3. Las solicitudes deben dirigirse a la entidad o al órgano administrativo que disponga de la información. Si la solicitud de información se dirige a un órgano que no la tiene a su disposición o se dirige genéricamente a una administración, es aplicable lo establecido por el artículo 30.

Artículo 30. Derivación de las solicitudes.

1. En el supuesto de que la solicitud de acceso a la información se dirija a una entidad u órgano administrativo que no disponga de la información, este debe derivarla a la entidad o al órgano que disponga de ella, si lo conoce, o a la oficina responsable de la información pública que corresponda, en un plazo de quince días naturales, y comunicar al solicitante a qué órgano se ha derivado la solicitud y los datos para contactar con él.

Artículo 30. Derivación de las solicitudes.

2. Si la entidad o el órgano administrativo competente pertenece o depende de una administración distinta a la que se ha dirigido la solicitud, debe informarse de ello al solicitante, por vía electrónica si es posible, e indicarle cuál es la Administración a la que se ha derivado su solicitud para que pueda ejercer el derecho de acceso a la información pública.

Extremadura

Artículo 19.

2. Las solicitudes de información pública deberán dirigirse a la entidad o unidad en cuyo poder se encuentre la información y se resolverán por los superiores jerárquicos de las unidades en cuyo poder se encuentre la misma, siempre que tengan atribuidas competencias resolutorias.

Artículo 22. Intervención de terceros y otros órganos y entidades.

2. Cuando la solicitud de acceso a la información pública se dirija a una entidad, órgano o unidad administrativa en los que no obre dicha información, se remitirá la solicitud al órgano o entidad que la posea, que vendrán obligados a tramitarla, y se dará cuenta de esa remisión al solicitante.

Artículo 22. Intervención de terceros y otros órganos y entidades.

3. Cuando no sea posible remitir la solicitud al responsable de la información, por pertenecer a una Administración, entidad u organismo no incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, aquel organismo, Administración o entidad a la que se dirigió la solicitud deberá informar directamente al solicitante sobre la Administración a la que, según su conocimiento, ha de dirigirse para solicitar dicha información.

Galicia

(proyecto de ley)

Artículo 24. Solicitud de acceso a la información.

1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse a la persona titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. Cando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la Administración, organismo o entidad de los previstos en el artículo 3.1 a los cuales estén vinculados.

Artículo 24. Solicitud de acceso a la información.

2. La persona solicitante tiene derecho a recibir orientación y asesoramiento para el ejercicio de este derecho a través del sistema integrado de atención a la ciudadanía regulado en la Ley de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración.

Artículo 25.1. La tramitación de las solicitudes de acceso se efectuará conforme a lo previsto en la normativa básica en materia de transparencia.

Illes Balears

(borrador de decreto, sujeto a cambios)

Se prevé que la solicitud se dirija al órgano que posee la información.

En caso de que ese órgano no sea competente o no tenga la información se prevé la redirección por la propia Administración al órgano que posea la información, si fuera posible su identificación, cuando se trate de órganos dentro de la misma Administración.

Si no se pudiera identificar al órgano, o si se entiende que es competente otra Administración se inadmitirá la solicitud y se deberá informar directamente al solicitante sobre la Administración a la que, según su conocimiento, ha de dirigirse para solicitar dicha información.

La Rioja

Artículo 13. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

1. El derecho de acceso a la información pública se ejercerá conforme al procedimiento establecido en la legislación básica del Estado.

Madrid

Murcia

Artículo 26. Procedimiento de acceso.

1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica estatal y por lo dispuesto en los siguientes apartados.

Navarra

Artículo 26. Solicitud de información pública.

1. Las solicitudes de información pública deberán dirigirse a la unidad orgánica o entidad en cuyo poder se encuentre la información y se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en este artículo.

Artículo 28. b) (…) En tal caso, si se conoce la entidad sujeta al ámbito de aplicación de esta ley foral que posea la información, se le remitirá la solicitud, y esta vendrá obligada a tramitarla, dándose cuenta de esa remisión al solicitante. Cuando no sea posible remitir la solicitud al responsable de la información, por pertenecer a la Administración Local o a la Estatal o a otra distinta de la Administración de la Comunidad Foral, aquel al que se dirigió la solicitud deberá informar directamente al solicitante sobre la Administración a la que, según su conocimiento, ha de dirigirse para solicitar dicha información, indicando la dirección a la que puede hacerse llegar la solicitud, a efectos informativos.

País Vasco

(proyecto de ley)

Artículo 42.2. Solicitud de acceso a la información pública.

La solicitud, que podrá ser realizada por cualquier medio, deberá dirigirse a la Administración y será resuelta por el órgano en cuyo poder se encuentre la información.

Artículo 42.2. Colaboración interinstitucional.

Cuando se trate de información en posesión de entidades integrantes del sector público que rigen su actividad por el derecho privado o de personas físicas o jurídicas que prestan servicios públicos, si la solicitud se presenta directamente ante la entidad privada, esta remitirá la solicitud para su registro y resolución a la entidad de la Administración General o Institucional a la que se encuentre vinculada, junto con la información solicitada, si estuviera en su poder.

Objeto de la solicitud

a) Consideraciones generales

La Ley 19/2013 se basa en el concepto de información y no en el de documento, de modo que el solicitante ha de indicar a qué información desea acceder a los efectos de mera localización de esta, pero no está obligado a formular una petición individualizada de los documentos que desea consultar, como ocurría en la antigua redacción del artículo 37 de la Ley 30/1992. Esta posición es más garantista, en el sentido de que los ciudadanos no suelen tener un conocimiento de los documentos concretos que expresan una información, sino que su voluntad suele ir dirigida a los contenidos.

Además, esta línea de antiformalismo se refuerza con la posibilidad de subsanar las solicitudes que no identifiquen de forma suficiente la información (artículo 19.2 de la Ley 19/2013).

b) El detalle de la información que se solicita

En la ley estatal, dentro del contenido de la solicitud (artículo 17.2. b) se refiere de manera genérica a «la información que se solicita», sin más indicaciones. En la normativa autonómica se observan dos posturas: las normas autonómicas que se refieren a la información solicitada, sin más precisiones, y aquellas que exigen cierto detalle en la información.

Se encuentran dentro de la primera postura las normas de Aragón, Comunidad Valenciana y Canarias. A estas habría que sumar las de Castilla y León, Andalucía y La Rioja, por su remisión al procedimiento de acceso estatal.

Dentro de la segunda postura se encuentran Cataluña, Extremadura, Navarra el proyecto de ley de Galicia y el proyecto de ley del País Vasco. En todos estos supuestos se alude a la indicación precisa de la información que se solicita y, en todos ellos, también, se añade que no es requisito indispensable identificar un documento o expediente concretos.

c) La subsanación de solicitudes imprecisas

Todas las normas autonómicas que exigen cierta precisión en la información, recogen la obligación de requerir al interesado una subsanación de la solicitud si esta se halla formulada de forma imprecisa. Se trata de un planteamiento lógico y de garantía frente a un criterio de denegación que contiene un elemento de apreciación subjetiva por parte de la Administración.

d) La imprecisión como causa de inadmisión a trámite

Tan solo la ley foral de Navarra incluye como causa de inadmisión a trámite que las solicitudes «estén formuladas de manera excesivamente general, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo anterior (referido a la subsanación)».

Tabla 5.3.
Exigencia de precisión en la información solicitada

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Grado de detalle de la información solicitada

Causa de inadmisión a trámite

Posibilidad de subsanación

Andalucía

Artículo 28. Procedimiento de acceso.

1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta ley.

Artículo 28. Procedimiento de acceso.

3. Cuando la persona interesada conozca la ubicación concreta de un documento o información en un archivo determinado, podrá dirigirse al órgano responsable del mismo en los términos previstos en la legislación en materia de archivos.

Se remite a las causas de la legislación básica.

Artículo 31. Deber de auxilio y colaboración.

1. Las entidades sujetas a esta ley establecerán en sus respectivas plataformas de información y guías de orientación, para facilitar a las personas que deseen ejercer el derecho de acceso, la orientación necesaria para localizar la información que solicitan y los órganos que la posean.

2. El personal al servicio de estas entidades está obligado a ayudar e informar a las personas que lo requieran sobre la forma y el lugar en que pueden presentar sus solicitudes de acceso a la información.

3. En el cumplimiento de los deberes establecidos en los apartados anteriores, se atenderá especialmente a las necesidades de las personas con discapacidad o con otras circunstancias personales que les dificulten el acceso a la información disponible en las Administraciones Públicas o a los medios electrónicos.

Aragón

Artículo 27. Solicitud de información pública.

b) La información que se solicita, sin que sea requisito identificar un documento o expediente concreto.

Reproduce las causas de la legislación básica.

Artículo 29.

e) Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.

Asturias

(proyecto de ley en fase de elaboración y difusión de contenidos)

Comunidad

Valenciana

Artículo 15.

Dentro del contenido de la solicitud:

«información que se solicita».

Artículo 16.

Se remite a la ley estatal.

Artículo 15.

4. Si la solicitud estuviera formulada de manera imprecisa o confusa, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días hábiles, la concrete indicándole que en caso de no hacerlo se le tendrá por desistido, así como de la suspensión, entre tanto, del plazo para resolver.

Canarias

Artículo 41.

Dentro del contenido de la solicitud:

1. b) La información que se solicita.

Artículo 43.

Reproduce el contenido de la norma estatal.

Artículo 42.

1. Cuando una solicitud esté formulada de manera que no se identifique de forma suficiente la información a que se refiere, se pedirá al solicitante que la concrete, dándole para ello un plazo de diez días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.

Cantabria

En tanto en cuanto no se regule el procedimiento, se remite a la legislación estatal.

Castilla-La

Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Se remite a la normativa básica estatal.

Cataluña

Artículo 26. Requisitos de las solicitudes de información pública.

1. b) La información precisa a la que se desea tener acceso, sin necesidad de indicar un documento o expediente concretos.

Artículo 29.

Reproduce las causas de la norma estatal.

Artículo 28.

1. Si una solicitud de acceso a la información pública se ha formulado en términos imprecisos o demasiado genéricos, la Administración debe comunicarlo al solicitante y pedirle que concrete la información a la que desea tener acceso. Este trámite suspende el plazo para resolver.

Extremadura

Artículo 19. Contenido de la solicitud.

La indicación precisa de la información que se solicita, sin que sea requisito indispensable identificar un documento o expediente concretos.

Artículo 21.

Reproduce la norma estatal.

Artículo 20. Solicitudes imprecisas.

1. Si la solicitud de información pública estuviera formulada de manera imprecisa, se advertirá al solicitante de tal circunstancia, concediéndole un plazo máximo de diez días hábiles para su subsanación y ofreciéndole asistencia para la concreción de su solicitud.

Galicia

(proyecto de ley)

Se remite a la normativa básica estatal.

Artículo 25. Tramitación y resolución de las solicitudes de acceso.

1. La tramitación de las solicitudes de acceso se efectuará conforme a lo previsto en la normativa básica en materia de transparencia.

Se remite a la normativa básica estatal.

Illes Balears

(borrador de decreto, sujeto a cambios)

La indicación de la información que se solicita, sin que sea requisito indispensable identificar un documento o expediente concreto.

Reproduce básicamente la norma estatal.

Si la solicitud de información pública estuviera formulada de manera imprecisa, se pedirá al solicitante que la concrete, dándole para ello un plazo de diez días hábiles, con suspensión del plazo máximo para resolver, y pudiendo tenerlo por desistido en caso contrario. A tal efecto, se le prestará asistencia para concretar su petición de información lo antes posible.

La Rioja

Se remite a la normativa básica estatal.

Madrid

Murcia

Artículo 23.

Se remite a la legislación básica estatal.

Artículo 26.4.

Se remite a la legislación básica.

Navarra

Artículo 26.3.

b) La indicación precisa de la información que se solicita, sin que sea requisito indispensable identificar un documento o expediente concreto.

Artículo 28.

d) Estén formuladas de manera excesivamente general, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 27. Solicitudes imprecisas.

1. Si la solicitud de información pública estuviera formulada de manera imprecisa, se pedirá al solicitante que la concrete, dándole para ello un plazo de diez días hábiles, con suspensión del plazo máximo para resolver, y pudiendo tenerlo por desistido en caso contrario. A tal efecto, se le prestará asistencia para concretar su petición de información lo antes posible.

País Vasco

(proyecto de ley)

Artículo 42.2.

Descripción precisa de la información solicitada.

Artículo 43.

El carácter excesivamente general no aparece como causa de inadmisión.

La motivación de la solicitud

Según la Ley 19/2013 la solicitud no requiere motivación y la falta de motivación no es por sí sola causa de denegación (artículo 17.3). Sin embargo, de la norma puede deducirse que la falta de motivación sí podría ser un factor que sumado a otros influyese en una posible denegación. Por otra parte, la existencia de determinados supuestos favorables, como «el interés privado superior» del artículo 14.2 y «la justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos» (artículo 15.4 b) podría dar lugar a soluciones dispares ante una misma información en función de las características del solicitante y de los intereses que le mueven (Guichot, 2014: 66).

En este sentido, todas las normas autonómicas incluyen la no obligación de motivar las solicitudes de derecho de acceso. Algunas, siguiendo a la Ley 19/2013 aluden a la motivación con carácter potestativo: Aragón, Canarias y Cataluña.

Por otra parte, ninguna Comunidad Autónoma, a diferencia de la estatal establece un supuesto cualificado de acceso por los fines históricos, científicos o estadísticos de su ejercicio. Sin embargo, diversas Comunidades Autónomas sí aluden a un interés superior que ha de ponderarse en el acceso a una información que pudiera verse afectada por los límites. En estos casos, la motivación parece el único medio posible para que la Administración pueda conocer de la existencia de este interés superior. Este interés puede aparecer definido como de carácter público (Extremadura, Navarra y proyecto de ley del País Vasco) o de carácter público o privado (Andalucía y Canarias).

Tabla 5.4.
La motivación de la solicitud. Los supuestos de presencia de un interés de carácter superior

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Obligación de motivar las solicitudes

Presencia de un interés de carácter superior

Andalucía

Artículo 28. Procedimiento de acceso.

1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta ley.

Artículo 25. Límites al derecho de acceso a la información pública.

3. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

Aragón

Artículo 25. Derecho de acceso a la información pública.

3. Para el ejercicio de este derecho no será necesario motivar la solicitud ni invocar esta ley. No obstante, el solicitante podrá exponer los motivos por los que solicita la información, que podrán ser tenidos en cuenta al dictar la resolución.

Asturias

(proyecto de ley en fase de elaboración y definición de contenidos)

Comunidad Valenciana

Artículo 11. Derecho de acceso a la información pública.

Para el ejercicio de este derecho no será necesario motivar la solicitud ni invocar la ley.

Canarias

Artículo 41. Solicitud.

4. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por sí sola causa de rechazo de la solicitud.

Artículo 37. Límites al derecho de acceso.

2. La aplicación de los límites a que se refiere el apartado anterior será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

Cantabria

En tanto en cuanto no se regule el procedimiento, se remite a la legislación estatal.

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Artículo 19. Derecho de acceso a la información pública.

Castilla y León

Artículo 5. Se remite a la legislación estatal básica.

Cataluña

Artículo 26. Requisitos de las solicitudes de información pública.

2. El solicitante puede exponer, con carácter potestativo, los motivos que justifican el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La ausencia de motivación en ningún caso puede ser causa de denegación de la solicitud.

Extremadura

Artículo 15. Derecho de acceso a la información pública.

Para el ejercicio de este derecho no será necesario motivar la solicitud ni invocar esta ley.

Artículo 16. Límites al derecho de acceso a la información pública.

2. Las limitaciones deberán ser proporcionadas al objeto y finalidad de protección. En todo caso, deberán interpretarse de manera restrictiva y justificada, y se harán efectivas salvo que un interés público superior justifique la divulgación de la información.

Galicia

(proyecto de ley)

Artículo 24.4. La persona solicitante no está obligada a motivar su solicitud de acceso a la información, no obstante, podrá exponer los motivos por los cuales solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución.

Illes Balears

(borrador de decreto, sujeto a cambios)

El solicitante no está obligado a motivar su solicitud, si bien podrá exponer los motivos que justifican su solicitud y que se podrán tener en cuenta en la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no podrá ser causa de inadmisión de la solicitud.

La aplicación de los límites tendrá que ser justificada y proporcionada a la finalidad de protección que se persigue, ponderando el perjuicio causado al interés público con la denegación del acceso y el derecho a la protección de datos y el resto de intereses legítimos protegidos por la limitación.

La Rioja

Artículo 13. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

2. La solicitud de acceso a la información pública no requerirá de motivación alguna. Tampoco será necesario invocar este derecho ni la aplicación de la presente ley.

Madrid

Murcia

Artículo 23. Derecho de acceso a la información pública.

(…) no tendrá que ser motivada.

Navarra

Artículo 22. El derecho de acceso a la información pública

2. Para el ejercicio de este derecho no será necesario motivar la solicitud ni invocar esta ley foral.

Artículo 26. Solicitud de información pública.

4. El solicitante podrá exponer, si así lo desea, las razones que justifican la petición de información. Sin embargo, no podrá exigirse dicha motivación en caso alguno.

Artículo 23. Limitaciones del derecho de acceso a la información pública.

2. En todo caso, deberán interpretarse de manera restrictiva y justificada, y se aplicarán a menos que un interés público superior justifique la divulgación de la información. Las limitaciones mencionadas buscarán su ponderación con el derecho a la libertad de información veraz de los medios de comunicación, protegiendo la identidad de los afectados y, en especial, de los menores de edad.

País Vasco

(proyecto de ley)

Artículo 42.4. Titulares del derecho de acceso.

Para el ejercicio de este derecho no será necesario motivar la solicitud.

Artículo 41. Excepciones al derecho de acceso.

2. (…) Adicionalmente, se ponderará si hay un interés público en el acceso superior al interés o bien que justifica la limitación (test de ponderación de intereses).

La inadmisión a trámite

El artículo 18 de la Ley 19/2013 establece unos supuestos de inadmisión a trámite de determinadas solicitudes, mediante resolución motivada:

a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.

c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.

d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.

e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley.

Las causas de inadmisión no fueron cuestión pacífica durante la fase de elaboración de la ley, ya que algunas de estas pueden tener un alcance amplio y ser susceptibles de apreciación subjetiva. Concretamente, las tres primeras pueden dar lugar a una importante limitación del derecho reconocido de acceso, ya que muchas solicitudes de acceso pueden recaer no sobre documentos concretos, sino contenidos que requieren algún tipo de tratamiento. Una interpretación extensiva del concepto de reelaboración puede suponer una restricción importante al derecho de acceso (Barrero, 2014: 225).

La cuestión de las inadmisiones a trámite resulta de gran importancia y la perfecta tasación de sus supuestos. Una interpretación excesivamente amplia de las causas de inadmisión a trámite puede laminar de raíz todo el sistema de garantías de derecho de acceso a la información pública (Ballesteros Moffa, 2014: 75).

En cuanto a la normativa autonómica, un importante número de Comunidades Autónomas introducen limitaciones a las causas de inadmisión. El resto de Comunidades Autónomas se remiten en bloque a la norma estatal sin introducir elementos de modulación: Castilla y León y La Rioja. Nuevamente, en las normas vigentes de Galicia e Illes Balears no se puede deducir la regulación de un derecho de acceso en los términos recogidos en la Ley 19/2013, si bien en las Illes Balears, la regulación reglamentaria que está desarrollando el derecho de acceso prevé cierta modulación de las causas previstas en dicha ley básica, para precisar y aclarar los conceptos.

Solo en los casos de Navarra y Extremadura se introduce alguna causa de inadmisión adicional.

a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general

Se refiere a aquella información que no es accesible en el momento de la solicitud, pero sí puede serlo en un momento posterior. La Ley 27/2006 la configura en su artículo 13. d) como causa de denegación y exige que en la resolución denegatoria se mencione la autoridad que está preparando el material e informar al solicitante acerca del tiempo previsto para terminar su elaboración.

Varias Comunidades Autónomas incorporan esta garantía para este supuesto de inadmisión a trámite: Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y proyecto de ley del País Vasco. En el caso de Cataluña, la causa de inadmisión solo opera si la información va a hacerse pública en el plazo de tres meses.

La Ley de Transparencia pública de Andalucia (LTPA) establece unas reglas especiales relativas a las causas de inadmisión establecidas en los artículos 18 de la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno (LTBG). En concreto. En su artículo 30. a) En el supuesto de que se inadmita la solicitud porque la información esté en curso de elaboración o publicación general, la denegación de información deberá especificar el órgano que elabora dicha información y el tiempo previsto para su conclusión y puesta a disposición.

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas

Se trata de un importante bloque de información en poder de las Administraciones Públicas que no queda sujeta a transparencia. Esta causa de inadmisión fue objeto de diversas propuestas de enmienda en el Congreso y en el Senado que finalmente no prosperaron.

Algunas Comunidades Autónomas han excluido del carácter auxiliar o de apoyo a los informes preceptivos, en la línea de algunas de las propuestas de enmienda. Son los casos de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y proyecto de ley del País Vasco.

En el caso de Cataluña, se elimina la expresión «informes» del enunciado y se indica que ha de tratarse de documentos «sin relevancia o interés público». En el supuesto de Navarra se indica que se han de tratar de documentos «inconclusos y que no formen parte del expediente administrativo».

c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración

Esta causa de inadmisión responde a la necesidad de prevenir una utilización abusiva del derecho de acceso y dificultar el funcionamiento mismo de las Administraciones Públicas. La dificultad de delimitación se encuentra en la extensión de la actividad de reelaboración. Algunas normas autonómicas han interpretado que un tratamiento informatizado de uso corriente no puede considerarse como actividad de reelaboración. Son los casos de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y proyecto de ley del País Vasco.

La norma catalana va más allá, estableciendo que ante tareas complejas de elaboración, se puede presentar una información desglosada, previa audiencia del solicitante. De algún modo esta interpretación eliminaría la causa de inadmisión como tal.

d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente

En relación con este apartado hay que tener en cuenta lo indicado anteriormente acerca del deber de dirigir la solicitud y las previsiones que diversas Comunidades Autónomas han incluido en relación con el deber de remitir la solicitud al órgano depositario de la información. Referente a esta causa de inadmisión, las normas autonómicas o bien guardan silencio o bien reproducen la norma estatal.

e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley

La concreción de lo que se considera «manifiestamente repetitivas» y de «carácter abusivo» requiere una valoración de las circunstancias concretas de cada uno de los supuestos (Barrero, 2014: 225). Las normas autonómicas de Aragón, Canarias y Extremadura reproducen el contenido de la norma estatal. En el caso de Navarra, norma anterior a la Ley 19/2013, entiende que «las solicitudes se consideran abusivas por su carácter repetitivo».

f) Supuestos autonómicos adicionales de inadmisión a trámite

Tan solo la norma foral de Navarra incluye supuestos de inadmisión a trámite no incluidos en la norma estatal. Así, se incluyen los siguientes supuestos de inadmisión:

1. Se refieran a información excluida del derecho de acceso. En concreto, )quedarán excluidas, entre otras posibles, las consultas jurídicas o las peticiones de informes o dictámenes.

2) Estén formuladas de manera excesivamente general, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo anterior.

En el caso de Extremadura, se incluyen las siguientes causas de inadmisión a trámite:

1) Cuyo objeto sea información exceptuada del derecho de acceso en los términos previstos de esta ley.

2) Que afecten a una pluralidad de personas cuyos datos personales pudieran revelarse con el acceso a la petición, en número tal que no sea posible darles traslado de la solicitud en el tiempo establecido para su resolución.

Tabla 5.5.
Supuestos de inadmisión a trámite

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Información en curso de elaboración o publicación general

Información que tenga carácter auxiliar o de apoyo

Información que requiera acción previa de reelaboración

Solicitudes dirigidas a órgano que no dispone de la información cuando se desconozca al competente

Solicitudes manifiestamente repetitivas o de carácter abusivo no justificado en la finalidad de la ley

Otras

Andalucía (*)

Artículo 30.

a) La denegación de información deberá especificar el órgano que elabora dicha información y el tiempo previsto para su conclusión y puesta a disposición.

b) Los informes preceptivos no podrán ser considerados como información de carácter auxiliar o de apoyo para justificar la inadmisión de las solicitudes referidas a los mismos.

c) Asimismo, no se estimará como reelaboración que justifique la inadmisión la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente.

Aragón

Artículo 30.

a) En este caso, el órgano competente para resolver deberá mencionar en la denegación la unidad que está elaborando dicha información y el tiempo previsto para su conclusión y puesta a disposición.

b) Los informes preceptivos no podrán ser considerados como información de carácter auxiliar o de apoyo para justificar la inadmisión de las solicitudes referidas a los mismos.

c) No se estimará como reelaboración que justifique la inadmisión la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente.

d) El órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud.

Se cita este supuesto de inadmisión, pero no se interpreta.

Asturias

*(en fase de elaboración)

Comunidad Valenciana

Artículo 16.2.

a) Si la información está en fase de elaboración o publicación, se informará al solicitante del centro directivo responsable y del plazo previsto para que se difunda o se encuentre disponible.

c) Los informes preceptivos no podrán ser considerados como de carácter auxiliar o de apoyo.

b) Por reelaboración no se entenderá un tratamiento informático habitual o corriente.

Canarias

a) En las resoluciones de inadmisión porque la información esté en curso de elaboración o publicación general, deberá especificarse el órgano que elabora dicha información y el tiempo previsto para su conclusión.

b) No podrá considerarse información de carácter auxiliar o de apoyo los informes preceptivos.

c) No podrá considerarse como reelaboración que justifique la inadmisión la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente.

Se cita este supuesto de inadmisión, pero no se interpreta.

Se cita este supuesto de inadmisión, pero no se interpreta.

Artículo 43.1.

f) Que afecten a una pluralidad de personas cuyos datos personales pudieran revelarse con el acceso a la petición, en número tal que no sea posible darles traslado de la solicitud en el tiempo establecido para su resolución.

Cantabria

En tanto en cuanto no se regule el procedimiento, se remite a la legislación estatal.

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Se remite en bloque a la ley estatal.

Se remite en bloque a la ley estatal.

Se remite en bloque a la ley estatal.

Se remite en bloque a la ley estatal.

Se remite en bloque a la ley estatal.

Cataluña

Artículo 29.

c) Si la información que solicitan está en fase de elaboración y debe hacerse pública, de acuerdo con las obligaciones de transparencia del título II, dentro del plazo de tres meses.

a) Si solicitan notas, borradores, resúmenes, opiniones o cualquier documento de trabajo interno sin relevancia o interés público.

b) Si para obtener la información que solicitan es necesaria una tarea compleja de elaboración o reelaboración. En tal caso, se puede dar la información de forma desglosada, previa audiencia del solicitante.

2. Son inadmitidas a trámite las solicitudes de información consistentes en consultas jurídicas o peticiones de informes o dictámenes, sin perjuicio de los supuestos de consulta u orientación establecidos por la legislación general de procedimiento administrativo y por las leyes sectoriales que se soliciten de acuerdo con la normativa correspondiente.

Extremadura

b) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.

c) Que sean manifiestamente repetitivas y tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley.

a) Cuyo objeto sea información exceptuada del derecho de acceso en los términos previstos en el artículo 15 de esta ley.

d) Que afecten a una pluralidad de personas cuyos datos personales pudieran revelarse con el acceso a la petición, en número tal que no sea posible darles traslado de la solicitud en el tiempo establecido para su resolución.

Galicia

(proyecto de ley)

Remisión general a la normativa básica (artículo 22.1).

Remisión general a la normativa básica (artículo 22.1).

Remisión general a la normativa básica (artículo 22.1).

Remisión general a la normativa básica (artículo 22.1).

Remisión general a la normativa básica (artículo 22.1).

Illes Balears

(borrador de decreto, sujeto a cambios)

Reproduce las causas de la ley estatal.

Reproduce las causas de la ley estatal.

Reproduce las causas de la ley estatal.

Reproduce las causas de la ley estatal.

Reproduce las causas de la ley estatal.

La Rioja

Se remite en bloque a la ley estatal.

Se remite en bloque a la ley estatal.

Se remite en bloque a la ley estatal.

Se remite en bloque a la ley estatal.

Se remite en bloque a la ley estatal.

Madrid

Murcia

Artículo 26.4.

a) La denegación del acceso deberá indicar expresamente el órgano que se encuentra elaborando dicha información y el tiempo estimado para su conclusión y puesta a disposición.

b) (…) no podrá considerarse que tienen tal carácter los informes de naturaleza preceptiva.

c) No se considerará que se produce el supuesto de inadmisión basado en la necesidad de reelaborar la información solicitada para su acceso, cuando la misma pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente.

Navarra

e) Se refieran a documentación preparatoria, material en curso de elaboración o documentos o datos inconclusos y que no formen parte del expediente administrativo.

b) Se refieran a información que no obre en poder de la entidad a la que se dirijan. En tal caso, si se conoce la entidad sujeta al ámbito de aplicación de esta ley foral que posea la información, se le remitirá la solicitud, y esta vendrá obligada a tramitarla, dándose cuenta de esa remisión al solicitante.

c) Se consideren abusivas por su carácter manifiestamente irrazonable o repetitivo.

a) Se refieran a información excluida del derecho de acceso. En concreto, quedarán excluidas, entre otras posibles, las consultas jurídicas o las peticiones de informes o dictámenes.

d) Estén formuladas de manera excesivamente general, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo anterior.

f) Se refieran a comunicaciones internas que carezcan de relevancia pública o interés público.

País Vasco (proyecto de ley)

Artículo 43.

a) La resolución de no admisión de la solicitud sobre información que está en curso de elaboración o de publicación general deberá especificar el órgano que elabora dicha información y el tiempo previsto para su conclusión y puesta a disposición.

b) Los informes preceptivos no tendrán la consideración de información de carácter auxiliar o de apoyo para no admitir la solicitud basándose en esta causa.

c) La solicitud de información a obtener previo tratamiento informatizado de uso corriente no se considerará reelaboración de la información que justifique su no admisión.

Cuando se considere abusiva.

a) Se refieran a información excluida del derecho de acceso.

f) Se refieran a comunicaciones internas que carezcan de relevancia pública o interés público.

Tramitación

Remisión al órgano competente y al productor de la información

De acuerdo con el artículo 19.1 el órgano que recibe la solicitud debe remitirla al órgano competente, si lo conoce, informando al solicitante acerca de dicha remisión. Como anteriormente se ha descrito en el apartado relativo al contenido de la solicitud, la mayor parte de las normas autonómicas introducen el deber de derivación con comunicación al solicitante, o bien se remiten a la norma estatal.

Por otra parte, si la información que obra en poder del sujeto al que se dirige la solicitud, ha sido elaborada o generada por otro, se le remite a este último para que decida sobre el acceso. Esta previsión de la norma fue criticada durante la elaboración al considerar que reduciría el acceso y podría ser susceptible de generar conflictos negativos de competencias (Fernández Ramos, 2013: 273).

Realmente este aspecto ha tenido muy poca presencia en las normas autonómicas, ya que tan solo la norma de Canarias explicita esta obligación.

Plazo de subsanación de la solicitud

La Ley 19/2013 dispone en su artículo 19.2 que cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido.

Todas las normas autonómicas que regulan el procedimiento de ejercicio de derecho de acceso incluyen un plazo de subsanación de las solicitudes, refiriéndose generalmente al carácter impreciso de su contenido. Este plazo siempre es de diez días, en algunos casos se indica su carácter de días hábiles, coincidiendo con el plazo de la subsanación de las solicitudes del procedimiento administrativo común regulado en el artículo 71 de la Ley 30/1992.

En algunas normas autonómicas se incluye alguna previsión relativa al deber de colaboración por parte de la Administración en la subsanación de la solicitud del interesado; Extremadura, en donde se abre el plazo de subsanación «ofreciéndole asistencia para la concreción de su solicitud»; o Navarra, en donde «a tal efecto, se le prestará asistencia para concretar su petición de información lo antes posible». En el caso de Cataluña, se establece que se practicará el archivo por falta de subsanación «siempre que la Administración haya puesto a disposición de los ciudadanos los instrumentos adecuados para la búsqueda de la información».

En Galicia, está previsto en el anteproyecto de ley, el ofrecimiento al ciudadano de orientación y asesoramiento para el ejercicio de este derecho, según lo recogido en el artículo 24.2 que establece que la persona solicitante tiene derecho a recibir orientación y asesoramento para el ejercicio de este derecho a través del sistema integrado de atención a la ciudadanía regulado en la Ley de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración.

Alegaciones de terceros afectados

El artículo 19.3 de la Ley 19/2013 se refiere a la audiencia a terceros afectados, sin detallar las características de esta parte del procedimiento. Las normas autonómicas tampoco detallan esta cuestión más que lo hace la norma estatal.

La mayor parte de las normas autonómicas aluden a la obligación de dar traslado a los terceros afectados y el derecho de estos a presentar alegaciones, en un plazo que suele consistir en quince días. En todos estos casos, se suspende el procedimiento mientras los terceros presentan sus alegaciones. Esta es la solución empleada por Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra y el proyecto de ley del País Vasco.

Cataluña opta por una solución diferente, con un tono algo más restrictivo en relación con estos afectados, que han de ser «identificados e identificables», otorgándoseles un plazo de diez días para que presenten alegaciones si estas pudieran resultar determinantes del sentido de la resolución.

Las Comunidades de Andalucía, Castilla y León, La Rioja y Murcia se remiten a la legislación básica del Estado, sin que incluyan previsiones al respecto.

Cabe señalar que el transcurso del plazo sin presentar alegaciones supondría que se «tuviese por realizado el trámite», aplicándose la regla general del artículo 84 de la Ley 30/1992. Sin embargo, ese transcurso del tiempo no tendría tales efectos ante terceros titulares de datos personales especialmente protegidos, cuyo acceso exige su consentimiento expreso y por escrito; garantía reconocida también en todas las normas autonómicas de transparencia.

Tabla 5.6.
Cuestiones relativas a la fase de tramitación

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Remisión al sujeto productor de la información

Subsanación de la solicitud y plazo de subsanación

Alegaciones de terceros afectados

Andalucía

Se remite a la legislación básica del Estado.

Se remite a la legislación básica del Estado.

Se remite a la legislación básica del Estado.

Aragón

Artículo 29. e) Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.

Artículo 29. f) Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se le comunicará del traslado a estos para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.

Asturias

(proyecto de ley en fase de elaboración y definición de contenidos)

Comunidad

Valenciana

Artículo 15.4.

4. Si la solicitud estuviera formulada de manera imprecisa o confusa, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días hábiles, la concrete indicándole que en caso de no hacerlo se le tendrá por desistido, así como de la suspensión, entre tanto, del plazo para resolver.

Artículo 15.5. Si las solicitudes se refieren a información que afecte a los derechos o intereses de terceros, el órgano administrativo encargado de resolver dará traslado a las personas afectadas para que, en su caso, en el plazo de quince días hábiles presenten las alegaciones que estimen pertinentes. El solicitante será informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para resolver, entre tanto

Canarias

Artículo 44. Remisión de la solicitud al órgano competente.

3. Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a este para que decida sobre el acceso, informando de esta circunstancia al solicitante.

Artículo 42. Solicitudes imprecisas.

1. Cuando una solicitud esté formulada de manera que no se identifique de forma suficiente la información a que se refiere, se pedirá al solicitante que la concrete, dándole para ello un plazo de diez días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.

Artículo 45. Audiencia de terceras personas.

1. Cuando la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.

2. Simultáneamente a la concesión de la audiencia, el solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.

Cantabria

En tanto en cuanto no se regule el procedimiento, se remite a la legislación estatal.

Castilla-La

Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Se remite a la legislación básica del Estado.

Se remite a la legislación básica del Estado.

Se remite a la legislación básica del Estado.

Cataluña

Artículo 28. Solicitudes imprecisas.

3. Si el solicitante no cumple el trámite al que se refiere el apartado 1 dentro del plazo establecido, que no puede ser inferior a diez días, se considera que ha desistido del procedimiento y tiene que archivarse el expediente, siempre que la Administración haya puesto a disposición de los ciudadanos los instrumentos adecuados para la búsqueda de la información.

Artículo 31. Afectación de derechos o intereses de terceros.

1. Si la solicitud de información pública puede afectar a derechos o intereses de terceros, de acuerdo con lo establecido por la presente ley, en caso de que los posibles afectados estén identificados o sean fácilmente identificables se les debe dar traslado de la solicitud, y tienen un plazo de diez días para presentar alegaciones si estas pueden resultar determinantes del sentido de la resolución.

Extremadura

Artículo 20. Solicitudes imprecisas.

1. Si la solicitud de información pública estuviera formulada de manera imprecisa, se advertirá al solicitante de tal circunstancia, concediéndole un plazo máximo de diez días hábiles para su subsanación y ofreciéndole asistencia para la concreción de su solicitud.

Artículo 22. Intervención de terceros y otros órganos y entidades.

1. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas, siempre que estas pudieran ser determinantes del sentido de la resolución. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.

Galicia

(proyecto de ley)

Remisión general a la normativa básica.

Artículo 25.1. La tramitación de las solicitudes de acceso se efectuará conforme lo previsto en la normativa básica en materia de transparencia.

Artículo 24. Solicitud de acceso a la información. 2. La persona solicitante tiene derecho a recibir orientación y asesoramiento para el ejercicio de este derecho a través del sistema integrado de atención a la ciudadanía regulado en la Ley de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración.

Remisión general a la normativa básica (artículo 25.1).

Artículo 25.2. Cuando las solicitudes se refieran a información que afecte derechos e intereses de terceros, el órgano encargado de resolver les concederá un plazo de quince días para que puedan formular alegaciones. El traslado de la solicitud a la persona afectada producirá la suspensión del plazo para resolver hasta que se reciban las alegaciones o transcurra el plazo concedido para su presentación.

Illes Balears

(borrador de decreto, sujeto a cambios)

En el caso de que la solicitud no cumpla los requisitos establecidos o no identifique de manera suficiente la información solicitada, se concederá al solicitante un plazo de diez días para subsanar las deficiencias detectadas, comunicándole que, en caso de que no subsane la solicitud, se entenderá que desiste de la petición de información y que el plazo para resolver la solicitud queda suspendido hasta la fecha de subsanación de las deficiencias.

Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceras personas debidamente identificadas, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.

El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.

La Rioja

Se remite a la legislación básica del Estado.

Se remite a la legislación básica del Estado.

Se remite a la legislación básica del Estado.

Madrid

Murcia

Se remite a la legislación básica del Estado.

Se remite a la legislación básica del Estado.

Se remite a la legislación básica del Estado.

Navarra

Artículo 27. Solicitudes imprecisas.

1. Si la solicitud de información pública estuviera formulada de manera imprecisa, se pedirá al solicitante que la concrete, dándole para ello un plazo de diez días hábiles, con suspensión del plazo máximo para resolver, y pudiendo tenerlo por desistido en caso contrario. A tal efecto, se le prestará asistencia para concretar su petición de información lo antes posible.

Artículo 29. Intervención de terceros.

Cuando las solicitudes se refieran a información que afecte a derechos o intereses de terceros contemplados en los artículos 23 y 24 de esta ley foral, el órgano encargado de resolver dará traslado de las mismas a los afectados por un plazo de quince días para formular alegaciones, siempre que pudieran ser determinantes del sentido de la resolución.

El traslado de la solicitud al afectado producirá la suspensión del plazo para resolver hasta que se realicen las alegaciones o transcurra el plazo de quince días hábiles a contar desde su notificación. Si el tercero no responde en el plazo requerido se presumirá que no está conforme con que se otorgue el acceso a la información solicitada.

País Vasco

(proyecto de ley)

Artículo 43. Admisión de la solicitud e incidentes previos a la resolución.

1. Cuando la petición formulada fuera imprecisa, la entidad que ha de resolver sobre la solicitud pedirá a la persona solicitante en el plazo de diez días a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud de información, que aclare o concrete la misma, el cual en idéntico plazo deberá responder, entendiéndole por desistido en caso contrario.

Si las solicitudes se refieren a información que afecte a derechos e intereses de terceras personas, debidamente identificadas, el órgano encargado de resolver les dará trámite de audiencia para que aleguen lo que crean conveniente y otorguen, en su caso, su consentimiento expreso, para lo que se les concederá un plazo de quince días.

Resolución

Órgano competente para resolver las solicitudes

La Ley 19/2013 no detalla los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso, cuestión que corresponde a las normas reguladoras de las Administraciones Públicas correspondientes. Se requiere una determinación precisa de los órganos competentes para una correcta aplicación de la ley. En este sentido, todas las normas autonómicas, ya sea de forma más genérica o más detallada, tratan la cuestión del órgano competente para resolver las solicitudes correspondientes al derecho de acceso.

Así, de un modo más bien genérico, se pronuncia la norma de Andalucía, considerando competente al órgano que lo sea en la materia a la que se refiera la información solicitada. Las normas de Navarra y Extremadura establecen como órganos competentes a los superiores jerárquicos de las unidades en cuyo poder se encuentre la información solicitada. El proyecto de ley del País Vasco establece esta solución con carácter supletorio respecto de lo que establezcan los futuros reglamentos de organización.

Otras normas autonómicas, como la de Aragón mencionan a las personas titulares de los departamentos o quienes ostenten la alcaldía, presidencia, dirección o cargo asimilado en la entidad a las que se solicita información; es decir, los titulares de los órganos y entidades obligadas.

El resto de normas autonómicas realizan una determinación de la competencia para resolver las solicitudes de acceso a la información bastante más prolija, distinguiendo entre la Administración General Autonómica, el sector público autonómico y el resto de entidades obligadas por la norma. A esta fórmula responden las normas de la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Cataluña y La Rioja. La norma de Canarias realiza una distinción similar, pero con carácter supletorio respecto de los reglamentos de organización de las Administraciones obligadas por la ley.

Tabla 5.7.
Órgano competente para resolver las solicitudes de acceso a la información

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Órgano competente para resolver las solicitudes

Andalucía

Artículo 28.

2. Será competente para la resolución del procedimiento el órgano o la entidad que lo sea en la materia a la que se refiera la información solicitada.

Aragón

Artículo 32.

3. Corresponderá la competencia para resolver las solicitudes de información a las personas titulares de los departamentos o a quienes ostenten la alcaldía, presidencia, dirección o cargo asimilado en la entidad a las que se solicita información.

Asturias

(proyecto de ley en fase de elaboración y definición de contenidos)

Comunidad

Valenciana

Artículo 18. Órganos competentes para la resolución del procedimiento de solicitud de acceso a la información pública.

1. En el ámbito de la Administración de la Generalitat serán competentes para la resolución del procedimiento los titulares de los centros directivos responsables funcionales de la información solicitada.

2. En las organizaciones comprendidas en el artículo 2.1. b) de esta ley (sector público instrumental), serán competentes los órganos que determinen sus estatutos o normas de funcionamiento; en su defecto, será competente el órgano máximo con funciones ejecutivas.

3. El resto de instituciones y organizaciones previstas en el artículo 2.1 deberán establecer en sus normas de funcionamiento esta competencia; en su defecto recaerá sobre sus máximos órganos de gobierno.

Canarias

Artículo 36. Órganos competentes.

1. Los reglamentos de organización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las entidades públicas vinculadas o dependientes determinarán los órganos competentes para la resolución de las solicitudes de acceso a la información.

2. En defecto de previsión expresa en los reglamentos de organización, la competencia para la resolución de las solicitudes de acceso corresponderá:

a) En el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de las entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma, a los órganos en cuyo poder obre la información solicitada.

b) Cuando la solicitud de acceso se refiera a información elaborada o en poder de fundaciones públicas, sociedades mercantiles y consorcios en las que sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las entidades citadas en el apartado anterior, será competente el órgano del departamento al que estén vinculadas o adscritas y, en su defecto, al que tenga atribuidas las competencias en el ámbito funcional de los fines, objeto social o ámbito de aquellas entidades.

c) En el caso de que se solicite información de las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, será competente el órgano que tenga atribuidas las competencias del servicio o de la materia.

Cantabria

En tanto en cuanto no se regule el procedimiento, se remite a la legislación estatal.

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Artículo 7. Órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información.

1. La competencia para resolver las solicitudes de acceso a la información corresponderá:

a) Al titular de la consejería cuando la solicitud se refiera a documentos del artículo 6.1 en poder de la misma o de sus organismos autónomos.

b) Al titular del órgano que determine la propia entidad u organismo y, en su defecto, al titular del máximo órgano unipersonal de dirección, cuando la solicitud se refiera a documentos del artículo 6.1. que obren en poder de los entes públicos de derecho privado o de las empresas públicas.

c) Al titular del órgano que determine la propia entidad u organismo y, en su defecto, al titular del máximo órgano unipersonal de dirección, cuando la solicitud se refiera a información que obre en poder del resto de las entidades del sector público autonómico a las que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, o, cuando obre en poder de las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos.

d) Al titular del órgano que corresponda de los previstos en los apartados anteriores, cuando la solicitud se refiera a información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas a las que se refiere el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

Cataluña

Artículo 32. Competencia para resolver.

La competencia para resolver las solicitudes de acceso a la información pública corresponde:

a) En el caso de las solicitudes dirigidas a la Administración de la Generalitat, a los órganos superiores jerárquicos de los servicios o unidades que disponen de la información, de acuerdo con lo establecido por las normas reguladoras de la organización administrativa.

b) En el caso de las solicitudes dirigidas a la Administración Local, a los órganos que determinan las normas organizativas propias y, en su defecto, al alcalde o el presidente, o el órgano en que estos deleguen.

c) En el caso de las solicitudes dirigidas a organismos autónomos, entidades de derecho público, sociedades y fundaciones públicas, consorcios y universidades públicas, a su órgano de dirección y de gobierno.

d) En el caso de las solicitudes dirigidas a otras instituciones y organismos a los que se refiere el artículo 3.1, a sus órganos de representación o dirección.

Extremadura

Artículo 19.

2. Las solicitudes de información pública deberán dirigirse a la entidad o unidad en cuyo poder se encuentre la información y se resolverán por los superiores jerárquicos de las unidades en cuyo poder se encuentre la misma, siempre que tengan atribuidas competencias resolutorias.

Galicia

(proyecto de ley)

Artículo 25.3. En el ámbito del sector público autonómico, la competencia para la resolución de las solicitudes de acceso corresponde a la persona titular del órgano directivo, o de los órganos de gobierno o ejecutivos de las entidades instrumentales del sector público autonómico.

Illes Balears

La Rioja

Artículo 15. Órganos competentes para la resolución del procedimiento de solicitud de acceso a la información pública.

1. En el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja serán competentes para la resolución del procedimiento los titulares de los órganos de la consejería que posean la información solicitada.

2. En los organismos públicos serán competentes los presidentes.

3. En los consorcios, fundaciones y empresas públicas integrantes del sector público autonómico serán competentes los órganos que determinen sus normas estatutarias o de régimen de funcionamiento. En su defecto, será competente el órgano máximo que tenga atribuidas funciones decisorias.

4. En el marco de la autonomía institucional que les reconoce el ordenamiento jurídico riojano, el Parlamento de La Rioja, el Consejo Consultivo de La Rioja y la Universidad de La Rioja determinarán el órgano competente para resolver las solicitudes de información pública.

Madrid

Murcia

Artículo 25.

5. Serán competentes para la resolución del procedimiento de acceso los siguientes órganos:

a) En el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma, el titular de la consejería que sea competente por razón de la materia a la que se refiera la información solicitada y se encuentre en posesión de tal información.

b) Si la solicitud de información hubiera sido dirigida al Consejo de Gobierno, será competente el titular de la consejería que asuma las funciones que el artículo 12 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, atribuye a la Secretaría General de la Presidencia.

c) En los organismos públicos serán competentes sus presidentes.

Navarra

Artículo 26.

(…) En el ámbito de la Administración Pública se atribuye la competencia para resolver las solicitudes de información a los superiores jerárquicos de las unidades en cuyo poder se encuentre la misma, siempre que tengan atribuidas competencias resolutorias de conformidad con las distintas normas reguladoras de las estructuras orgánicas.

2. La Administración Pública podrá reservarse la facultad de resolver las solicitudes de información pública que reciban las sociedades y fundaciones públicas, entidades de derecho público a ella vinculadas y las personas que ejerzan funciones públicas o potestades administrativas o presten servicios públicos bajo su autoridad. En tal caso, especificará los órganos de cada departamento competentes para resolver estas solicitudes.

País Vasco
(proyecto de ley)

Plazo de resolución

La Ley 19/2013 introdujo en su artículo 20.1 la regla del plazo máximo para resolver de un mes desde la recepción de la solicitud del órgano competente para resolver, que coincide con los plazos de la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y el Real Decreto 1708/2011 del Sistema Español de Archivos.

Numerosas normas autonómicas siguen el plazo estatal, ya sea por remisión al procedimiento regulado en la norma básica, como son los casos de Castilla y León, La Rioja y Murcia. Otras Comunidades Autónomas como Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias y Cataluña reproducen el mismo plazo fijado en la ley estatal. Por su parte, la norma de Extremadura cita expresamente treinta días hábiles.

Tres normas autonómicas establecen plazos inferiores, como son los casos de Andalucía, con veinte días hábiles; Navarra y proyecto de ley del País Vasco, con quince días.

Todas las normas autonómicas que citan expresamente algún plazo de resolución, incluyen una prórroga por el mismo tiempo que el plazo inicial ante la cantidad o complejidad de la información solicitada, ampliación del plazo que ha de ser comunicada al solicitante. Tan solo Cataluña incluye un plazo de ampliación de la mitad del plazo inicial. En Galicia, siguiendo las recomendaciones de las organizaciones internacionales en materia de transparencia, la resolución en que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse, a la persona solicitante y a los terceros afectados que así lo soliciten, lo antes posible. No obstante establece un plazo máximo de un mes.

Es importante tener en cuenta la exigencia del artículo 42.6 de la Ley 30/1992 en relación con las ampliaciones de plazo, consistente en una «motivación clara de las circunstancias concurrentes». Tan solo la norma de Navarra alude a esta exigencia cuando afirma que «en este supuesto, deberá informarse al solicitante, dentro del plazo máximo de diez días, de las razones que justifican la emisión de la resolución en dicho plazo».

El plazo de veinte días hábiles solo es aplicable a la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, no para el resto de organismos y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA).

Tabla 5.8.
Plazo de resolución de las solicitudes

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Plazo de resolución

Andalucía

Artículo 32. Plazo de resolución y notificación.

Las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En todo caso, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogables por igual período en el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera. Dicha ampliación será notificada a la persona solicitante.

Artículo 32. Plazo de resolución y notificación.

Las solicitudes se resolverán en un plazo máximo de veinte días hábiles desde que la recibe el órgano competente para resolver. Este plazo se puede prorrogar por igual período si la cantidad o la complejidad de la información solicitada así lo requiere.

Aragón

Artículo 31. Plazos para resolver la solicitud y sentido del silencio.

1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.

Asturias

(proyecto de ley en fase de elaboración y definición de contenidos)

Comunidad Valenciana

Artículo 17. Resolución.

1. Las solicitudes de acceso a información pública, deberán resolverse y notificarse al solicitante y a los terceros afectados que lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

2. En el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera, el plazo para resolver se podrá prorrogar por otro mes más, en cuyo caso previamente se notificará al solicitante.

Canarias

Artículo 46. Plazo de resolución y sentido del silencio.

1. Las resoluciones sobre las solicitudes de acceso se adoptarán y notificarán en el plazo máximo de un mes desde su recepción por el órgano competente para resolver. Cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada lo justifiquen, el plazo se podrá ampliar por otro mes, informando de esta circunstancia al solicitante.

Cantabria

En tanto en cuanto no se regule el procedimiento, se remite a la legislación estatal.

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Un mes, por remisión a la Ley 19/2013.

Cataluña

Artículo 33. Plazo para resolver.

1. Las solicitudes de acceso a la información pública deben resolverse en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la solicitud.

2. El plazo al que se refiere el apartado 1 puede prorrogarse, si lo justifican el volumen o la complejidad de la información requerida, hasta un plazo igual a la mitad del inicial. La prórroga y las causas que la motivan deben ser comunicadas al interesado.

Extremadura

Artículo 23. Plazo para resolver.

1. Las resoluciones que resuelvan las peticiones de acceso a la información se adoptarán y notificarán con la mayor celeridad posible, y en todo caso en el plazo máximo de treinta días hábiles desde su recepción por el órgano competente.

2. En aquellos casos en los que el volumen o la complejidad de la información solicitada hagan imposible cumplir el citado plazo, este se podrá ampliar por otros treinta días más. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia en el plazo fijado para resolver.

Galicia

(proyecto de ley)

Artículo 25.4. La resolución en que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse, a la persona solicitante y a los terceros afectados que así lo soliciten, lo antes posible, y como más tarde, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo se podrá ampliar por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicite así lo hagan necesario y luego de la notificación a la persona solicitante.

Illes Balears

(borrador de decreto, sujeto a cambios)

Un mes. Este plazo podrá ser ampliado otro mes cuando la complejidad o el volumen de la información solicitada así lo requieran.

La Rioja

Se remite a la ley básica estatal.

Madrid

Murcia

Se remite a la ley básica estatal.

Navarra

Artículo 30. Plazos para resolver la solicitud y sentido del silencio.

1. El órgano en cada caso competente para resolver facilitará la información pública solicitada, o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla, lo antes posible y, a más tardar, en los plazos recogidos en las normas con rango de ley específicas, y en defecto de previsión, en los que se indican a continuación:

a) En el plazo máximo de quince días desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para resolverla, con carácter general.

b) En el plazo de treinta días desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para resolverla, si el volumen y la complejidad de la información son tales que resulta imposible emitirla en el plazo antes indicado. En este supuesto, deberá informarse al solicitante, dentro del plazo máximo de diez días, de las razones que justifican la emisión de la resolución en dicho plazo.

País Vasco

(proyecto de ley)

Artículo 44. Plazo para resolver.

1. La resolución se adoptará y notificará en el plazo máximo de quince días desde su recepción sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente.

2. En aquellos casos en los que el volumen y la complejidad de la información solicitada hagan imposible cumplir el citado plazo, este se podrá ampliar quince días más. La persona solicitante deberá ser informada de esta circunstancia en el plazo fijado para resolver.

Sentido del silencio administrativo

El artículo 20 de la Ley 19/2013 afirma que las solicitudes de acceso se entenderán desestimadas «transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa». Introduce, por tanto, la regla del silencio negativo, a diferencia de otras normas de acceso a la información, como el Reglamento del Sistema Español de Archivos. Esta redacción fue uno de los puntos más polémicos durante la elaboración de la ley, especialmente durante la fase de consulta pública electrónica, con oposición de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el Consejo de Estado consideraba en su Dictamen 707/2012 que la solución adoptada era adecuada a Derecho, por el especial objeto sobre el que se lleva a cabo el derecho de acceso, que puede entrar en conflicto con otros derechos o intereses protegidos constitucionalmente. En la tramitación parlamentaria conoció muchas propuestas de enmienda, tanto en el Congreso como en el Senado, sin que prosperasen. La doctrina jurídica también se pronuncia a favor del silencio negativo3.

Sin embargo, esa unanimidad no se observa en las normas autonómicas. La mayor parte adoptan el silencio negativo por pura remisión al procedimiento del Estado. Así, Andalucía, más proclive al derecho de acceso que la norma estatal en algunas materias, en esta cuestión no se pronuncia, por lo que aplica su remisión al derecho estatal. Otras normas autonómicas que se remiten a la normativa estatal en todo el procedimiento también aplicarían, por tanto, el silencio negativo: Castilla y León, La Rioja y Murcia, y tan solo Canarias y el proyecto de ley del País Vasco afirman de forma explícita el carácter negativo del silencio.

Por el contrario, las normas de Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña y Navarra establecen el silencio positivo. Todas ellas introducen un mecanismo de garantía contra un resultado perjudicial de este silencio frente a otros derechos protegidos. Junto con la afirmación del carácter positivo del silencio, establecen la salvedad de que la denegación viniera impuesta por una norma con rango de ley, por razones imperiosas de interés general o en una norma de derecho comunitario; tomando el enunciado del artículo 43 de la Ley 30/1992.

Esta solución, según algunos autores, sería contradictoria con el carácter básico del artículo 20 de la Ley 19/2013, que en virtud de su disposición adicional octava, se convierte en aplicable a todas las Administraciones Públicas (Barrero, 2014: 234).

Tabla 5.9.
Sentido del silencio administrativo en las resoluciones de acceso

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Sentido del silencio administrativo

Andalucía

En el artículo 28.1 se remite a la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno (LTBG).

Aragón

Artículo 31.

2. Si en el plazo máximo establecido no se hubiera notificado resolución expresa, el interesado o la interesada podrá entender estimada la solicitud, salvo con relación a la información cuya denegación, total o parcial, viniera expresamente impuesta en una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o en una norma de derecho comunitario.

Asturias

(proyecto de ley en fase de elaboración y definición de contenidos)

Comunidad Valenciana

Artículo 17.

3. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución, la solicitud se entenderá estimada.

Canarias

Artículo 46.

3. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud de acceso se entenderá desestimada.

Cantabria

En tanto en cuanto no se regule el procedimiento, se remite a la legislación estatal.

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Cataluña

Artículo 35. Silencio administrativo.

1. Si la Administración no resuelve y notifica dentro del plazo establecido, la solicitud se entiende estimada, salvo que una norma con rango de ley establezca expresamente un efecto desestimatorio, total o parcial, con relación a una determinada información.

2. No se puede adquirir por silencio administrativo el derecho de acceso si concurre alguno de los límites establecidos por esta u otras leyes para tener acceso a la información pública.

Extremadura

Galicia

(proyecto de ley)

Artículo 25.5. Transcurrido el plazo para resolver sin que se dictara y notificara resolución expresa, se entenderá que la solicitud fue desestimada.

Illes Balears

(borrador de decreto, sujeto a cambios)

Negativo.

La Rioja

Se remite a la ley básica estatal.

Madrid

Murcia

Se remite a la ley básica estatal.

Navarra

Artículo 30.

2. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese recibido resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud salvo con relación a la información cuya denegación, total o parcial, viniera expresamente impuesta en una norma con rango de ley.

3. La Administración Pública, en los casos de estimación por silencio administrativo, vendrá obligada a emitir y notificar la resolución expresa reconociendo el derecho, total o parcialmente, conforme a las previsiones recogidas en esta ley foral.

País Vasco

(proyecto de ley)

Artículo 44.

4. Se entenderá desestimada la solicitud si pasados quince días desde su presentación no se ha notificado en relación a la misma resolución expresa.

Motivación de las resoluciones

El artículo 20.1 de la Ley 19/2013 establece los supuestos de motivación de las resoluciones, que son: aquellas que denieguen el acceso, lo reconozcan a través de una modalidad distinta a la solicitada, concedan el acceso parcial o permitan el acceso cuando haya existido oposición por parte de un tercero. Además, tratándose de una Administración Pública, habrá que expresar los recursos que procedan y plazo de interposición y órgano competente para resolverlos, en cumplimiento del artículo 89.3 de la Ley 30/1992.

Casi todas las normas autonómicas coinciden con la Ley 19/2013 en cuanto a los supuestos de motivación de las solicitudes, ya sea por remisión directa a la norma o por expresar sus contenidos. Tan solo Aragón introduce una causa nueva: «en caso de que la negativa a facilitar la información esté fundada en la existencia de derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, se incluirá la referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos cuando esta sea conocida o, alternativamente, a la persona cedente de la que se haya obtenido la información solicitada».

Hay que destacar que la norma de Navarra extiende como causa de motivación, no ya el hecho de que haya existido oposición de terceros, sino la mera intervención de un tercero en el procedimiento. En el caso del proyecto de ley Vasco se limita a establecer como causa de motivación tan solo la desestimación total o parcial, sin alusión a los supuestos de formatos diferentes o a la oposición de terceros durante el procedimiento.

Tabla 5.10.
Supuestos de motivación de las resoluciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Supuestos de motivación de las resoluciones

Andalucía

Artículo 7. Derechos.

c) Derecho a obtener una resolución motivada. Consiste en el derecho de la persona solicitante a que sean motivadas las resoluciones que inadmitan a trámite la solicitud de acceso, que denieguen el acceso, que concedan el acceso tanto parcial como a través de una modalidad distinta a la solicitada, así como las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de una tercera persona interesada.

Aragón

Artículo 32. Resolución.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento se formalizará por escrito y en caso de ser denegatoria deberá ser motivada. También deberá ser motivada la resolución por la que se conceda el acceso parcial o por una modalidad diferente a la solicitada, así como la que permita el acceso cuando se haya formulado oposición por un tercero.

2. En caso de que la negativa a facilitar la información esté fundada en la existencia de derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, se incluirá la referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos cuando esta sea conocida o, alternativamente, a la persona cedente de la que se haya obtenido la información solicitada.

Asturias

(proyecto de ley en fase de elaboración y definición de contenidos)

Comunidad Valenciana

Artículo 17. Resolución.

4. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada, y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero.

Canarias

Artículo 47. Resolución.

2. Serán motivadas, en todo caso, las resoluciones siguientes:

a) Las que inadmitan a trámite las solicitudes.

b) Las que denieguen el acceso.

c) Las que concedan el acceso parcial.

d) Las que concedan el acceso a través de una modalidad distinta a la solicitada.

e) Las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero afectado.

Cantabria

En tanto en cuanto no se regule el procedimiento, se remite a la legislación estatal.

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Artículo 5. Derecho de acceso a la información pública.

Se remite al procedimiento de la Ley 19/2013 en todo lo relativo a la formalización del acceso.

Cataluña

Artículo 34. Resolución.

4. Deben ser motivadas las siguientes resoluciones:

a) Las que desestiman total o parcialmente la solicitud.

b) Las que estiman la solicitud pese a la oposición de terceros.

c) Las que establecen como forma de acceso a la información un formato diferente al solicitado.

Extremadura

Artículo 24. Resolución.

3. Serán motivadas las resoluciones que nieguen total o parcialmente el acceso, las que lo concedan cuando haya habido intervención de un tercero afectado y las que prevean una forma o formato de acceso distinto al solicitado, conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992.

Galicia

(proyecto de ley)

Remisión general a la normativa básica (artículo 25.1).

Illes Balears

(orrador de decreto, sujeto a cambios)

Las resoluciones que denieguen el acceso, las que lo concedan parcialmente o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de tercero serán motivadas. En el último caso, se informará expresamente al solicitante de que el acceso se producirá cuando haya transcurrido el plazo para que el tercero pueda presentar recurso contencioso-administrativo sin que lo haya presentado, o cuando se haya resuelto el recurso confirmando el derecho de acceso.

La Rioja

Artículo 13. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

1. El derecho de acceso a la información pública se ejercerá conforme al procedimiento establecido en la legislación básica del Estado.

Madrid

Murcia

Artículo 26. Procedimiento de acceso.

1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica estatal y por lo dispuesto en los siguientes apartados.

Navarra

Artículo 31. Resolución.

2. Serán motivadas las resoluciones que nieguen total o parcialmente el acceso, las que lo concedan cuando haya habido intervención de un tercero afectado y las que prevean una forma o formato de acceso distinto al solicitado.

Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información pueda incurrir en alguna de las limitaciones al derecho de acceso, se hará constar dicha circunstancia.

País Vasco (proyecto de ley)

Artículo 45. Resolución.

1. La resolución que, salvo en el caso de que sea estimatoria en su totalidad en cuanto al contenido y al modo de acceso, será motivada (…).

Formalización del acceso a la información

Forma de acceso a la información

El artículo 22 de la Ley 19/2013 establece que el acceso se llevará a cabo preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Esto ha llevado a considerar a algunos autores que no existe un claro reconocimiento del derecho del solicitante a elegir la forma y formato de acceso, o al menos no en los términos del Convenio n.º 205 del Consejo de Europa (Fernández Ramos, 2013: 282).

Por otra parte, en el apartado tercero del artículo 22 se indica que la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante como puede acceder a ella, cuestión también criticada por el hecho de que los pronunciamientos judiciales han afirmado que la remisión a páginas web no satisface el derecho a obtener copia de los documentos administrativos (Fernández Ramos, 2013: 283).

Nuevamente pueden observarse normas autonómicas que o bien se remiten a la ley básica estatal o bien la reproducen directamente. Así se remiten como en la mayor parte del procedimiento de acceso Castilla y León y Comunidad Valenciana. Y reproducen el articulado de la ley básica las normas de La Rioja y Canarias.

Sin embargo, el resto de las normas optan por una solución diferente a la de la ley estatal, decantándose por la forma elegida por el solicitante como regla general. Si bien todas ellas incluyen diversas matizaciones de contenido técnico que permitirían que la Administración estableciese otra forma de acceso.

La primera razón técnica para decidir por parte de la Administración una forma de acceso diferente a la elegida por el solicitante es la del posible deterioro del soporte original, no sea posible la copia en un formato determinado debido a la inexistencia de equipos técnicos disponibles, cuando la modalidad de acceso solicitada pueda afectar al derecho de propiedad intelectual, o cuando otra forma o formato resulte más sencilla o económica para el erario público. Estas razones de índole técnica se observan en las normas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Murcia y Navarra.

Otras causas que permiten a la Administración eludir la forma de acceso solicitada por el interesado es que la información ya haya sido difundida previamente en otra forma o formato y el solicitante pueda acceder a ella fácilmente. En estos casos es preciso informar al solicitante de dónde y cómo puede acceder a dicha información. Esta previsión encaja con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 22 de la Ley 19/2013. Esta posibilidad aparece incluida en las leyes de Aragón, Cataluña, Extremadura, Murcia y Navarra.

También en algunas normas se admite que el órgano competente pueda decidir la puesta a disposición de la información en otro formato diferente al pretendido por el solicitante, siempre que se justifiquen de manera adecuada las razones para ello. Son los casos de Aragón, Cataluña, Extremadura y Navarra.

Algunas de las Comunidades Autónomas que llevan a cabo una regulación propia de la formalización del acceso, contemplan la posible limitación al acceso a la información in situ, por el hecho de que pueda ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original. Por tanto, en sentido contrario y a diferencia de la norma estatal, se admite la posibilidad de este tipo de acceso. Son las normas de Aragón, Extremadura, Murcia y Navarra.

Cabe destacar que, entre las normas que se remiten a la ley básica, las de La Rioja fijan la obligatoriedad del acceso electrónico para personas jurídicas o colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. Se hace uso, por tanto, de la posibilidad introducida por el artículo 27, apartado 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Tabla 5.11.
Forma y formato para la materialización del derecho de acceso

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Vía preferente para la formalización del acceso

Andalucía

Artículo 34. Materialización del acceso a la información pública.

1. La información solicitada se entregará a la persona solicitante en la forma y formato por ella elegidos, salvo que pueda ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original, no exista equipo técnico disponible para realizar la copia en ese formato, pueda afectar al derecho de propiedad intelectual o exista una forma o formato más sencilla o económica para el erario público. En todo caso, si la información que se proporcionase en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública fuese en formato electrónico, deberá suministrarse en estándar abierto o, en su defecto, deberá ser legible con aplicaciones informáticas que no requieran licencia comercial de uso.

Aragón

Artículo 33. Formalización del acceso.

2. El órgano competente deberá poner a disposición la información en la forma o formato solicitado, a menos que concurra alguna de las circunstancias que se indican a continuación:

a) Que la información ya haya sido difundida previamente en otra forma o formato y el solicitante pueda acceder a ella fácilmente. En este caso, se deberá informar al solicitante de dónde y cómo puede acceder a dicha información o, en su caso, remitírsela en el formato disponible. Cuando este fuera en papel y pudiera convertirse en electrónico sin costes excesivos ni grandes dificultades técnicas, y el solicitante hubiera manifestado su opción por el formato electrónico, se procederá a su conversión y se facilitará en dicho formato.

b) Que el órgano competente considere razonable poner a disposición del solicitante la información en otra forma o formato y lo justifique adecuadamente. En concreto, si el acceso in situ pueda ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original, no sea posible la copia en un formato determinado debido a la inexistencia de equipos técnicos disponibles, cuando la modalidad de acceso solicitada pueda afectar al derecho de propiedad intelectual, o cuando otra forma o formato resulte más sencilla o económica para el erario público.

Asturias

(en fase de elaboración y definición de contenidos)

Comunidad Valenciana

Artículo 19. Formalización de acceso y costes.

El régimen sobre la formalización del acceso a la información será el previsto en el artículo 22 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Canarias

Artículo 48. Acceso a la información.

1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.

2. La información se proporcionará en la modalidad solicitada, a menos que no sea posible, resulte excesivamente gravosa para el sujeto obligado y exista una alternativa más económica y fácilmente accesible para el solicitante.

3. La consulta directa de las fuentes de información, así como el acceso al lugar donde la información está depositada, podrán denegarse cuando las condiciones de seguridad del lugar y de custodia y preservación de los documentos o de los soportes originales de la información no lo permitan.

Cantabria

De momento, la Dirección General de Servicios y Atención a la Ciudadanía ha emitido una circular con destino a todas las unidades de la Administración Pública de Cantabria para recabar información y publicarla en el Portal de Transparencia y advertirles de cómo debe facilitarse la información para cumplir la Ley 19/2013.

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Se remite a la Ley 19/2013.

Cataluña

Artículo 36. Acceso a la información.

1. Si una solicitud es estimada total o parcialmente, el órgano competente debe suministrar la información al interesado, en el formato en que la haya solicitado, en el plazo de treinta días.

2. La Administración puede suministrar la información en un formato distinto al solicitado en los siguientes casos:

a) Si existe una alternativa más económica, siempre que no dificulte al solicitante el acceso a los datos.

b) Si la información ya ha sido difundida o publicada provisionalmente en otro formato y se puede acceder fácilmente a ella. En tal caso, debe indicarse al solicitante la fuente de información.

c) Si se considera razonable utilizar un formato distinto al solicitado, siempre que se justifique.

d) Si el formato en el que se ha solicitado la información puede conllevar la pérdida del soporte que la contiene o puede dañarlo.

e) Si técnicamente no es posible realizar una copia en el formato en que se ha solicitado la información.

f) Si el formato en que se ha solicitado la información puede afectar a los derechos de propiedad intelectual.

Extremadura

Artículo 26. Formalización del acceso y costes.

1. El órgano competente deberá suministrar la información en la forma o formato solicitado, en el marco de la legislación básica del Estado, a menos que concurra alguna de las circunstancias que se indican a continuación:

a) Que la información ya haya sido difundida previamente en otra forma o formato y el solicitante pueda acceder a ella fácilmente. En este caso, se deberá informar al solicitante de dónde y cómo puede acceder a dicha información o, en su caso, remitírsela en el formato disponible.

b) Que el órgano competente considere razonable poner a disposición del solicitante la información en otra forma o formato y lo justifique adecuadamente.

En los casos en que el acceso in situ pueda ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original, no sea posible la copia en un formato determinado debido a la inexistencia de equipos técnicos disponibles, o cuando la modalidad de acceso solicitada pueda afectar al derecho de propiedad intelectual, se podrá poner a disposición del solicitante la información en otra forma y formato. También podrá ponerse a disposición del solicitante otra forma o formato cuando sea más sencilla o económica para el erario público.

Galicia (proyecto de ley)

Artículo 24.3. Para fomentar la presentación de las solicitudes por vía electrónica, la Administración ofrecerá a la ciudadanía, a través del Portal de Transparencia y Gobierno abierto de Galicia, modelos normalizados de solicitud y la posibilidad de envío a la Administración Pública requerida.

Illes Balears

(borrador de decreto, sujeto a cambios)

Siempre que sea posible se ofrecerá el acceso a la información en la forma solicitada por el ciudadano. Si no hubiese indicado un medio preferente, se dará prioridad a la vía electrónica.

La Rioja

Artículo 14. Tramitación electrónica.

1. El derecho de acceso a la información pública se ejercerá, tramitará y resolverá por medios electrónicos, salvo cuando el ciudadano haya manifestado su preferencia por otro medio.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la tramitación electrónica será obligatoria para personas jurídicas o colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. La determinación de las personas jurídicas y colectivos obligados a efectuar la tramitación por medios electrónicos se efectuará reglamentariamente.

Madrid

Murcia

Artículo 27. Formalización del acceso a la información pública.

1. La formalización del derecho de acceso se regirá por lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y por las reglas contenidas en los siguientes apartados.

2. Cuando se estimen, total o parcialmente, las solicitudes de acceso, se adjuntará a la resolución la información solicitada en la forma y formato elegidos.

3. Si no fuera posible entregar la información en la forma y formato elegidos, se indicará en la resolución la forma o formato en que se producirá el acceso, el plazo concedido para ello y las circunstancias en que habrá de producirse, garantizando, en todo caso, la efectividad del derecho y el acceso a la integridad de la información.

4. A los efectos de lo señalado en el apartado anterior, serán causas que determinen la imposibilidad de proporcionar la información en la forma o formato solicitado las siguientes:

a) Que el tamaño, información o formato de la información lo impidieran.

b) Que la información ya hubiera sido difundida con anterioridad en otra forma o formato mediante el cual el solicitante pudiera acceder fácilmente a la información requerida, debiendo, en este supuesto, adjuntársela en la resolución en el formato disponible o indicar en la misma dónde y cómo acceder a la información.

c) Que el acceso en la forma o formato solicitados pudiera ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original.

d) Que no existiera equipo técnico disponible para realizar la copia en el formato requerido.

e) Que el acceso pudiera afectar al derecho de propiedad intelectual.

f) Que existiera otra forma o formato de acceso más sencillo o económico para el erario público.

5. Cuando el acceso se realice de manera presencial en un archivo o dependencia pública, quienes accedan a la información deberán cumplir las condiciones y requisitos materiales de acceso que se hubieran señalado en la resolución. Deberán, asimismo, respetar las condiciones de reutilización de la información señaladas en el artículo 21.

Navarra

Artículo 32. Forma o formato de la información.

1. El órgano competente deberá suministrar la información en la forma o formato solicitado, a menos que concurra alguna de las circunstancias que se indican a continuación:

a) Que la información ya haya sido difundida previamente en otra forma o formato y el solicitante pueda acceder a ella fácilmente. En este caso, se deberá informar al solicitante de dónde y cómo puede acceder a dicha información o, en su caso, remitírsela en el formato disponible.

b) Que el órgano competente considere razonable poner a disposición del solicitante la información en otra forma o formato y lo justifique adecuadamente.

En los casos en que el acceso in situ pueda ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original, no sea posible la copia en un formato determinado debido a la inexistencia de equipos técnicos disponibles, o cuando la modalidad de acceso solicitada pueda afectar al derecho de propiedad intelectual, se podrá poner a disposición del solicitante la información en otra forma y formato.

También podrá ponerse a disposición del solicitante otra forma o formato cuando sea más sencilla o económica para el erario público.

País Vasco

(proyecto de ley)

Artículo 33.3. c) A recibir la información pública solicitada en la forma o formato elegidos, conforme a lo dispuesto en la ley.

Plazo para facilitar el acceso

El artículo 22 de la Ley 19/2013 establece en relación con el plazo para otorgar el acceso que «cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, un plazo no superior a diez días».

La mayor parte de las Comunidades Autónomas aplican el plazo establecido en la Ley 19/2013 bien porque se remitan en bloque en la materia de formalización del acceso a la ley básica, como son Castilla y León y La Rioja; o bien, aunque regulen elementos de la formalización del acceso, en cuanto al plazo no indiquen nada: Andalucía; utilicen una alusión genérica: Murcia; o reproduzcan el contenido de la norma estatal.

En otras normas autonómicas, como Aragón, se ordena entregar la información con la resolución al igual que en la norma estatal, pero cuando en los casos tasados en la ley, no se pueda, se formalizará el acceso en el menor plazo posible. Una fórmula similar es la que emplea el proyecto de ley del País Vasco.

De la lectura de la norma de Cataluña se deduce que, en primer lugar, con la resolución se propone plazo y modo de realizar el acceso, o bien se pueden facilitar los datos directamente. La norma no establece un plazo como tal y la entrega directa de la información parece la solución alternativa.

Tabla 5.12.
Plazo para formalizar el acceso desde la resolución estimatoria

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Plazo para formalizar el acceso

Andalucía

En el artículo 28.1 se remite a la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno LTBG.

Aragón

Artículo 33. Formalización del acceso.

1. Cuando la resolución de una solicitud sea estimatoria, total o parcialmente, se adjuntará como anexo a dicha resolución la información solicitada. Si esto no fuera posible debido a su tamaño, extensión o naturaleza, se indicará la forma o formato de la información y el plazo y las circunstancias del acceso, que deberán garantizar la efectividad del derecho y la integridad de la información en el menor plazo posible.

Asturias

(proyecto de ley en fase de elaboración y definición de contenidos)

Comunidad

Valenciana

Artículo 19. Formalización de acceso y costes.

El régimen sobre la formalización del acceso a la información, será el previsto en el artículo 22 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Canarias

Artículo 48. Acceso a la información.

Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.

Cantabria

Hasta finalizar la regulación del procedimiento, se remite a la legislación estatal.

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Artículo 5. Derecho de acceso a la información pública.

Se remite al procedimiento de la Ley 19/2013 en todo lo relativo a la formalización del acceso.

Cataluña

Artículo 34.

8. Si se estima la solicitud y no se ha producido oposición de terceros, la resolución puede ser sustituida por una comunicación por la que se indica al interesado que puede acceder a la información, o bien se le pueden facilitar los datos directamente.

Extremadura

Artículo 26. Formalización del acceso y costes.

1. El órgano competente deberá suministrar la información en la forma o formato solicitado, en el marco de la legislación básica del Estado (…).

Galicia

Illes Balears

(borrador de decreto, sujeto a cambios)

Se remite al procedimiento de la Ley 19/2013 en todo lo relativo a la formalización del acceso.

La Rioja

Artículo 13. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

1. El derecho de acceso a la información pública se ejercerá conforme al procedimiento establecido en la legislación básica del Estado.

Madrid

Murcia

Artículo 27. Formalización del acceso a la información pública.

1. La formalización del derecho de acceso se regirá por lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y por las reglas contenidas en los siguientes apartados.

2. Cuando se estimen, total o parcialmente, las solicitudes de acceso, se adjuntará a la resolución la información solicitada en la forma y formato elegidos.

3. Si no fuera posible entregar la información en la forma y formato elegidos, se indicará en la resolución la forma o formato en que se producirá el acceso, el plazo concedido para ello y las circunstancias en que habrá de producirse, garantizando, en todo caso, la efectividad del derecho y el acceso a la integridad de la información.

Navarra

Artículo 31. Resolución.

1. La resolución se formalizará por escrito y se notificará al solicitante y, en su caso, al tercero afectado. Cuando sea estimatoria, total o parcialmente, de la solicitud, indicará la forma o formato de la información, y, cuando proceda, el plazo y las circunstancias del acceso, que deberán garantizar la efectividad del derecho y la integridad de la información en el menor plazo posible.

País Vasco (proyecto de ley)

Artículo 45. Resolución y entrega de la información solicitada.

La resolución irá acompañada de la información solicitada o del modo de acceso inmediato a dicha información.

Acceso cuando haya existido oposición de un tercero

La Ley 19/2013 indica que en los supuestos en los que haya existido oposición de un tercero, el acceso concedido solo se podrá ejercer cuando haya transcurrido el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información. Por tanto, la propia ley suspende la ejecución del acto, con el fin de que en tanto no se resuelva el recurso no se produzca un perjuicio de imposible o difícil reparación.

Ante esta cuestión, pocas normas autonómicas se pronuncian de forma diferente a la Ley 19/2013. Además de aquellas normas que remiten en bloque toda la formalización del acceso a la regulación básica estatal: Castilla y León y La Rioja; las que sí regulan elementos de la formalización del acceso, no se pronuncian en este caso: Andalucía (el artículo 28.1 se remite a la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno (LTBG)), Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y proyecto de ley del País Vasco.

En el proyecto de ley del País Vasco, en el caso en que la resolución conceda el acceso total o parcial a una información que afecte a terceras personas que se hayan opuesto en el correspondiente incidente previo, el acceso solo se hará efectivo una vez vencido el plazo de que dispone el tercero para recurrirla, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, sin que lo haya hecho o una vez sea firme la resolución del recurso confirmando el derecho del solicitante a recibir la información.

Canarias reproduce directamente el enunciado de la Ley 19/2013. Extremadura reproduce este contenido pero de modo incompleto, refiriéndose al carácter suspensivo del recurso, sin indicar cuál. En el caso de Cataluña se elimina directamente el carácter suspensivo de la interposición del recurso contencioso, dejándolo en manos de las medidas cautelares que pueda imponer el juez de lo contencioso. Este hecho puede suponer una vulneración del carácter básico de la Ley 19/2013, en cuanto erosiona una garantía reconocida para los terceros que se hayan opuesto al acceso.

Tabla 5.13.
Regulación del acceso cuando haya existido oposición de un tercero

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Regulación del acceso cuando haya existido oposición de un tercero

Andalucía

En el artículo 28.1 se remite a la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno (LTBG).

Aragón

No lo indica.

Asturias

(proyecto de ley en fase de elaboración y definición de contenidos)

Comunidad

Valenciana

No lo indica.

Canarias

Artículo 48.

4. Cuando la resolución conceda el acceso total o parcial a una información que afecte a un tercero que se haya opuesto, el acceso solo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.

Cantabria

Hasta que no finalice la regulación del procedimiento, se remite a la legislación estatal.

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Artículo 5. Derecho de acceso a la información pública.

Se remite al procedimiento de la Ley 19/2013 en todo lo relativo a la formalización del acceso.

Cataluña

Artículo 34.

3. Si la resolución es estimatoria de la solicitud y ha existido oposición de terceros, el acceso a la información solamente puede hacerse efectivo una vez ha transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo sin que se haya formalizado o, en el supuesto de que se haya presentado este recurso, si no se ha acompañado de petición de medidas cautelares de suspensión o se ha resuelto este incidente manteniendo la ejecutividad del acto administrativo.

Extremadura

Artículo 24.

2. Cuando la resolución conceda el acceso total o parcial a una información que afecte a un tercero que se haya opuesto, el acceso solo se hará efectivo una vez transcurrido el plazo para recurrirla sin que se hubieran interpuesto por el tercero afectado los recursos, en su caso, procedentes. Esta condición suspensiva del ejercicio del derecho de acceso se hará constar expresamente en la resolución.

Galicia

(proyecto de ley)

Remisión general a la normativa básica (artículo 25.1).

Illes Balears

(borrador de decreto, sujeto a cambios)

Reproduce la Ley 19/2013 en este punto.

La Rioja

Artículo 13. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Se remite al procedimiento de la Ley 19/2013 en todo lo relativo a la formalización del acceso.

Madrid

Murcia

No lo indica.

Navarra

Artículo 31.

Cuando la resolución conceda el acceso total o parcial a una información que afecte a un tercero que se haya opuesto, el acceso solo se hará efectivo una vez transcurrido el plazo para recurrirla sin que se hubieran interpuesto por el tercero afectado los recursos, en su caso, procedentes, y en consecuencia, la misma hubiera adquirido firmeza. Esta condición suspensiva del ejercicio del derecho de acceso se hará constar expresamente en la resolución.

País Vasco

(proyecto de ley)

Artículo 45.3.

En el caso en que la resolución conceda el acceso total o parcial a una información que afecte a terceras personas que se hayan opuesto en el correspondiente incidente previo, el acceso solo se hará efectivo una vez vencido el plazo de que dispone el tercero para recurrirla, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, sin que lo haya hecho o una vez sea firme la resolución del recurso confirmando el derecho del solicitante a recibir la información.

Coste del acceso

La Ley 19/2013 establece que el coste del acceso es gratuito, aunque la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente del original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989 de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.

En relación con los costes, las normas autonómicas siguen el esquema estatal y reconocen la gratuidad del acceso, aunque con alguna matización. Nuevamente hay que distinguir las Comunidades Autónomas que remiten a la ley básica todo el procedimiento de formalización del acceso: Castilla y León, La Rioja y proyecto de ley de Galicia; o bien reproducen lo dicho en la ley estatal: Canarias y Comunidad Valenciana.

Entre aquellas que se pronuncian, cabe distinguir entre aquellas que se refieren a la gratuidad con carácter general, como son los casos de Aragón y el País Vasco; y aquellas otras que se refieren a la gratuidad si el acceso se lleva a cabo in situ o a través de medios electrónicos: Andalucía, Cataluña, Extremadura, Murcia y Navarra.

El artículo 34.3 de la Ley de Transparencia pública de Andalucia (LTPA) hace referencia a un elemento diferenciador de la ley andaluza al señalar que «En ningún caso, la imposibilidad o incapacidad de hacer frente a las tasas o precios públicos establecidos podrán ser causa para negar el acceso pleno a una información pública solicitada (…)».

Todas las normas autonómicas incluyen tasas en concepto de expedición de copias o por la transposición a formatos diferentes al original.

Tabla 5.14.
Coste del acceso

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Coste del acceso

Andalucía

Artículo 34. Materialización del acceso a la información pública.

2. Será gratuito el examen de la información solicitada en el sitio en que se encuentre, así como la entrega de información por medios electrónicos.

3. Las entidades y órganos obligados por la ley elaborarán, publicarán y pondrán a disposición de las personas solicitantes de información pública el listado de las tasas y precios públicos que sean de aplicación a tales solicitudes, conforme a lo previsto en el artículo 6. g), así como los supuestos en los que no proceda pago alguno. En ningún caso, la imposibilidad o incapacidad de hacer frente a las tasas o precios públicos establecidos podrán ser causa para negar el acceso pleno a una información pública solicitada al amparo de la presente ley, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Aragón

Artículo 33. Formalización del acceso.

3. Como regla general, el acceso a la información será gratuito. La expedición de copias y la transposición a formatos diferentes al original en que se contenga la información podrá someterse al pago de una cantidad, que no exceda del coste real de reproducción y distribución. Para el establecimiento de exacciones, se estará a lo previsto en la legislación de tasas y precios públicos autonómica o local que corresponda.

Asturias

(proyecto de ley en fase de elaboración y definición de contenidos)

Comunidad

Valenciana

Artículo 19. Formalización de acceso y costes.

El régimen sobre la formalización del acceso a la información, será el previsto en el artículo 22 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley 19/2003, las exacciones a que pudiera haber lugar se exigirán de acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat.

Canarias

Artículo 50. Costes de acceso a la información.

El acceso a la información será gratuito. No obstante, la obtención de copias y la transposición a formatos diferentes del original podrán estar sujetas al pago de las tasas establecidas de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora propia de la Comunidad Autónoma.

Cantabria

Hasta que no finalice la regulación del procedimiento, se remite a la legislación estatal.

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Artículo 5. Derecho de acceso a la información pública.

Se remite al procedimiento de la Ley 19/2013 en todo lo relativo a la formalización del acceso.

Cataluña

Artículo 37. Gratuidad y contraprestaciones.

1. El acceso a la información pública es gratuito si los datos son consultados en el lugar donde se encuentran depositados, o bien si existen en formato electrónico, en cuyo caso deben ser entregados por correo electrónico.

2. La expedición de copias y la transposición a formatos distintos al original pueden quedar sujetos a contraprestación económica, la cual no puede exceder el coste de la operación.

Extremadura

Artículo 26. Formalización del acceso y costes.

4. Serán gratuitos:

a) El acceso a la información en supuestos en que no se haya dispuesto lo contrario.

b) El examen de la información solicitada allí donde se encuentre.

c) La entrega de información por correo electrónico o sistema electrónico equivalente.

5. En el caso de los archivos, bibliotecas y museos, se atenderá, en lo que a gratuidad o pago de cantidad alguna se refiere, a lo que disponga su legislación específica.

6. La expedición de copias y la transposición a formatos diferentes al original en que se contenga la información podrán someterse al pago de una cantidad según las tasas recogidas en la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Galicia

(proyecto de ley)

Disposición adicional cuarta: «El acceso a la información será gratuito. No obstante, la obtención de copias y la transposición a formatos diferentes del original podrán estar sujetos al abono de las tasas establecidas en la normativa de la Comunidad Autónoma de Galicia sobre el particular».

Illes Balears

(borrador de decreto, sujeto a cambios)

La puesta a disposición de la información será gratuita. No obstante, se podrán cobrar tasas o precios públicos para la realización de copias o la conversión a otros formatos. En estos casos, el solicitante tendrá que acreditar el pago de la reproducción o transposición a otro formato para poder recibir la información.

La Rioja

Artículo 13. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Se remite al procedimiento de la Ley 19/2013 en todo lo relativo a la formalización del acceso.

Madrid

Murcia

Artículo 27. Formalización del acceso a la información pública.

6. De acuerdo con el principio de gratuidad mencionado en el artículo 3, con carácter general, será gratuito el acceso de la información solicitada en el sitio en que se encuentre la misma, así como la entrega de información por correo electrónico u otros medios electrónicos. La expedición de copias y la transposición a formatos diferentes del original en que se contenga la información podrá someterse al pago de una cantidad, de acuerdo con lo que al respecto disponga el Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales.

Navarra

Artículo 33. Gratuidad del acceso in situ y tasas y precios.

1. Serán gratuitos:

a) El acceso a la información a que se refiere el artículo 13 de esta ley foral o a aquella información en que no se haya dispuesto lo contrario.

b) El examen de la información solicitada en el sitio en que se encuentre.

c) La entrega de información por correo electrónico o sistema electrónico equivalente.

2. En el caso de los archivos, bibliotecas y museos, se atenderá, en lo que a gratuidad o pago se refiere, a lo que disponga su legislación específica.

3. La expedición de copias y la transposición a formatos diferentes al original en que se contenga la información podrán someterse al pago de una cantidad que no exceda de sus costes.

País Vasco (proyecto de ley)

Artículo 37. Principio de gratuidad y costes.

1 y 2. El acceso a la información es gratuito. Únicamente se cobrará una cantidad en concepto de tasa, conforme a la normativa correspondiente, si se expiden copias o se transpone a formato diferente el original en el que se contenga la información. La cantidad no podrá exceder el coste real en el que incurra la Administración.

Las unidades de información

Con el fin de gestionar correctamente la información y cumplir con los requisitos del procedimiento de acceso, el artículo 21 de la Ley 19/2013 obliga a las Administraciones Públicas a integrar en su propia estructura sistemas de gestión de solicitudes. La norma estatal establece un principio organizativo muy básico para las Administraciones Públicas y más detallado en relación con la Administración General del Estado. En el caso de esta última se prevé la creación de unidades especializadas de información que, en materia de derecho de acceso, cuentan con la capacidad de recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información; realizar los trámites internos para dar el acceso a dicha información solicitada y llevar el seguimiento y control de la tramitación de las solicitudes de acceso, llevar un registro de las solicitudes de acceso y asegurar la disponibilidad en la página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia.

En el ámbito autonómico puede comprobarse que algunas normas sí establecen unas unidades especializadas al estilo de las unidades de formación de la Administración General del Estado, encomendándoles las funciones relativas a la tramitación, seguimiento, control y registro de las solicitudes de acceso. Son los casos de Andalucía, Aragón, Canarias y La Rioja. Suelen recibir la denominación de «unidades de transparencia» o «unidades de información». En el caso de Castilla y León se prevén, pero solo con carácter potestativo. En el proyecto de ley del País Vasco se prevé esta figura, con unas características y funciones similares a las de la unidad especializada, aunque no se les atribuye una denominación específica.

En otras normas no se alude a unidades especializadas, indicando el órgano que asume sus funciones: las Subsecretarías de las Consejerías en la Comunidad Valenciana.

La norma de Cataluña se limita a reproducir el artículo 21 de la Ley 19/2013, indicando que «la Administración debe establecer sistemas para integrar la gestión de las solicitudes de información en el ámbito de su organización interna».

En estos últimos casos el tiempo dirá si se ha producido la verdadera integración de los sistemas de gestión de las solicitudes de información en el ámbito de la organización interna autonómica de un modo eficiente.

Tabla 5.15.
Unidades especializadas para la tramitación de las solicitudes de acceso

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Denominación y funciones relacionadas con el derecho de acceso

Andalucía

Unidades de transparencia (dependen de la Viceconsejería).

Artículo 41.1. En cada Consejería existirá una unidad de transparencia cuyas funciones se asignarán a una unidad con nivel orgánico mínimo de servicio, que, a estos efectos, actuará bajo la dependencia de la Viceconsejería con el fin de impulsar la transparencia en el ámbito de la Consejería y sus entidades y organismos adscritos y facilitar la aplicación en ese ámbito de los criterios e instrucciones que se establezcan.

Aragón

Unidades de transparencia (dependen de la Secretaría General Técnica).

Artículo 40.2. Las funciones a desarrollar por dichas unidades de transparencia serán las siguientes:

a) Obtener y elaborar la información a que se refiere este título, facilitando el acceso a la misma.

b) Tramitar las solicitudes de acceso a la información, recibiendo las solicitudes y realizando los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.

c) Efectuar el seguimiento y control de la tramitación de las solicitudes de acceso a la información a los organismos y entidades dependientes del departamento. A tal fin, se encargará de llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.

d) Comunicar al departamento competente en materia de transparencia los datos correspondientes a las solicitudes de acceso a la información dirigidas al departamento o a los organismos y entidades dependientes del mismo.

e) Proponer y, en su caso, poner en marcha las medidas que se consideren necesarias para desarrollar en el departamento las previsiones contenidas en esta ley.

Asturias

(proyecto de ley en fase de elaboración y definición de contenidos)

Comunidad

Valenciana

No se prevé la existencia de unidades especializadas. Las solicitudes se dirigen a la Subsecretaría de la Consejería o al centro directivo correspondiente.

Canarias

Unidades responsables de la información pública (dependen de la Secretaría General Técnica).

Artículo 10.3.

b) El seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información y, en su caso, de las reclamaciones que se interpongan.

c) El apoyo y asesoramiento técnico a los órganos competentes del departamento o entidad en la tramitación y resolución de las solicitudes de acceso a la información.

d) La orientación a las personas que lo soliciten en el ejercicio del derecho de acceso y la asistencia a aquellas en la búsqueda de la información, sin perjuicio de las funciones que tengan atribuidas otras unidades administrativas.

e) La inscripción en el registro de solicitudes de acceso.

f) La elaboración de los informes sobre el grado de aplicación de la ley en su ámbito competencial.

Cantabria

En el primer semestre de 2016 está previsto registrar el Proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana.

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Artículo 6. Unidades de acceso a la información (potestativas).

No se indica su adscripción orgánica. Funciones relacionadas con el derecho de acceso:

a) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.

b) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada en la forma que reglamentariamente se determine.

c) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.

Cataluña

Artículo 27.

4. La Administración debe establecer sistemas para integrar la gestión de las solicitudes de información en el ámbito de su organización interna.

Extremadura

No lo indica.

Galicia

(proyecto de ley)

Artículo 28.

1. En los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título, los órganos, servicios o unidades administrativas responsables de la transparencia distintos de los establecidos en el número 2 serán designados por el órgano competente que establezca su normativa reguladora.

2. En el ámbito del sector público autonómico, los órganos, servicios o unidades administrativas responsables de la transparencia dependerán, en el caso de la Administración General de la Comunidad Autónoma, de la Secretaría General de la Presidencia y de la Secretaría General Técnica de cada consejería o de los órganos de gobierno o ejecutivos equivalentes de las entidades instrumentales del sector público autonómico.

Illes Balears

(borrador de decreto, sujeto a cambios)

Se prevé la creación de unidades de información en cada Secretaría General de las Consejerías.

La Rioja

Artículo 4. Unidades de transparencia.

2. (…) será competente para recibir y tramitar las solicitudes previstas en el título II que afecten al ámbito del órgano, organismo o entidad al que pertenecen y la responsable de velar por el cumplimiento de las obligaciones del cumplimiento de las normas vigentes en las citadas materias.

Madrid

Murcia

No lo indica.

Navarra

País Vasco (proyecto de ley)

Artículo 20. Adecuación de la estructura al derecho de acceso y a las necesidades de información de la ciudadanía.

1. Las entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de País Vasco que conforme a lo dispuesto en esta ley resuelven las solicitudes de acceso a la información pública atribuirán expresamente a un órgano de su estructura la misión de promover y difundir los principios de transparencia y publicidad activa. El citado órgano será el encargado de recibir, tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información.

3

«Especial atención merece el tema del silencio, que se prevé como negativo, lo que fue objeto de numerosas críticas por algunos especialistas y, en particular, por organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. Críticas a mi juicio absolutamente injustificadas. Me atrevo a afirmar que en esta materia solo cabe razonablemente esta solución (al menos si queremos seguir teniendo Estado y derechos constitucionales). No parece casual que sea la acogida por la generalidad de leyes de acceso a la información en el Derecho Comparado». Guichot, 2014: 72.

CAPÍTULO 6
EL SISTEMA DE IMPUGNACIÓN

Consideraciones generales

El sistema de la Ley 19/2013 establece una doble vía para el control de las fórmulas de acceso. Por una parte cabe la impugnación directa ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y, por otra parte, cabe la posibilidad de reclamación potestativa del artículo 24, es decir, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

En la primera versión del anteproyecto de ley se planteaba la aplicación directa de la Ley 30/1992, de modo que en función del tipo de órgano que resolviese correspondería la impugnación potestativa en reposición ante el propio órgano o en alzada ante el superior jerárquico. Sin embargo, esta fórmula no se consideró adecuada porque podía generar dilaciones en las decisiones en materia de transparencia y podría dar lugar la estimación de un recurso de alzada por la vía del doble silencio (Barrero, 2014: 238). La versión actual permite acudir directamente a la vía contenciosa, favoreciendo mejor el objetivo de la transparencia; aunque cabe acudir de manera potestativa a la autoridad independiente de control, ya sea el Consejo de Transparencia o ya sea la autoridad independiente que establezcan las normas autonómicas o de las ciudades autónomas.

La naturaleza de esta reclamación tiene el carácter de sustitutiva de los recursos administrativos, en los términos del artículo 107.2 de la Ley 30/1992. También se aplica por analogía el artículo 116.2 de la Ley 30/1992 en lo referente a la no utilización simultánea de la reclamación y del recurso contencioso-administrativo. Al igual que en los recursos de reposición, su interposición es potestativa, pero una vez planteada la reclamación, es precisa la resolución expresa o la desestimación presunta para acudir a los tribunales.

En relación con las normas autonómicas se plantea en los siguientes subapartados la determinación del objeto y los sujetos sometidos al régimen de impugnación, la entidad competente para la resolución de las reclamaciones, el plazo de interposición, la tramitación de la reclamación, el plazo máximo para resolver, el sentido del silencio, la notificación y publicación, y en su caso la comunicación de las resoluciones de las reclamaciones a órganos constitucionales o estatutarios.

Objeto de la reclamación, naturaleza jurídica y sujetos impugnables

Cuestiones generales

En cuanto al objeto de las impugnaciones, tal como indica el artículo 24.1 de la Ley 19/2013 frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en la vía contencioso-administrativa.

En cuanto a los sujetos impugnados la propia norma estatal establece en su artículo 23.2 que corresponden a las entidades enumeradas en su artículo 2.1 salvo las incluidas en su letra f).

Objeto de la reclamación

Las normas autonómicas coinciden con la norma estatal en cuanto al objeto de las impugnaciones, refiriéndose a las resoluciones expresas y presuntas en materia de acceso o bien genéricamente, a las resoluciones en materia de acceso. La inclusión en las propias normas de la resolución por silencio, ya supone implícitamente que dichas resoluciones se pueden recurrir.

Naturaleza jurídica de la impugnación

En cuanto a la naturaleza jurídica de la impugnación, la mayor parte de las Comunidades Autónomas lo configuran como una reclamación potestativa previa a la vía judicial, de carácter sustitutivo del recurso administrativo, en la misma línea que la norma estatal. Tan solo se observan dos excepciones: Navarra y Cataluña.

La norma de la Comunidad Foral, anterior a la ley estatal, no establece un organismo de control como tal, sino que prevé un órgano de seguimiento, dejando el control al sistema de recursos ordinarios regulados en el procedimiento administrativo común, con las especialidades de la ley foral de la Administración de la Comunidad Foral. Además, detalla que los recursos de alzada los resolverá el consejero titular del departamento competente en materia de presidencia. Por otra parte, cita la figura del Defensor del Pueblo de Navarra, como posible destinatario de las quejas por incumplimiento en materia de transparencia y acceso, que son compatibles con los recursos administrativos y, en su caso, con el recurso contencioso-administrativo. El sistema navarro, por tanto, mantiene un sistema de control difuso en la propia Administración Pública navarra, basándose en el propio procedimiento administrativo común y sus garantías, pero que es preciso agotar para poder acudir a la jurisdicción contenciosa.

La norma de Cataluña, posterior a la ley estatal, adopta un sistema también diferente de impugnaciones. Establece la figura del recurso potestativo de reposición ante el propio órgano que dicta la resolución objeto de impugnación, de modo que el interesado ya podría acudir desde el primer momento a la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, establece la figura de la reclamación ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, que tiene un doble carácter: o bien sustitutiva del recurso de reposición o bien posterior a ese mismo recurso. Con lo cual, se introduce la posibilidad de una reclamación con carácter de segundo recurso potestativo de reposición, de dudoso encaje en nuestro sistema de procedimiento administrativo. Bien es cierto que no se vulneran las garantías del interesado, en tanto que puede acudir a los tribunales o a la propia Comisión de Garantía del Derecho de Acceso desde un primer momento, siendo esta última opción la más lógica.

Sujetos obligados

En cuanto a los sujetos obligados, todas las normas se refieren a sus propios ámbitos subjetivos de aplicación, incluyendo con carácter general a sus propias Administraciones y a los demás sujetos obligados por la ley. Bien es cierto que se plantea, como en la norma estatal, la cuestión de que existe la posibilidad de impugnar decisiones de entidades que no tienen el carácter de Administraciones Públicas, pero la naturaleza de los órganos de control no se basa en la revisión de actos administrativos, sino de decisiones sujetas a las normas de transparencia, asumiendo la naturaleza jurídica de un organismo de supervisión tanto del sector público como del sector privado (Barrero, 2014: 239).

Lo más destacable de las normas autonómicas, en cuanto al ámbito subjetivo de impugnación, es el aspecto relativo a las entidades excepcionadas. En algunos casos se indican de manera explícita, al estilo de la norma estatal, como en el caso de Andalucía, en donde las decisiones del Consejo Consultivo de Andalucía, el Consejo Económico y Social de Andalucía y el Consejo Audiovisual de Andalucía; del Parlamento de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de Andalucía, solo son recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Idéntica solución es la que adopta la norma de Murcia, excepcionando al Consejo Jurídico de la Región de Murcia y el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y a la Asamblea Regional de Murcia.

En otros casos, las normas autonómicas someten al control de transparencia y derecho de acceso los elementos de actividad de Derecho Administrativo de las entidades excepcionadas. Así, la norma de Aragón somete a las Cortes de Aragón, la Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas de Aragón al control en materia de personal, bienes, contratación y subvenciones. Esta solución la adoptan con diversa modulación en el tipo de materias sometidas, las normas extremeña, canaria y valenciana, en lo referente a sus órganos estatutarios. Las dos primeras someten toda la actividad de Derecho Administrativo, en tanto que la norma valenciana, se centra en los contenidos de carácter presupuestario.

El resto de Comunidades Autónomas solo citan en su ámbito de aplicación a su sector público administrativo y económico, así como entidades privadas sometidas a transparencia, sin alusión expresa a los órganos estatutarios. Si se aplica por analogía la Ley 19/2013, los órganos estatutarios equivalentes a los constitucionales del Estado, solo podrían ser recurridos ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Tabla 6.1.
Reclamaciones contra las resoluciones de solicitudes de derecho de acceso:
objeto de la reclamación y sujetos obligados

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Objeto de la reclamación

Sujetos obligados y excepcionados

Andalucía

Artículo 33. Reclamaciones frente a las resoluciones.

1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, podrá interponerse reclamación ante el Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía, con carácter potestativo y previo a su impugnación en la vía contencioso-administrativa. Esta reclamación se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta ley.

2. Las resoluciones referentes al derecho de acceso a la información pública que sean dictadas por las instituciones y entidades a que se refiere el artículo 3.1. b) y 3.2 solo serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

3.1. b) El Consejo Consultivo de Andalucía, el Consejo Económico y Social de Andalucía y el Consejo Audiovisual de Andalucía.

3.2.2. El Parlamento de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Aragón

Artículo 36. Reclamación en materia de acceso a la información pública.

Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia, con carácter potestativo y previo a su impugnación en la vía contencioso-administrativa.

Artículo 4.2. Ámbito subjetivo de aplicación.

2. Las Cortes de Aragón, la Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas de Aragón estarán sujetas a la legislación básica en materia de transparencia y a las disposiciones del presente título, en relación con sus actividades en materia de personal, bienes, contratación y subvenciones, sin perjuicio de lo que establezcan las Cortes de Aragón en ejercicio de la autonomía que les garantiza el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Asturias

(proyecto de ley en fase de elaboración y definición de contenidos)

Comunidad Valenciana

Artículo 24. Reclamaciones contra las resoluciones.

1. Las personas interesadas podrán interponer ante el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, con carácter potestativo, previo a su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, reclamación frente a las resoluciones de las solicitudes de acceso a la información.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

c) Les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu y cualquier otra institución estatutaria análoga que se pueda crear en el futuro, en relación con su actividad administrativa y presupuestaria.

Canarias

Artículo 52. Objeto de la reclamación.

La reclamación podrá presentarse contra las resoluciones, expresas o presuntas, de las solicitudes de acceso que se dicten en el ámbito de aplicación de esta ley, con carácter potestativo y previo a la impugnación en la vía contencioso-administrativa.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

2. Asimismo, en la actividad sujeta al Derecho Administrativo, será aplicable a:

a) El Parlamento de Canarias, en los términos de la disposición adicional cuarta.

b) El Diputado del Común, la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Consejo Consultivo de Canarias, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional quinta.

c) El Consejo Económico y Social.

d) Las corporaciones de Derecho Público.

Cantabria

Se han iniciado los trámites para suscribir un Convenio con el Consejo de Transparencia y buen Gobierno (CTBG).

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Artículo 8. Reclamación ante la Comisión de Transparencia.

1. Contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma, por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos, podrá interponerse, con carácter potestativo y previo a su impugnación en la vía contencioso-administrativa, una reclamación ante la Comisión de Transparencia a la que se refiere el artículo 12.

Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 2.2. Los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos generales de la Comunidad, no comprendidos en el apartado anterior, forman parte igualmente del sector público autonómico.

Cataluña

Artículo 38. Recurso administrativo.

Las resoluciones expresas o presuntas dictadas de acuerdo con lo dispuesto por el presente título pueden ser objeto de recurso potestativo de reposición ante el órgano que las ha dictado.

Artículo 39. Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública.

1. Las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública y, en su caso, las que resuelvan el recurso de reposición pueden ser objeto de reclamación gratuita y voluntaria ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, encargada de velar por el cumplimiento y las garantías del derecho de acceso a la información pública que regula el presente título.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

Se incluyen las instituciones de la Generalitat a las que se refiere el capítulo V del título II del Estatuto de Autonomía.

Extremadura

Artículo 43. Reclamaciones de acceso.

Las reclamaciones en materia de acceso se regirán por la normativa básica estatal. A este respecto, la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura podrá suscribir un convenio con la Administración General del Estado para la resolución de las reclamaciones que presenten los ciudadanos en relación con las resoluciones que se dicten en el ejercicio de acceso a la información, sin perjuicio de la potestad de la Comunidad Autónoma de Extremadura para crear o atribuir a un órgano propio el ejercicio de tal competencia.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

e) La Asamblea de Extremadura, en el ejercicio de aquellas actividades sometidas a derecho administrativo.

Galicia

(proyecto de ley)

Artículo 26.

1. Contra toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Valedor del Pueblo.

2. La reclamación ante el órgano independiente de control tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos.

Illes Balears

(anteproyecto de ley modificadora ley del Consejo Consultivo Illes Balears, sujeto a cambios)

Hasta que se constituya un órgano propio independiente, lafunción se atribuye temporalmente al Consejo Consultivo de las Illes Balears, el cual conocerá y resolverá las reclamaciones de acceso a la información pública que se interpongan contra las resoluciones expresas o las desestimaciones presuntas dictadas por la Administración Autonómica, insular y local, por los organismos y entidades del sector público dependientes o vinculados a cualesquiera de estas Administraciones y por el resto de organismos públicos y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, cuyas funciones y competencias se circunscriben al ámbito territorial de las Illes Balears.

Contra las resoluciones expresas o presuntas de acceso a la información pública del Parlamento de las Illes Balears, de la Sindicatura de Cuentas, del Consejo Económico y Social, del Consejo Consultivo de las Illes Balears y del resto de entes a que se refiere el artículo 2.1. f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, solo procederá la interposición del recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 23 y en la disposición adicional cuarta de la mencionada ley.

La Rioja

Artículo 16. Reclamación previa.

Será competente para conocer de la reclamación previa frente a las resoluciones expresas o presuntas de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno integrado en la Administración General del Estado, conforme a lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Madrid

Artículo 21. Competencias en materia de acceso a la información pública.

1. Corresponde al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid el conocimiento y la resolución de las reclamaciones de acceso a la información pública previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuando se interpongan potestativamente contra las resoluciones expresas o las desestimaciones presuntas dictadas por la Administración de la Comunidad de Madrid, por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial y por todas las entidades y organismos del sector público de ambas comprendidas en el ámbito de aplicación de la referida ley.

Artículo 21.4. De conformidad con lo previsto en el artículo 23.2 y en la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, contra las resoluciones expresas o presuntas de acceso a la información pública de la Asamblea de Madrid, la Cámara de Cuentas y del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid solo procederá la interposición del recurso contencioso-administrativo.

Murcia

Artículo 28. Recursos y reclamaciones frente a las resoluciones.

2. Con carácter potestativo, y previo a su impugnación en la vía contencioso-administrativa, podrá interponerse reclamación ante el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. Esta reclamación se regirá por lo establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y por lo previsto en esta ley. No cabrá formular esta reclamación contra las resoluciones expresas o presuntas dictadas por las instituciones señaladas en el artículo 5, apartados 1. d) y 2.

Artículo 28. Recursos y reclamaciones frente a las resoluciones.

3. No cabrá formular esta reclamación contra las resoluciones expresas o presuntas dictadas por las instituciones señaladas en el artículo 5, apartados 1. d) y 2.

d) El Consejo Jurídico de la Región de Murcia y el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.

2. La Asamblea Regional de Murcia estará sujeta a la legislación básica del Estado en materia de transparencia y a las disposiciones de la presente ley en lo que afecta al ejercicio de sus funciones de carácter administrativo, sin perjuicio de lo que la misma establezca en ejercicio de la autonomía que le garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio.

Navarra

Artículo 67. Recursos.

1. Quien considere que un acto o, en su caso, una omisión imputable a la Administración Pública ha vulnerado los derechos que le reconoce esta ley foral en materia de información y participación y colaboración públicas, podrá interponer los recursos administrativos regulados en la normativa básica sobre procedimiento administrativo común y en la ley foral de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y, en su caso, el recurso contencioso-administrativo previsto en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Se entiende a efectos de esta ley foral por Administración Pública, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma.

2. Las sociedades públicas, fundaciones públicas y las entidades de derecho público vinculadas a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públicos, y las personas físicas y jurídicas, que presten servicios públicos bajo su autoridad, ajustarán su actividad de servicio público a los principios rectores de esta ley foral y, además, estarán obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento por esta de las obligaciones previstas en esta ley, todo ello sin perjuicio de lo que dispongan sus normas reguladoras.

País Vasco

(proyecto de ley)

Artículo 46. Régimen de impugnaciones.

Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública ponen fin a la vía administrativa y son recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

No obstante, contra las resoluciones dictadas por el Parlamento Vasco, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, el Ararteko, la Comisión Jurídica Asesora, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Relaciones Laborales en materia de acceso a la información pública solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo.

2. Alternativamente, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, dictada conforme al procedimiento regulado en esta ley, podrá interponerse una reclamación con carácter potestativo y previo a la impugnación en la vía contencioso-administrativa, conforme a lo siguiente:

Se podrá interponer ante la Agencia Vasca de Transparencia-Gardena, órgano de carácter independiente que asume las funciones previstas en la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Artículo 18. Sujetos públicos obligados a suministrar información.

Artículo 19. Sujetos privados obligados a suministrar información.

(…) A los efectos de esta ley se entiende por Administración Pública Vasca o Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco tanto la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco como su Administración Institucional y los entes instrumentales integrados en la misma.

Entidad competente para la resolución de las reclamaciones, plazo de interposición, plazo para resolver la reclamación y sentido del silencio administrativo

Órgano competente para resolver las reclamaciones

La competencia para resolver las reclamaciones corresponde al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en los supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013. Dicha disposición adicional cuarta permite que las reclamaciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las entidades locales de su ámbito territorial sean resueltas por el órgano que determinen las Comunidades Autónomas. No obstante, las Comunidades Autónomas pueden atribuir la competencia de resolución al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a través del correspondiente convenio con la Administración General del Estado.

En el momento actual, todas las Comunidades Autónomas que han legislado en materia de derecho de acceso con carácter posterior a la Ley 19/2013 han designado un órgano encargado de resolver las reclamaciones. Por el contrario, ninguna de las anteriores lo ha hecho: ni Galicia, que regula un tipo de acceso próximo a la Ley 30/1992 y que se encuentra actualmente a punto de presentar un nuevo proyecto de ley; ni las Illes Balears, que no regula ningún procedimiento de derecho de acceso; ni Navarra, que articula un sistema de control basado en los recursos del propio procedimiento administrativo común.

No obstante, en las Illes Balears se está tramitando un anteproyecto de ley de reforma de la Ley 5/2010, de 16 de junio, reguladora del Consejo Consultivo de las Illes Balears para atribuir a su Consejo Consultivo esta competencia, de forma transitoria, mientras se tramita la creación de un órgano específico.

Las Comunidades Autónomas que regulan el órgano encargado de resolver las reclamaciones, designan mayoritariamente un órgano de carácter autonómico, que generalmente se corresponde con el órgano de control de la transparencia y buen gobierno. Tan solo La Rioja deriva esta competencia de manera expresa al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado. En el caso de Extremadura la Comunidad Autónoma podrá suscribir un convenio con la Administración General del Estado para la resolución de las reclamaciones o podrá crear o atribuir a un órgano propio el ejercicio de la competencia.

Cantabria ha iniciado los trámites para suscribir un convenio con el Consejo de Transparencia estatal.

En lo referente al órgano de control, su nivel de independencia, articulación y funciones, nos extenderemos en el próximo apartado de manera más amplia.

Plazo de interposición

En relación con el plazo para interponer el recurso, todas las Comunidades Autónomas coinciden con la norma estatal, fijando un mes desde el día siguiente de la recepción de la notificación o bien desde el día siguiente en que el silencio administrativo comienza a desplegar sus efectos. Algunas normas lo fijan de manera explícita, como son las de Aragón, Canarias, Cataluña y País Vasco. Otras normas lo establecen por remisión a la legislación básica: Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid y Murcia. En el caso de Navarra se refiere a los recursos administrativos regulados en el procedimiento administrativo común, es decir un mes, ya que se trata de un recurso de reposición o de un recurso de alzada.

Plazo de resolución

La norma estatal fija un plazo de resolución de tres meses, según su artículo 24.4, que una vez transcurrido, la reclamación se entenderá desestimada. Coincide con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992 en relación con el plazo de resolución de los recursos de alzada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de reclamaciones no son sustitutivas del recurso de alzada, sino del de reposición (salvo en el caso de Cataluña, que pueden ser sustitutivas o posteriores a recursos de reposición). En el Anteproyecto de la Ley 19/2013 se había fijado un plazo de resolución de un mes. Sin embargo, al tratarse de un órgano distinto del que dictó la resolución recurrida, este no cuenta de manera inmediata con todos los antecedentes para pronunciarse, por lo que parece más razonable el plazo de tres meses.

Todas las normas autonómicas, salvo en Cataluña, coinciden en un plazo de resolución de tres meses, ya sea por citarlo la norma de manera expresa (Aragón, Canarias y proyecto del País Vasco) o por remisión a la legislación básica (Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia). En el caso de Cataluña el plazo de resolución es de dos meses. No obstante, hay que tener en cuenta la complejidad de la tramitación del procedimiento catalán, en el cual puede producirse una fase de mediación que daría lugar a la suspensión del plazo.

Sentido del silencio administrativo

También la cuestión del silencio suscita unanimidad en todas las normas autonómicas. El silencio siempre será negativo, entendiendo el interesado desestimada su reclamación por transcurso del plazo para resolver. Nuevamente se plasma de manera explícita en la norma (Aragón, Canarias, Cataluña y proyecto del País Vasco) o bien se produce una remisión a la legislación básica (Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid, Galicia y Murcia).

Se observa una similitud con lo dispuesto en la Ley 30/1992 para el plazo de resolución de los recursos de alzada y de reposición. Sin embargo, no se prevé en ninguna norma, en coincidencia con la Ley 19/2013, la previsión que sí recoge la Ley 30/1992 de la estimación en alzada por doble silencio. Desde un punto de vista de los intereses protegidos por las normas de transparencia y derecho de acceso, se justifica para evitar reconocimientos del derecho de acceso positivo contra las garantías de otros interesados (Barrero, 2014: 243). Desde un punto de vista formal se justificaría que las reclamaciones ante los órganos de control no son sustitutivas del recurso de alzada, sino del de reposición, en donde no opera la figura de la estimación por doble silencio.

Tabla 6.2.
Entidad competente para resolver reclamaciones, plazos de presentación y sentido del silencio administrativo

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Entidad competente para resolver las reclamaciones

Plazo de presentación de la reclamación

Plazo de resolución de la reclamación

Sentido del silencio de la reclamación

Andalucía

Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía.

Se remite a la legislación básica.

Se remite a la legislación básica.

Se remite a la legislación básica.

Aragón

Consejo de Transparencia.

Artículo 36. (…) un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación o desde el día siguiente a los efectos del silencio administrativo.

Artículo 36. Tres meses

Artículo 36. Negativo.

Asturias

(proyecto de ley en fase de elaboración y definición de contenidos)

Comunidad Valenciana

Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Artículo 24.2. Se remite a la legislación básica.

Artículo 24.2. Se remite a la legislación básica.

Artículo 24.2. Se remite a la legislación básica.

Canarias

Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 53. (…) un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Artículo 55. Tres meses.

Artículo 40.2. Negativo.

Cantabria

Convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Comisión de Transparencia.

Artículo 8. Se remite a la legislación básica.

Artículo 8. Se remite a la legislación básica.

Artículo 8. Se remite a la legislación básica.

Cataluña

Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública.

Artículo 42. (…) un mes a contar desde la notificación de la resolución, desde el momento en que ha finalizado el plazo para resolver.

Artículo 42.9. Plazo de dos meses.

Artículo 42.9. Negativo.

Extremadura

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal) a través de convenio de colaboración, o crear o atribuir, a un órgano propio, el ejercicio de tal competencia.

Artículo 43. Se remite a la legislación básica.

Artículo 43. Se remite a la legislación básica.

Artículo 43. Se remite a la legislación básica.

Galicia

(proyecto de ley)

Valedor del Pueblo.

Artículo 26.3. Su procedimiento se ajustará a lo previsto en la Ley 19/2013, para las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Artículo 26.3. Se remite a la legislación básica.

Artículo 26.3. Se remite a la legislación básica.

Illes Balears

(borrador de decreto, sujeto a cambios y anteproyecto de ley de reforma de la ley del Consejo Consultivo)

Consejo Consultivo de las Illes Balears, de forma transitoria, mientras no se cree un órgano propio.

La reclamación se podrá interponer en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la resolución que se pretende impugnar o a la finalización del plazo para resolver.

El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses.

Negativo.

La Rioja

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal).

Artículo 16. Se remite a la legislación básica.

Artículo 16. Se remite a la legislación básica.

Artículo 16. Se remite a la legislación básica.

Madrid

Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.

Artículo 21. Parece remitirse a la legislación básica.

Artículo 21. Parece remitirse a la legislación básica.

Artículo 21. Parece remitirse a la legislación básica.

Murcia

Consejo de Transparencia de la Región de Murcia.

Artículo 28. Se remite a la legislación básica.

Artículo 28. Se remite a la legislación básica.

Artículo 28. Se remite a la legislación básica.

Navarra

Órganos propios administrativos a través del procedimiento administrativo común y Defensor del Pueblo de Navarra.

Se aplica el procedimiento administrativo común.

País Vasco (proyecto de ley)

Agencia Vasca de Transparencia-Gardena.

Artículo 46. Un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Artículo 46.2. e) Tres meses.

Artículo 46.2. e) Negativo.

Audiencia a terceros durante la tramitación de la reclamación

El procedimiento de tramitación de las reclamaciones, según el artículo 24.3 de la Ley 19/2013, se remite al procedimiento de tramitación de los recursos administrativos que regula la Ley 30/1992 en su artículo 112, con reconocimiento explícito de un trámite de audiencia de entre diez y quince días, cuando la denegación de la resolución recurrida se fundamenta en la protección de derechos de terceros.

Las normas autonómicas se remiten mayoritariamente a la legislación estatal en materia de tramitación de las reclamaciones. Por su parte, Aragón, Canarias, el proyecto de ley de Galicia y el nuevo proyecto de ley del País Vasco expresan la solución planteada por la Ley 19/2013, sometiendo la tramitación de la reclamación a las garantías del procedimiento en fase de recurso de la Ley 30/1992.

Navarra utiliza directamente los propios recursos del procedimiento administrativo común, por lo que la aplicación de su régimen de tramitación es automática.

La única excepción es el sistema que establece la norma catalana. En los supuestos de oposición de terceros opta por un doble procedimiento fijado en su artículo 42.2: un procedimiento de mediación o un procedimiento ordinario con resolución, similar al del resto de Comunidades Autónomas, pero con plazo de resolución más reducido (dos meses). El primero aparece configurado, salvando las distancias, como una especie de conciliación previa comunicada por la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública tanto al reclamante como a los terceros afectados. El procedimiento de mediación suspende el plazo para resolver. El acuerdo de la mediación tiene que ser aprobado por todas las partes y la Administración afectada y no puede ser contrario al ordenamiento jurídico. En caso de no aceptarse la mediación o no alcanzarse acuerdo en el plazo de un mes, se pone en marcha el procedimiento ordinario. Además, si la denegación del acceso se ha fundamentado en la protección de datos personales, se precisa el informe preceptivo de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, que debe emitirlo en el plazo máximo de quince días.

Tabla 6.3.
La audiencia a terceros durante la fase de tramitación de las reclamaciones

Andalucía

Artículo 33. Se rige por la legislación básica estatal.

Aragón

Artículo 36.3. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros, se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.

Asturias

(proyecto de ley en fase de elaboración y definición de contenidos)

Comunidad Valenciana

Artículo 24. Se rige por la legislación básica estatal.

Canarias

Artículo 54. Tramitación de la reclamación.

1. La tramitación de la reclamación se ajustará a la establecida para los recursos administrativos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a lo establecido en esta ley.

2. Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.

Cantabria

Se regirá por la legislación estatal.

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Artículo 8.2. Se rige por la legislación básica estatal.

Cataluña

Extremadura

Artículo 43. Se rige por la legislación básica estatal.

Galicia

(proyecto de ley)

Remisión general a la normativa básica (artículo 26.3).

Illes Balears

(borrador de decreto, sujeto a cambios)

La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros, se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.

La Rioja

Artículo 13. Se rige por la legislación básica estatal.

Madrid

Artículo 21. Se rige por la legislación básica estatal.

Murcia

Artículo 28.2. Se rige por la legislación básica estatal.

Navarra

Artículo 67. Se rige por el procedimiento administrativo común.

País Vasco (proyecto de ley)

Artículo 46.2. c) La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Deber de notificación, publicación y comunicación de las reclamaciones a órganos estatutarios

Aspectos generales

A nivel estatal, como dispone el artículo 24.5 de la Ley 19/2013, las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno serán notificadas y se publicarán previa disociación de datos personales que contengan, por medios electrónicos y en los términos que se establezca reglamentariamente. Se trata, por tanto, de una garantía añadida al deber de notificar. Además, la persona titular de la presidencia del Consejo comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte. Además, según el artículo 40 de la Ley 19/2013, el Consejo «elevará anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley».

Notificación y publicación

No es preciso extenderse en la cuestión del deber de notificar, que ya se ha analizado en el subapartado anterior relativo a los plazos para resolver y notificar, incluido en todas las normas autonómicas de manera directa o bien por remisión a la Ley 19/2013 o a la Ley 30/1992.

En cuanto a la notificación a terceros interesados, todas las normas autonómicas aplican a las reclamaciones el régimen de tramitación de los recursos de la Ley 30/1992, ya sea de forma explícita o por remisión al artículo 24 de la Ley 19/2013 que también lo aplica. De este modo, se incluye, además del trámite de audiencia, la obligación de notificar a los interesados.

En cuanto a la publicación de las resoluciones de las reclamaciones, las normas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Madrid, Murcia y proyecto de ley de País Vasco, aluden al proceso previo de disociación. Las normas de la Comunidad Valenciana se refieren a la publicación sin citar la disociación. Sin embargo, entendemos que pudieran estar obligadas a la disociación en los supuestos que así lo exija la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

La norma de La Rioja deja las competencias de su órgano de control en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal.

Comunicación a los órganos estatutarios

Las normas autonómicas suelen contemplar la rendición, con carácter anual, de un informe de cumplimiento por parte del órgano de control a la cámara legislativa: Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla y León y Cataluña. En algunos casos también incluyen la remisión de las resoluciones, una vez hayan sido notificadas, al Defensor del Pueblo o comisionado equivalente: Andalucía, Aragón, Cataluña, Murcia y proyecto de ley del País Vasco.

Tabla 6.4.
Deber de publicación y comunicación de las resoluciones de las reclamaciones e materia de derecho de acceso

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Deber de publicación

Comunicación a otros órganos estatutarios

Andalucía

Artículo 33.3. Las resoluciones del Consejo se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos que se establezcan reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados.

Artículo 48.1. d) Presentar ante el Parlamento de Andalucía un informe anual de actuación.

Artículo 33.3. La persona titular de la Dirección del Consejo comunicará al Defensor del Pueblo Andaluz las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo.

Aragón

Artículo 36.5. Las resoluciones del Consejo de Transparencia se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón y en la sede electrónica o página web de la entidad objeto de la solicitud y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados o las interesadas.

Artículo 36.6. 6. El Consejo de Transparencia comunicará a la Justicia de Aragón las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo.

Asturias

(proyecto de ley en fase de elaboración y definición de contenidos)

Comunidad

Valenciana

Artículo 24.4. Las resoluciones de las reclamaciones adoptadas por el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se publicarán en la página web de la institución, previa disociación de los datos de carácter personal y una vez se hayan notificado a las personas interesadas.

Artículo 42.1. m) Aprobar y remitir, en el primer trimestre de cada año, a Les Corts Valencianes y al Consell, una memoria específica sobre su actividad durante el año anterior relativa a garantizar los derechos en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta memoria comprenderá las reclamaciones y consultas tramitadas, así como las recomendaciones o requerimientos que el Consejo haya estimado oportuno realizar en esta materia.

Canarias

Artículo 57. Las resoluciones de las reclamaciones adoptadas por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados.

Artículo 65.1. El comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública elaborará anualmente un informe sobre el grado de aplicación y cumplimiento de esta ley (…).

2. El informe anual se presentará al Parlamento dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente al que se refiera y se hará público en el Portal de Transparencia.

Cantabria

De acuerdo con lo que se recoja en el convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Artículo 13.2. a) (…) presentará una memoria anual ante la Comisión de las Cortes de Castilla y León prevista en el artículo 2 de la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común de Castilla y León, en la que incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas en materia de publicidad activa y acceso a la información. La memoria del comisionado se hará pública en el Portal de Gobierno Abierto.

Cataluña

Artículo 44.1. Las resoluciones de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública deben publicarse en el Portal de la Comisión, previa disociación de los datos personales, y señalar las resoluciones que establecen criterios generales para la resolución de futuras solicitudes.

Artículo 44.2. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública debe elaborar una memoria anual de sus actividades, que debe ser presentada al Parlamento y al organismo evaluador al que se refiere el título VIII (se refiere al Síndic de Greuges).

Extremadura

Artículo 43. Podrá suscribir un convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, o crear o atribuir a un órgano propio el ejercicio de tal competencia.

Artículo 43. Cede sus competencias al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal.

Galicia

(proyecto de ley)

Artículo 26.4. Una vez notificadas a las personas interesadas, y después de la disociación de los datos de carácter personal que contuviesen, las resoluciones del Valedor del Pueblo por las que se resuelven las reclamaciones de acceso a la información pública se publicarán en el Portal de Transparencia y Gobierno abierto y deberán ser tenidas en cuenta por parte de los sujetos que dictasen las resoluciones objeto de reclamación.

Illes Balears

(anteproyecto de ley modificación ley Consejo Consultivo y borrador de decreto, sujeto a cambios)

Las resoluciones del Consejo Consultivo en materia de acceso a la información, una vez que se hayan notificado a los interesados y previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, se publicarán por medios electrónicos en los términos que se establezcan. Cada resolución se notificará igualmente a la Administración, organismo o ente contra el que se haya reclamado.

La Rioja

Artículo 16. Cede sus competencias al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal.

Artículo 16. Cede sus competencias al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal.

Madrid

Artículo 21.3. Las resoluciones del Consejo Consultivo en materia de acceso a la información, una vez que se hayan notificado a los interesados y previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, se publicarán por medios electrónicos en los términos que se establezcan reglamentariamente. Cada resolución se notificará igualmente a la Administración, organismo o ente contra el que se haya reclamado.

No lo indica.

Murcia

Artículo 28.3. Las resoluciones del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos que se establezcan reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados.

Artículo 28.3. El titular de la presidencia del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo.

Navarra

Utiliza los recursos del procedimiento administrativo común. Solo estarán sujetos a publicación según lo dispuesto en la Ley 30/1992.

No lo regula.

País Vasco

(proyecto de ley)

Artículo 46.2. f) Las resoluciones que se dicten se publicarán por medios electrónicos previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran.

Artículo 46.2. f) (…) una vez se hayan notificado a las personas interesadas, se comunicarán al Ararteko.

CAPÍTULO 7
ÓRGANOS DE CONTROL DEL DERECHO DE ACCESO

Aspectos generales

El título III de la Ley 19/2013 regula la figura de una autoridad independiente entre cuyos cometidos relativos a la transparencia y la publicidad activa, se encuentra el «salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública», aproximando a España, por vez primera, a una realidad habitual en el Derecho Comparado (Guichot, 2014: 334).

En relación con el ámbito autonómico, hay que tener en cuenta que el artículo 24 de la Ley 19/2013 otorga la competencia en materia de control de derecho de acceso al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno «salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta ley». En dicha disposición adicional cuarta se indica que la resolución de las reclamaciones contra las resoluciones en materia de derecho de acceso «corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas».

Esta disposición adicional cuarta también abre la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan atribuir dicha competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de ámbito estatal. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la comunidad sufragará los gastos derivados por esta asunción de competencias.

En las próximas páginas se va a mostrar el estado de regulación de los órganos de control autonómicos en relación con el derecho de acceso. En primer lugar se analizará su naturaleza jurídica, adscripción y grado de independencia; después se observará su estructura y nombramiento de sus miembros; y en tercer lugar se analizarán sus funciones: capacidad de resolver recursos, sus funciones regulatorias, evaluadoras, consultivas y, en su caso, sancionadoras.

Naturaleza de los órganos autonómicos en materia de derecho de acceso

Aspectos generales

Una vez analizada la naturaleza jurídica de los órganos de control, puede observarse gran diversidad de opciones. Desde los órganos integrados en la Administración Autonómica con diferentes grados de autonomía, a la adscripción de estas funciones a los Defensores del Pueblo, o incluso comisionados parlamentarios específicos; a los Consejos Consultivos autonómicos, hasta la derivación de esta función de salvaguarda al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal (con y sin indicación expresa a convenios de colaboración). Finalmente, faltan algunas Comunidades Autónomas que cuenta con normas anteriores a la Ley 19/2013 o no cuentan con ninguna norma en materia de transparencia y, por tanto, no han regulado la cuestión del órgano de control del derecho de acceso.

Órganos integrados en la Administración

Una de las primeras posibilidades que se plantean en el Derecho Comparado en relación con los órganos de control en materia de transparencia, es la cuestión de la adscripción gubernamental o parlamentaria. Ello puede dar una idea a priori de una mayor o menor apariencia de independencia.

En el caso de nuestras Comunidades Autónomas la fórmula de un órgano adscrito a la Administración, pero con un cierto grado de independencia, ha sido la más elegida. Seis normas autonómicas: Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, proyecto de ley del País Vasco, Cataluña y Murcia; han optado por un tipo de organismo parecido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de ámbito estatal. Hay que tener en cuenta que La Rioja atribuye la supervisión de las entidades incluidas en sus normas, al Consejo estatal. En el caso de Extremadura, podrá suscribir un convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, o atribuir o crear a un órgano propio el ejercicio de tal competencia.

La Comunidad de Cantabria suscribirá un convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

Puede que haya primado una cierta tendencia de mimetismo con la propia Ley 19/2013 o bien otras consideraciones, pero lo cierto es que las semejanzas son evidentes, si bien habría que plantear algunas matizaciones en relación con Andalucía y Cataluña. En el caso de la norma andaluza, el organismo de control también es el encargado de la protección de datos de carácter personal, solución también presente en algunos ejemplos de Derecho Comparado y que formó parte de alguna de las proposiciones de enmienda parlamentarias durante la tramitación de la Ley 19/2013. Se trata de un tipo de organismo que cuenta con un régimen de independencia especial, reconocido en la norma autonómica reguladora de la Administración Pública4.

En el caso de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso catalana, cabe decir que el artículo 14 de la ley reguladora indica que «debe ser adscrita al departamento de la Generalitat que el Gobierno determine por decreto» y su organización y funcionamiento «deben establecerse por reglamento».

Consejos Consultivos autonómicos

La Comunidad Autónoma de Madrid ha optado por situar sus competencias en materia de control del derecho de acceso en la figura de su Consejo Consultivo. En las Illes Balears se prevé la misma solución de forma temporal, entre tanto no se pueda, por razones presupuestarias, constituir un órgano propio.

En el caso de la Comunidad de Madrid, que no cuenta con una norma reguladora de la transparencia, se limita a situar en esta entidad la salvaguarda del derecho de acceso. No se acompaña de otras competencias en materia de transparencia y, dada la premura de su regulación, a través de una norma de acompañamiento a los presupuestos de 2015, genera una cierta sensación de provisionalidad5.

Defensores del Pueblo y otros comisionados parlamentarios

Si bien todas las normas autonómicas se refieren a la figura de sus Defensores del Pueblo, como receptores de las comunicaciones periódicas procedentes de los órganos de control en materia de derecho de acceso, una Comunidad Autónoma sitúa en su Defensor del Pueblo la labor de órgano de control en materia de transparencia. Es el caso de Castilla y León, que hace recaer la figura de su Comisionado de Transparencia en la del Procurador del Común, que contará con una comisión de transparencia para tales tareas, con un procurador adjunto y un secretario. A diferencia de los Consejos Consultivos, cuyas normas autonómicas reguladoras les otorgaban funciones de mera revisión de las resoluciones en materia de derecho de acceso; en el caso del Comisionado de Castilla y León estas funciones también se extienden a las de evaluación, consultivas y de información a las Cortes.

Un caso especial es el del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, una figura de comisionado parlamentario específico para la materia. A la independencia que le otorga su naturaleza parlamentaria, se le suma la amplitud de sus funciones: consultivas, evaluadoras, resolutorias y con capacidad para instar procedimientos sancionadores. La práctica dirá acerca de los posibles resultados, pero a priori estamos ante uno de los órganos de control más independientes y con atribuciones más fuertes de toda España.

La adscripción de supervisión del derecho de acceso al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de ámbito estatal

La Comunidad Autónoma de La Rioja realiza una remisión expresa de la supervisión del ejercicio del derecho de acceso al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de ámbito estatal, mientras que Extremadura podrá suscribir un convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, o atribuir o crear a un órgano propio el ejercicio de tal competencia. Por otra parte, hay que tener en cuenta que una Comunidad Autónoma no ha regulado en absoluto la cuestión del órgano de control, como es Cantabria y que Galicia, Illes Balears y Navarra, si bien cuentan con normas en materia de transparencia, por ser anteriores a la Ley 19/2013, también se observa un vacío en relación con el órgano de control del derecho de acceso; en las Illes Balears se subsanará con la tramitación de la Ley de modificación de la Ley de 5/2010, reguladora del Consejo Consultivo, dándole esta función de órgano de control, aunque de forma temporal.

Cantabria suscribirá un convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

Por tanto podemos encontrarnos con seis Comunidades Autónomas que de un modo u otro dejan el control de su derecho de acceso en manos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado. Se trata de una situación de la que ya se han hecho eco algunos autores, la de las Comunidades Autónomas que no crean un órgano propio y que puede llegar a ser un problema si no convienen formas de colaboración y sostenimiento económico con la Administración General del Estado.

Tabla 7.1.
Tipología de entidades de control del derecho de acceso a la información pública en las leyes autonómicas de transparencia

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Órgano integrado en la Administración

Órgano adscrito a la Administración con especial autonomía

Comisionado parlamentario especial

Defensor del Pueblo autonómico

Consejo Consultivo autonómico

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal) por remisión expresa

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal) por falta de regulación

Otros

Andalucía

X

Aragón

X

Asturias (en fase de elaboración y definición de contenidos)

Comunidad

Valenciana

X

Canarias

X

Cantabria

X

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

X

Cataluña

X

Extremadura

X

Galicia

X

X

Illes Balears (anteproyecto de ley modificación ley Consejo Consultivo Illes Balears)6

X

X

La Rioja

X

Madrid

X

Murcia

X

Navarra

X

País Vasco (proyecto de ley)

X

Tabla 7.2.
Naturaleza jurídica de los órganos autonómicos de control del derecho de acceso

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Órgano de control del derecho de acceso

Naturaleza jurídica

Andalucía

Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (artículo 43).

Entidad con régimen de independencia funcional o de especial autonomía (según lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía).

Su relación con la Administración de la Junta de Andalucía se llevará a cabo a través de la Consejería de la Presidencia.

Aragón

Consejo de Transparencia de Aragón (artículo 37).

El Consejo actuará con independencia orgánica y funcional y estará adscrito al departamento competente en materia de transparencia.

Asturias (proyecto de ley en fase de elaboración y definición de contenidos)

Comunidad Valenciana

Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (artículo 39).

Órgano con plena independencia funcional para el cumplimiento de sus fines.

El soporte administrativo del Consejo y sus comisiones será prestado por una unidad administrativa de la consejería competente en materia de transparencia y acceso a la información pública (artículo 39).

Canarias

Comisionado de transparencia y acceso a la información pública

Comisionado parlamentario (artículo 58).

Artículo 62.2. Para el ejercicio de las funciones de transparencia y acceso a la información pública, el comisionado o la comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública contará con el apoyo jurídico, técnico y administrativo del Parlamento de Canarias, así como con los medios personales y materiales del mismo que sean necesarios.

Cantabria

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal a través del convenio que se suscriba.

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Comisión de Transparencia.

Artículo 11.1. Se crea el Comisionado de Transparencia y se atribuyen sus funciones al Procurador del Común.

Cataluña

Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública.

Artículo 41.

1. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública debe ser adscrita al departamento de la Generalitat que el Gobierno determine por decreto.

Extremadura

Artículo 43. Podrá suscribir un convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, o crear o atribuir a un órgano propio el ejercicio de tal competencia.

Galicia

(proyecto de ley)

Valedor del Pueblo.

El Valedor del Pueblo es un órgano estatutario nombrado por el Parlamento de Galicia.

Artículo 30.1. El Valedor del Pueblo asumirá el parel de órgano independiente de control del cumplimiento de las obligaciones comprendidas en este título por parte de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación.

Illes Balears

(anteproyecto de ley modificación ley Consejo Consultivo y borrador de decreto, sujeto a cambios)

Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de forma temporal, mientras no se cree un órgano propio y específico.

El Consejo Consultivo es un órgano independiente.

El órgano que se cree en el futuro, actuará con independencia orgánica y funcional y se prevé su adscripción al departamento competente en materia de transparencia.

La Rioja

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal).

Madrid

Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid (título IV de la Ley 6/2007, de 21 de diciembre, Reguladora del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, modificado por el artículo 5 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Artículo 20.

El Consejo Consultivo es el órgano independiente de la Comunidad de Madrid encargado de salvaguardar el derecho de acceso a la información pública y de garantizar la observancia de las normas de buen gobierno mediante el ejercicio de las competencias previstas en el presente título.

Murcia

Consejo de Transparencia de la Región de Murcia (rtículo 38).

Artículo 38.3. Su relación con la Administración regional se llevará a cabo a través de la consejería competente en materia de transparencia.

Navarra

Órganos propios administrativos a través del procedimiento administrativo común y del Defensor del Pueblo de Navarra.

País Vasco (proyecto de ley)

Agencia Vasca de Transparencia- Gardena.

Artículo 67. Se crea como organismo autónomo, que se relacionará con la Administración de la Comunidad Autónoma a través del departamento competente en materia de Administración Pública. Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.

Estructura de funcionamiento

La mayor parte de las normas remiten la estructura y funcionamiento de sus órganos de control a futuros reglamentos. Esta remisión es casi completa en el caso de las normas de Aragón, Cataluña y Murcia.

Otras normas, aunque prevén reglamentos de estructura y funcionamiento, esbozan una mínima organización de las instituciones de control. Un tipo de estructura descrita de un modo relativamente detallado es la que alude a instituciones de control compuestas por dos órganos: un órgano colegiado con funciones consultivas y de asesoramiento, y otro con carácter ejecutivo. El primero suele contar con diversos representantes de la Asamblea Autonómica y de los órganos estatutarios, así como de las entidades locales. El segundo suele contar con una presidencia o dirección con plenos poderes ejecutivos, y generalmente resolutorios de las reclamaciones en materia de derecho de acceso, siendo su titular propuesto por la Asamblea y nombrado por el Consejo de Gobierno, con un mandato superior a la legislatura. Un tipo de organización que se asemeja a la del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal. Son los casos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia.

En otros casos se cita su carácter colegiado, de representación plural procedente de la Asamblea Autonómica, órganos estatutarios, Federaciones de Entidades Locales, universidades y representantes de organizaciones de intereses sociales. En estos casos no se establecen figuras de carácter ejecutivo, manteniendo exclusivamente el modelo colegiado que, si bien garantiza una composición plural y representativa, podría encontrar dificultades para un funcionamiento eficaz. Son los casos de los órganos de control de Aragón, Cataluña y proyecto de ley del País Vasco.

En cuanto a las normas autonómicas que establecen un órgano de control a través de la figura de los comisionados parlamentarios, en el caso de Castilla y León, se regula la existencia de un órgano de apoyo al Procurador del Común, que es la Comisión de Transparencia, a través de un Procurador Adjunto y un secretario. En el caso de Canarias, el Comisionado de Transparencia requerirá de un reglamento del Parlamento para determinar su estructura.

En el caso de la Ley Autonómica de la Comunidad de Madrid las competencias de garantía del derecho de acceso se centran en el Consejo Consultivo autonómico, pero no se lleva a cabo ninguna previsión en cuanto a estructura o funcionamiento. En las Illes Balears, solo se atribuye al Consejo Consultivo la función de resolver las reclamaciones, de acuerdo con la disposición adicional cuarta.

Tabla 7.3.
Estructura de funcionamiento y composición de los órganos autonómicos de control del derecho de acceso a la información pública

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Estructura de funcionamiento

Nombramiento y composición

Andalucía

Artículo 46.

1. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía está compuesto por los siguientes órganos:

a) La Comisión Consultiva (órgano de participación y consulta).

b) La Dirección, cuyo titular presidirá también la Comisión Consultiva.

1. Dirección del Consejo: titular nombrado por cinco años no renovable por el Consejo de Gobierno. Designada por el Parlamento de Andalucía por mayoría absoluta (artículo 47).

2. Los miembros de la Comisión Consultiva son nombrados por el titular de la Consejería de Presidencia (artículo 43.4) entre representación de las Administraciones, del Parlamento, entidades representativas de intereses, representantes de la Cámara de Cuentas y de la Oficina del Defensor del Pueblo.

Aragón

La designación, organización y funcionamiento del Consejo se regularán mediante reglamento aprobado por decreto del Gobierno de Aragón, en cuya elaboración participarán las instituciones que tienen representación en el Consejo (artículo 37.6).

Artículo 37.4 El Consejo de Transparencia estará compuesto por: representantes de los grupos de las Cortes de Aragón, de la Justicia de Aragón, del Consejo Consultivo de Aragón, de la Cámara de Cuentas, de las entidades locales, del departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de transparencia, de la Universidad de Zaragoza, de los agentes sociales, colectivos o asociaciones con mayor representatividad en la Comunidad Autónoma de Aragón y de las organizaciones y asociaciones de defensa de los consumidores y usuarios legalmente constituidas (artículo 37.4).

Asturias

(proyecto de ley en fase de elaboración y definición de contenidos)

Comunidad Valenciana

Artículo 40.

1. El Consejo se estructura en la siguiente forma:

a) Una comisión ejecutiva, cuyo presidente lo será del Consejo.

b) Una comisión consultiva.

2. La organización interna, funcionamiento y oficina de apoyo del Consejo será objeto de desarrollo reglamentario.

1. La Comisión Ejecutiva estará constituida por un presidente y tres vocales elegidos por Les Corts, por mayoría de tres quintos, tras su comparecencia en comisión, de entre expertos de competencia o prestigio reconocido y con más de diez años de experiencia profesional. El mandato de la Comisión Ejecutiva tendrá una duración de cinco años (artículo 41).

La Comisión Consultiva está presidida por la persona titular de la presidencia de la Comisión Ejecutiva e integrada por representantes de las Administraciones, universidades, cortes, organizaciones sociales, Síndic de Greuges, Camara de Comptes y similares (artículo 41).

Canarias

Se desarrollará por reglamento del Parlamento de Canarias (artículo 62).

1. El comisionado o la comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública será elegido por mayoría de tres quintas partes del Parlamento de Canarias, conforme al procedimiento que se establezca por el mismo, por un período de cinco años no renovable, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional.

Cantabria

Se suscribirá un convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Artículo 11. El Comisionado de Transparencia contará con un órgano adscrito, que es la Comisión de Transparencia, que cuenta con el comisionado, un adjunto y un secretario.

Cataluña

Artículo 41.2. La organización y el funcionamiento de la comisión deben establecerse por reglamento.

Artículo 40.1. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública está integrada por un mínimo de tres miembros y un máximo de cinco, designados por mayoría de tres quintas partes de los diputados del Parlamento de Cataluña, entre juristas especialistas en Derecho Público y técnicos en materia de archivos y gestión documental.

Extremadura

Galicia

(proyecto de ley)

Illes Balears

La Rioja

Madrid

Murcia

Artículo 38.9. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de transparencia, aprobará las normas sobre estructura, competencias y funcionamiento del Consejo que sean necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en este artículo.

Artículo 38.6. La persona titular de la presidencia del Consejo será nombrada por el Consejo de Gobierno por un período de cinco años no renovable, entre personas de reconocido prestigio. Su designación corresponderá a la Asamblea Regional de entre los candidatos propuestos por los diferentes grupos parlamentarios.

Navarra

País Vasco

(proyecto de ley)

Artículo 71. Consejo Vasco de Transparencia. Órgano consultivo y de reflexión de la agencia.

Artículo 71.2. Estará compuesto por el presidente de la Agencia Vasca de Transparencia, un representante de cada grupo parlamentario, un representante del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, un representante del Ararteko, un representante de la Agencia Vasca de Protección de Datos, un representante del Departamento de Administración Pública y Justicia, un representante del Departamento de Hacienda y Finanzas, un representante de cada uno de los territorios históricos, un representante de la asociación de municipios vascos con mayor implantación, un representante de la universidad, un representante de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, un representante de las organizaciones sindicales y empresariales, y dos representantes de la sociedad civil.

Nombrados por un período de cinco años.

Atribuciones de los órganos de control

Capacidad de resolver recursos

Esta es la principal atribución de todos los órganos de control resultantes de las normas autonómicas. Es más, en algunos casos, es su única función, ya que el resto de atribuciones relacionadas con la transparencia han de compartirlas con otros órganos. Es el caso de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública. En los demás casos, las funciones revisoras de las resoluciones en materia de acceso, se comparten con las funciones propias de la supervisión, evaluación y regulación en materia de publicidad activa y buen gobierno.

En el caso de las instituciones de control que cuentan con una estructura ejecutiva/representativa, es decir, un órgano directivo y un órgano asesor y representativo, las funciones de resolución de recursos suelen recaer en el órgano ejecutivo. Así, en el caso del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, esta función corresponde a la Dirección del Consejo; en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana corresponde al Presidente de la Comisión Ejecutiva; en el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia corresponde al presidente. En el proyecto de ley del País Vasco corresponde al presidente.

En el caso de los órganos de control colegiados puros habrá que esperar a los reglamentos de desarrollo de su estructura para observar cómo se articula esta tarea revisora. Son los casos de Aragón y Cataluña.

En las Comunidades Autónomas que esta atribución se ha dejado en manos de los Consejos Consultivos, se hace necesario comprobar qué efectos tiene esta nueva atribución dentro de su estructura y la capacidad que demuestran estos órganos a la hora de resolver de manera eficaz estas reclamaciones. Otro tanto puede decirse de los comisionados parlamentarios en los casos de Castilla y León, en donde sí se crea una pequeña estructura ad hoc al Procurador del Común para esta materia; y de Canarias, en relación con el Comisionado de Transparencia, que requerirá de un reglamento del Parlamento para detallar su estructura y medios.

Capacidad sancionadora

Diversas Comunidades Autónomas han dotado a sus órganos de control con capacidad sancionadora ante incumplimientos reiterados en materia de derecho de acceso: Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias, Comunidad de Madrid, Murcia y proyecto de ley del País Vasco. No se observa una necesaria relación entre la naturaleza jurídica y adscripción de este tipo de órganos y su capacidad sancionadora. Así, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, con órganos adscritos a la Administración, aunque con independencia funcional, tienen capacidad para instar procedimientos sancionadores por incumplimientos o conductas contrarias al ejercicio del derecho de acceso. Sin embargo, entidades de una naturaleza similar en Aragón o Cataluña, no cuentan con capacidad para instar procedimientos sancionadores.

Entre los comisionados autonómicos, el de Canarias cuenta con capacidad sancionadora, en tanto que el Procurador del Común, en Castilla y León, no cuenta con dicha capacidad en la norma de transparencia. Entre los consejos consultivos, Madrid sí dota a su órgano consultivo de capacidad para instar procedimientos sancionadores.

Entre las normas que no otorgan la potestad sancionadora a sus órganos de control, cabe destacar las de Cataluña, que sí tipifica infracciones y sanciones relacionadas con la vulneración del derecho de acceso, pero residencia la capacidad de iniciar procedimientos sancionadores en los titulares de los órganos superiores de cada Administración obligada. La norma de Castilla y León se remite al régimen sancionador de la Ley 30/1992, dejando la potestad sancionadora o bien a la Junta, la Consejería competente o la Secretaría General, en función de la mayor o menor gravedad de las infracciones producidas.

Tabla 7.4.
Capacidad de resolución de recursos y capacidad sancionadora de los órganos de control autonómicos del derecho de acceso a la información pública

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Capacidad de resolución de recursos

Capacidad sancionadora

Andalucía

Artículo 48. Funciones de la Dirección (del Consejo).

b) La resolución de las reclamaciones contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso que puedan presentarse por las personas solicitantes o por las terceras personas interesadas en los supuestos previstos en la legislación básica.

Artículo 57.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, cuando constate incumplimientos en esta materia susceptibles de ser calificados como alguna de las infracciones previstas en este título, instará la incoación del procedimiento. En este último caso, el órgano competente estará obligado a incoar el procedimiento y a comunicar al Consejo el resultado del mismo.

Aragón

Artículo 37. a. Conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información.

Asturias

(proyecto de ley en fase de elaboración y definición de contenidos)

Comunidad

Valenciana

a) Resolver las reclamaciones contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter previo a su impugnación en la jurisdicción contencioso-administrativa (artículo 42).

Insta la incoación de procedimientos sancionadores y es informado del resultado de los mismos (según artículo 36).

Canarias

Artículo 63.1. a) La resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2.1 de esta ley, así como de los cabildos insulares, ayuntamientos y entidades dependientes y vinculadas de los mismos.

Puede instar el inicio de procedimientos sancionadores y disciplinarios en materia de transparencia (segúnartículo 70).

Cantabria

Se suscribirá un convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno CTBG.

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Artículo 8. Reclamación ante la Comisión de Transparencia.

1. Contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionados en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo.

Cataluña

Artículo 39. Las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública y, en su caso, las que resuelvan el recurso de reposición pueden ser objeto de reclamación gratuita y voluntaria ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública.

No se encuentra entre los titulares de los órganos con capacidad para instar un procedimiento sancionador (según artículos 86 y 87).

Extremadura

Galicia

(proyecto de ley)

Artículo 26.

1. Contra toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Valedor del Pueblo.

2. La reclamación ante el órgano independiente de control tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos.

Disposición adicional quinta: La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre corresponderá, en el supuesto de resoluciones dictadas por las entidades locales de Galicia, al Valedor del Pueblo.

No tiene capacidad sancionadora. No obstante tiene competencia para hacer requerimientos de cumplimiento.

Artículo 30.2. c) Efectuar, por iniciativa propia o como consecuencia de denuncia, requerimientos para la enmienda de los incumplimentos que se puedan producir de las obligaciones establecidas en materia de publicidad activa previstas en la ley.

Illes Balears

(anteproyecto de ley modificación ley Consejo Consultivo y borrador de decreto, sujeto a cambios)

El Consejo Consultivo de las Illes Balears conocerá y resolverá las reclamaciones de acceso a la información pública que se interpongan contra las resoluciones expresas o las desestimaciones presuntas dictadas por la Administración Autonómica, insular y local, por los organismos y entidades del sector público dependientes o se vinculan a cualquiera de estas administraciones y por el resto de organismos públicos y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, las funciones y competencias de los que se circunscriben al ámbito territorial de las Illes Balears.

Illes Balears

(anteproyecto de ley modificación ley Consejo Consultivo y borrador de decreto, sujeto a cambios).

La Rioja

Madrid

Artículo 21. Competencias en materia de acceso a la información pública.

1. Corresponde al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid el conocimiento y la resolución de las reclamaciones de acceso a la información pública previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Artículo 22.

El Consejo Consultivo tiene capacidad para iniciar, instruir y resolver procedimientos sancionadores en materia de buen gobierno.

Murcia

Artículo 38.4. b) Conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información.

Artículo 38.4. i) Instar a los órganos competentes para ello la incoación de los expedientes disciplinarios o sancionadores, en los términos previstos en el título V.

Navarra

País Vasco (proyecto de ley)

Artículo 74. d) Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del régimen de impugnaciones previsto en relación al ejercicio del derecho de acceso a la información pública regulado en esta ley y en el artículo 24 de la Ley 19/2013.

Artículo 53.5. La Agencia Vasca de Transparencia-Gardena, cuando constate incumplimientos en esta materia susceptibles de ser calificados como alguna de las infracciones previstas en este título, instará la incoación del procedimiento (sancionador).

Capacidad regulatoria, consultiva y de evaluación

a) Capacidad regulatoria

La mayor parte de las normas autonómicas otorgan cierta capacidad regulatoria a sus órganos de control. Esta consiste en la elaboración de resoluciones o instrucciones de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en sus respectivas leyes. Esta posibilidad se observa en las normas de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y proyecto de ley del País Vasco. De entre estas, Comunidad Valenciana y Canarias, también aluden a directrices, recomendaciones de cumplimiento o normas de buenas prácticas.

Otras normas autonómicas no se pronuncian al respecto: Cataluña y Castilla y León.

b) Funciones de control y evaluación

La mayor parte de normas autonómicas reconocen una capacidad de control y evaluación a sus órganos de control, que suele ir acompañada de la rendición de un informe anual a la Asamblea Legislativa Autonómica, acerca del cumplimiento de la norma. Se pueden citar las normas de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla y León, Murcia y proyecto de ley del País Vasco. En el caso de Cataluña, el control y evaluación del cumplimiento de la norma de transparencia y el ejercicio del derecho de acceso, corresponde al Síndic de Greuges.

c) Funciones consultivas

Las normas reguladoras pueden otorgar carácter preceptivo o facultativo a los dictámenes emitidos por los órganos de control. La emisión de informes preceptivos sobre proyectos normativos que desarrollen la materia, suele ser una competencia de las autoridades independientes. La emisión de informes preceptivos está reconocida en las normas de Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y proyecto de ley del País Vasco. La emisión de informes facultativos no vinculantes, a petición de órganos encargados de resolver en materia de derecho de acceso, está prácticamente reconocido en todas las normas reguladoras.

Tabla 7.5.
Funciones de evaluación, regulatorias y consultivas de los órganos autonómicos de control del derecho de acceso a la información pública

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Funciones de control y evaluación

Funciones regulatorias

Funciones consultivas

Andalucía

Artículo 48.1. d) Presentar ante el Parlamento de Andalucía un informe anual de actuación.

Artículo 48.1. c) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta ley.

Artículo 48.1. f) Responder a las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información, así como las consultas que para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 22 le planteen los órganos competentes.

Aragón

Artículo 37.3. d) Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.

Artículo 37.3. b) Formular resoluciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Artículo 37.3. c)Informar preceptivamente proyectos normativos que desarrollen la ley en materia de transparencia o estén relacionados con esta materia.

Asturias

(proyecto de ley en fase de elaboración y definición de contenidos)

Comunidad

Valenciana

Artículo 42. k) Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de esta ley.

m) Aprobar y remitir, en el primer trimestre de cada año, a Les Corts Valencianes y al Consell, una memoria específica sobre su actividad durante el año anterior (…).

Artículo 42. c) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta ley (artículo 42).

j) Promover la elaboración de recomendaciones, directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en la materia.

Artículo 42. f) Responder a las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información

n) Informar preceptivamente los proyectos normativos de la Generalitat en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (artículo 42).

Canarias

Artículo 63.1.

e) La evaluación del grado de aplicación y cumplimiento de esta ley.

Artículo 63.1. c) La formulación de recomendaciones de cumplimiento e interpretación uniformes de las obligaciones establecidas en esta ley, relativas al derecho de acceso y a la transparencia.

Artículo 63.1. d) El asesoramiento en materia de acceso a la información pública y de transparencia.

Cantabria

En el primer semestre de 2016 se registrará el Proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana.

Castilla-La Mancha

(en fase de elaboración)

Castilla y León

Artículo 13.2. a) Evaluar el grado de aplicación de esta ley. Para ello presentará una memoria anual ante la Comisión de las Cortes de Castilla y León.

Artículo 13.2. d) Responder a las consultas que con carácter facultativo le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver solicitudes de acceso.

Cataluña

La evaluación de la ley corresponde al Síndic de Greuges.

No tiene capacidad.

No tiene capacidad.

Extremadura

Galicia

(proyecto de ley)

Artículo 29. Coordinación y control interno en materia de transparencia.

1. En el ámbito del sector público autonómico, la coordinación general y el control interno en materia de transparencia serán ejercidos por la Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación prevista en la Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración.

2. Dicha comisión establecerá la planificación directiva en materia de transparencia, podrá dictar instrucciones, establecer protocolos y fijar criterios tanto respecto a la implementación de la publicidad activa como en relación con el seguimiento del adecuado cumplimiento de las demás obligaciones en materia de transparencia.

3. La Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación ejercerá las funciones necesarias para la coordinación adecuada en materia de transparencia dentro del sector público autonómico y el control en cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley.

Artículo 30. Órgano independiente de control.

1. El Valedor del Pueblo asumirá el papel de órgano independente de control del cumplimiento de las obligaciones comprendidas en este título por parte de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación.

Artículo 32. El Valedor del Pueblo incluirá en su informe presentado anualmente ante el Parlamento un epígrafe relativo a la aplicación y grado de cumplimiento de esta ley.

Artículo 30.2. El Valedor del Pueblo, en materia de transparencia, ejercerá las siguientes funciones:

b) Realizar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones legales en materia de transparencia y buen gobierno.

Artículo 30.2. El Valedor del Pueblo, en materia de transparencia, ejercerá las siguientes funciones:

a) Responder a las consultas que, con carácter facultativo, le sean formuladas por los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley.

c) Asesorar en materia de transparencia, del derecho de acceso a la información pública y buen gobierno.

d) Emitir, con carácter previo a su aprobación, informe sobre proyectos de ley o de reglamentos en materia de transparencia y buen gobierno.

Illes Balears

La Rioja

Madrid

Murcia

Artículo 38.4. e) Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de las entidades e instituciones sujetas a ellas, pudiendo formular recomendaciones para el mejor cumplimiento de tales obligaciones.

Artículo 38.4. g) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones establecidas en la presente ley.

c) Informar preceptivamente los proyectos normativos que, en materia de transparencia, desarrollen esta ley o estén relacionados con esta materia.

f) Resolver las consultas que se formulen en materia de publicidad activa y derecho de acceso por las entidades e instituciones señaladas en la letra anterior.

Navarra

País Vasco

(proyecto de ley)

Artículo 73. e) Evaluar el grado de aplicación de esta ley en materia de transparencia y acceso a la información pública. Aprobación anual de la memoria que será presentada ante el Parlamento.

Artículo 73. a) d) f)

Adoptar recomendaciones, proponer a la Presidencia, para su adopción, criterios de interpretación uniforme, promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Artículo 73. c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter autonómico que desarrollen esta ley en materia de transparencia y acceso a la información pública o que estén relacionados con su objeto.

4

El órgano de control de Andalucía cuenta con un régimen de autonomía regulado en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que muestra cierto parecido con la disposición adicional décima de la Ley 6/1997 de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

5

La Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, modifica el título IV de la Ley 6/2007, de 21 de diciembre, Reguladora del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, bajo el rótulo «Del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid como Consejo de Transparencia y Buen Gobierno».

6

La atribución al Consejo Consultivo de la función de resolución de las reclamaciones, como órgano de control autonómico previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013, es temporal. Posteriormente se prevé la atribución a un órgano independiente, adscrito a la Administración. La atribución al Consejo Consultivo de la función de resolución de las reclamaciones, como órgano de control autonómico previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013, es temporal. Posteriormente se prevé la atribución a un órgano independiente, adscrito a la Administración.

CAPÍTULO 8
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS AUTONÓMICAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

Andalucía

En materia de transparencia, Andalucía cuenta con la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

En su exposición de motivos incluye, además de otros elementos parecidos a los de la norma estatal, la pretensión de servir como avance en el diseño de un sistema andaluz de evaluación de políticas públicas, conforme al artículo 138 del Estatuto de Autonomía, fomentando la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de las autoridades públicas para que de este modo se reafirme su legitimidad.

Los límites al derecho de acceso por razón de la materia, además de los contemplados en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, Andalucía hace referencia a que las consejerías podrán remitir al Consejo de Gobierno si existe alguna información sobre la que deba mantenerse alguna reserva. También las deliberaciones del Consejo de Gobierno tendrán carácter secreto.

Los únicos motivos que pueden justificar la inadmisión de una solicitud de información pública son los recogidos en la ley básica estatal, con algún elemento de atenuación de su alcance. Si no se pudiera conceder el acceso completo a la información solicitada, se otorgará, siempre que sea posible, el acceso parcial.

La norma reconoce la protección de los datos de carácter personal, la publicidad solo se llevará a cabo previa disociación de los mismos.

Aunque se afirma que se pretende promover la implantación de los mecanismos de interacción electrónica con los usuarios y las solicitudes para ejercer el derecho de acceso se presentarán de forma preferente a través de internet, en el Portal de la Junta de Andalucía, sin embargo, se exige una actitud orientadora por parte de la Administración hacia sus usuarios. De esta misma página se podrá descargar el formulario normalizado para realizar la solicitud de forma presencial.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía es el órgano de control autonómico, dotado de independencia orgánica y funcional. Resuelve las impugnaciones de las resoluciones de derecho de acceso, con carácter potestativo antes de acudir a la vía contencioso-administrativa.

La Ley de Transparencia Pública de Andalucía entrará en vigor el 30 de junio de 2015.

El Portal de Transparencia adscrito a la Junta de Andalucía se encuentra activo. Sus funciones consisten en la publicación, información, rendición de cuentas y participación y la forma de acceso es a través de formulario online.

Aragón

En materia de transparencia Aragón cuenta con la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

Su justificación responde a un refuerzo de la legitimidad de la acción de la Administración a través de la apertura al ciudadano; la reutilización de la información del sector público para impulsar la innovación y el desarrollo económico; una reducción del peligro de una posible desviación de poder; y el fomento de la participación ciudadana y, por tanto, de la corresponsabilidad social.

Los límites al derecho de acceso se basan en la seguridad o defensa del Estado, la averiguación de los delitos, la intimidad de las personas, la protección de datos de carácter personal, la propiedad intelectual y demás límites establecidos en la legislación básica.

Para ejercer el derecho a la información pública, se deberá realizar una solicitud sin que sea necesario motivarla. Se contempla la posibilidad de ser asistido en la búsqueda de información por el personal al servicio.

El Gobierno de Aragón, a través del departamento competente en materia de Administración Local y en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, pondrá a disposición de las entidades locales que lo soliciten una herramienta web para cumplir con las obligaciones que esta ley les impone en relación con la transparencia de la actividad pública.

El órgano de control de la transparencia será el Consejo de Transparencia de Aragón que actuará con independencia orgánica y funcional. Dispondrá de capacidad sancionadora, pudiendo imponer multas coercitivas. Ante incumplimientos reiterados de las obligaciones contenidas en las normas de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dará cuenta a la Administración o entidad de que se trate, a la Justicia de Aragón y a las Cortes de Aragón.

Esta ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón. Teniendo en cuenta que se publicó en el Boletín Oficial de Aragón el 10 de abril de 2015, entrará en vigor el 10 de julio de este mismo año.

Existe un Portal de Transparencia en funcionamiento adscrito al Gobierno de Aragón, donde se intercambia y publicita información. La forma de acceso y autenticación se lleva a cabo mediante formulario online.

Asturias

En materia de transparencia Asturias aprobó por acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de abril de 2014, un Proyecto de Ley de Transparencia que, por falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios no fue votado en el pleno de la Junta General.

Por acuerdo de la Mesa de la Junta General del Principado de Asturias de 15 de mayo de 2015 se declaró la caducidad de todos los expedientes en trámite por disolución de la Junta General y la convocatoria de nuevas elecciones, entre ellos el Proyecto de la Ley de Transparencia.

El 11 de septiembre de 2015, el Consejero de la Presidencia informó de los objetivos del Gobierno: un Proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, un Proyecto de Ley de Participación y la elaboración de un Plan Estratégico de Transparencia, por lo que el nuevo Proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno está en fase de elaboración y definición de contenidos.

La necesidad del Proyecto de Ley de Transparencia se justifica por los siguientes motivos:

Impulsar un modelo de gobernanza que avance hacia la modernización de la administración mediante criterios de gobierno abierto, corresponsable con la ciudadanía para dotarles de mayor protagonismo, mejorando el funcionamiento de los servicios públicos, optimizando el talento y la gestión del conocimiento de la propia Administración, y contribuyendo, en definitiva, hacia un comportamiento ético y responsable en el Gobierno y la Administración.

Promover una cultura de la transparencia en el conjunto de las empleadas y los empleados públicos y facilitar canales de participación ciudadana que contribuyan a mejorar la calidad, pertinencia y eficacia de las políticas públicas.

Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de Asturias.

Los límites al derecho de acceso a la información pública podrán ser restringidos en los términos previstos en la Constitución Española, en la normativa básica en materia de transparencia y en la propia ley. Estas limitaciones deberán interpretarse previa ponderación razonada de los intereses públicos y privados concurrentes y que serán de aplicación durante el período de tiempo determinado por las leyes o en tanto se mantenga la razón que las justifique.

Dichos límites al derecho de acceso por razón de protección de derechos de terceros serán los contemplados según la legislación básica en materia de transparencia y en la normativa de protección de datos personales.

El Portal de Transparencia del Gobierno de Asturias se encuentra en funcionamiento, adscrito a la Administración del Principado de Asturias. Sus funciones consisten en informar sobre transparencia, participación y diálogo, así como, llevar a cabo la publicación de datos abiertos.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana se ha dotado de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, una ley que busca desarrollar, complementar y adaptar el contenido de la Ley estatal 19/2013 al ámbito de la Comunidad Valenciana. La aprobación de esta ley estaba ya prevista en el Estatuto de Autonomía valenciano, cuyo artículo 9 preveía la promulgación de una norma autonómica que regulara el acceso a documentos de las instituciones valencianas.

A este compromiso estatutario se une la necesidad de responder a las exigencias de las democracias avanzadas, que tienen como uno de sus motores principales a la sociedad que actúa en calidad de coproductora de las políticas públicas a partir de las vías de participación puestas a su disposición. El derecho de acceso a documentos públicos es precisamente uno de los elementos clave para poder hacer efectiva esa participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Esta es una norma que adopta en gran medida el marco establecido por la ley estatal, pues se remite a ella en diversos aspectos, como los relativos a las causas que dan lugar a una inadmisión a trámite o respecto al régimen sobre la formalización del acceso a la información. Lo mismo ocurre con el régimen de límites aplicable al ejercicio del derecho de acceso, tanto en relación con los límites materiales como subjetivos. No obstante, se intuye una vocación de primar y satisfacer el derecho de acceso en la norma valenciana en la medida en que tales límites deberán ser aplicados restrictivamente, y además esta norma, a diferencia de lo que sucede en el caso de la norma básica estatal, recoge el silencio administrativo en sentido positivo para aquellos casos en que no haya sido resuelta en plazo una solicitud de acceso.

La propia norma destaca en su exposición de motivos el impulso que han experimentado derechos como el de acceso a documentos públicos y la participación ciudadana como consecuencia del desarrollo de las tecnologías de la información. En este sentido, la ley establece que la solicitud de información se realizará por cualquiera de las vías habilitadas para ello, pero establece como prioritaria la electrónica. Asimismo, se recoge como vía de contacto preferente con el solicitante, a efectos de comunicaciones, la electrónica.

Aprovechando la oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías, la Comunidad Valenciana dispone, como así sucede con la mayoría de las Comunidades Autónomas, de su propio Portal de Transparencia en el que hace efectivas sus obligaciones de transparencia y publicidad activa. Esta herramienta actualmente no incorpora ningún mecanismo para presentar una solicitud formal de información. No obstante, entre las posibilidades que sí ofrece y en relación con el derecho a la participación, hay habilitada una pestaña en la que se pone a disposición de los ciudadanos un formulario por el cual pueden dirigir a los diversos órganos de la Generalitat cualquier pregunta, sugerencia o consulta que estimen oportuno. Igualmente pone a su disposición el denominado «Buzón ciudadano» en el que las personas pueden identificarse con un usuario y una contraseña y realizar las consultas y cuestiones que estimen pertinentes relacionadas con la localidad de su residencia.

Para el control y supervisión de la aplicación de la ley valenciana, esta crea el denominado Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que está dotado de plena independencia funcional para el cumplimiento de sus funciones. Sus principales cometidos se remiten a garantizar los derechos de acceso a la información, a velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y a promover la observancia de lo dispuesto en relación con el buen gobierno. Dentro de sus funciones, hay que destacar su competencia para resolver la reclamación que potestativamente puede ser presentada ante él frente a resoluciones de las solicitudes de acceso a la información, que tienen carácter previo a la jurisdicción contencioso-administrativa y sustitutivo de los recursos administrativos de acuerdo con lo previsto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Canarias

La norma autonómica de referencia es la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. En su exposición de motivos se reconoce la necesidad de esta norma para lograr reconciliar la separación existente entre instituciones y gestores públicos con el conjunto de la sociedad a la que sirven. Asimismo, la Comunidad de Canarias admite la demanda generalizada de los ciudadanos de una mayor transparencia en la actuación de los poderes públicos, y reconoce el interés creciente de la ciudadanía por incrementar su nivel de participación en los asuntos públicos.

Para hacer efectiva la participación ciudadana es imprescindible garantizar el derecho de acceso a la información y hacerlo de modo ágil y claro. En el caso de la ley de Canarias, el régimen de límites al ejercicio de este derecho reproduce los casos contenidos en la ley básica estatal, y para la regulación de los límites subjetivos se remite al régimen de protección de datos previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Aunque la norma precisa que en caso de que concurra alguno de estos límites se considerará la posibilidad de conceder un derecho de acceso parcial, entiende también que la aplicación de los mismos deberá ser estrictamente observada. De hecho, a diferencia de otras Comunidades Autónomas, la ley de Canarias converge con la estatal a la hora de interpretar el silencio administrativo en sentido negativo.

Coincidiendo con otras regulaciones autonómicas, la Comunidad de Canarias aprecia el potencial de las nuevas tecnologías para ejercitar los derechos reconocidos por esta norma y establece como vía preferente para el acceso a la información la electrónica. Asimismo, aunque el procedimiento se inicia mediante la formalización de la solicitud escrita ante el órgano que dispone de la información que se requiere, este derecho también se puede ejercer de modo oral, ya sea por comparecencia en las unidades de información pertinentes, o mediante comunicación telefónica.

Canarias dispone de su Portal de Transparencia, regulado en el artículo 34 de la ley. El portal está dedicado a ofrecer información en virtud del principio de publicidad activa, y el modo de solicitar información se facilita a través del «Buzón de consulta de la Oficina Canaria de Información». El buzón de consultas es un formulario en el que el ciudadano debe identificarse, especificar, si lo conoce, el órgano que dispone de la información solicitada y facilitar en un máximo de 300 caracteres cuál es el objeto de dicha consulta.

Por su parte, el órgano encargado del fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias es el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información, que en el ejercicio de sus funciones actuará con autonomía y plena independencia. En otros cometidos, a él corresponde la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos previstos en la ley. La resolución de esta reclamación potestativa que pone fin a la vía administrativa, será recurrible directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Cantabria

En el primer semestre de 2016 está previsto registrar el Proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de Cantabria, proyecto que se elaborará desde la consulta previa a las Entidades Locales, empleados públicos y agentes sociales.

Castilla y León

La Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León tiene sus antecedentes en la pretensión de realzar la participación ciudadana y mejorar las relaciones con la Administración Pública mediante la utilización de medios electrónicos. Se subrayan cuatro hitos como antecedentes esenciales para la aprobación y comprensión de la citada ley.

En primer lugar, el Estatuto de Autonomía, reformulado por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, en su artículo 11 –apartado 6– señala que «Todas las personas tienen el derecho a dirigir peticiones a las Instituciones y a las Administraciones Públicas de la Comunidad, así como a los entes que dependan de las mismas, en relación con asuntos que sean de su competencia».

En segundo lugar, la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública. La citada norma regula los derechos y garantías de los ciudadanos al acceso a documentación administrativa (artículo 21).

En tercer lugar, destaca el Acuerdo 17/2012, de 8 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se pone en marcha el Modelo de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León; procediendo a la habilitación del portal.

En último término, el Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que desarrolla el capítulo III del título II de la Ley 2/2010, de 11 de marzo de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, establece el régimen jurídico de la utilización por la Administración Autonómica de medios electrónicos en el desarrollo de su actividad administrativa y en sus relaciones con los ciudadanos (Cescyl, 2014: 4).

Así, llegamos a la propuesta del Proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad a finales del pasado año 2014 para su posterior aprobación, dando lugar a la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León realzando su pretensión de mejorar las relaciones de los ciudadanos con la Administración Pública.

La citada ley se remite en términos generales a la ley estatal regulando la transparencia de la actividad pública desde tres ópticas: la publicidad activa, el acceso y la reutilización de la información pública y la participación en los asuntos públicos. En consecuencia, se halla estructurada en tres títulos: (a) Título I, capítulo I «Publicidad activa»; capítulo II «Derecho de acceso a la información pública»; capítulo III «La reutilización de la información pública»; (b) Título II: «Creación del Comisionado y la Comisión de Transparencia» y (c) Título III: «Regulación de la participación ciudadana en los asuntos públicos».

En primer término, se expone el refuerzo del carácter democrático de las Administraciones Públicas así como el favorecimiento de la formación y participación ciudadana en asuntos públicos y el fomento de la responsabilidad de las autoridades públicas.

En segundo lugar, otorga un carácter constitucional del derecho de acceso apoyándose en la Constitución Española para reconocer el derecho de todas las personas a acceder a la información pública. En este sentido, se apoya en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Son especialmente relevantes los artículos 11 y 12 c) del Estatuto donde se señala el derecho a participar en los asuntos públicos de la Comunidad y la garantía de acceso a los archivos, registros administrativos, documentos de las instituciones y administraciones públicas de Castilla y León (…) para facilitar la participación ciudadana, respectivamente.

En tercer término y en lo relativo a los límites materiales, subjetivos y a la forma del derecho de acceso a la información pública, como se ha señalado anteriormente, la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León se remite a la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre.

En cuarto lugar, la tramitación del acceso de solicitudes es regulada en el artículo 7 «Órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información» otorgando tal competencia a diferentes órganos según la información solicitada. Por ende, si la información solicitada es referida a los documentos citados en el artículo 6.1, el titular de la consejería que posea la información o el titular del órgano que determine la propia entidad u organismo que posea la información, serán competentes para la resolución de solicitudes.

No obstante, si se refiere a información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos, el órgano competente será el titular del órgano que corresponda. Por último, si se refiere a documentos que obren en el Archivo General de Castilla y León y en los Archivos Históricos Provinciales, el órgano encargado de su resolución será aquel que tenga atribuida tal competencia según la normativa.

En el artículo 6, se establecen las unidades de acceso a la información para aquellos documentos con menos de cinco años de antigüedad y de más de cinco años que no hayan sido remitidos al Archivo General de Castilla y León mientras que para aquellos documentos que obren en el Archivo General de Castilla y León y en los Archivos Históricos Provinciales corresponde a las unidades que determine la normativa sobre archivos.

Aunque su estructura está pendiente de determinar, se les atribuyen las siguientes funciones: (a) Recibir y tramitar las solicitudes; (b) Dar acceso a la información solicitada; (c) Llevar un registro de las solicitudes; (d) Actualizar la información existente; (e) Asegurar la correcta aplicación de la ley.

Hasta que se materialicen (10 de diciembre de 2015), las funciones de las unidades de información serán atribuidas a los Servicios de Estudios y Documentación de las consejerías y organismos autónomos de la Administración o a los de Evaluación, Normativa y Procedimiento (disposición transitoria segunda).

El control de la transparencia es encargado a dos nuevos órganos que aunque gozan de autonomía, independencia y objetividad (artículo 13.1) se hallan adscritos al Procurador del Común.

Estos nuevos órganos son el denominado Comisionado de Transparencia (artículo 11) cuyas funciones de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública serán atribuidas al Procurador del Común y a la Comisión de la Transparencia (artículo 12), órgano colegiado adscrito al Procurador del Común.

Su organización interna viene regulada en el artículo 12 donde se especifica que la Comisión de Transparencia está integrada por: (a) el Comisionado de Transparencia: presidencia; (b) Adjunto al Procurador del Común, cuando exista, o por una persona designada por el Procurador del Común; (c) Secretario, con voz y voto, designado por el Procurador del Común entre las personas al servicio de la Institución. Sus funciones quedan reguladas por el artículo 13.2 donde evaluarán el grado de aplicación de la ley presentando una memoria anual ante las Cortes de Castilla y León, velarán por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, colaborarán con órganos de naturaleza análoga y responderán a las consultas que con carácter facultativo le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver solicitudes de acceso. Así mismo, la Comisión de Transparencia dictará resoluciones de carácter potestativo, previas a la vía contencioso-administrativa.

En lo concerniente al Portal de Transparencia de la Comunidad de Castilla y León se halla integrado en el Portal de Gobierno Abierto, según el artículo 2 de la citada ley, encontrándose integrado en la web corporativa de la Junta en el ámbito de la Administración General de Castilla y León. Sus funciones serán el ejercicio de publicidad actividad, incluyendo información de la Administración General de Castilla y León y de sus organismos autónomos. Sin embargo, hasta la fecha, el ejercicio del derecho de acceso a través de la web de transparencia no puede ejercerse y tal y como señala López de la Cuesta (2014: 13) para facilitar el derecho de acceso a la información se debe avanzar en las medidas necesarias para hacerlo efectivo antes del 10 de diciembre de 2015.

Castilla-La Mancha

En materia de transparencia Castilla la Mancha está en fase de elaboración de un Anteproyecto de Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana.

La justificación está motivada por la puesta en marcha de forma inmediata de actuaciones que conduzcan a incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública, garantizar el acceso a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables políticos.

Cuenta con un Portal de Transparencia en funcionamiento adscrito al Gobierno de Castilla La Mancha donde publicar información y fomentar la participación ciudadana, la forma de acceso es a través de DNI digital y clave. Posteriormente, remite a la web del Gobierno Central.

Cataluña

La norma autonómica de referencia es la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Se trata de una norma que ha llevado más de dos años de tramitación desde que nació como fruto de una iniciativa legislativa del Parlamento. Esta ley ampara su oportunidad en la necesidad de rendir cuentas por parte de las instituciones públicas para hacer así efectivo el principio de responsabilidad en la gestión de recursos públicos, y busca, mediante el cambio de cultura administrativa, satisfacer principios que hasta el momento no habían sido objeto de tratamiento legal claro, tales como la transparencia y el buen gobierno.

Cabe destacar en el legislador catalán un interés por potenciar la capacidad de esta norma, estableciendo el principio de interpretación conforme al contenido de esta ley en relación con otras normas sectoriales.

Además, subyace una voluntad de regular minuciosamente todos los aspectos posibles relacionados con la transparencia, lo que da lugar a que a la ley básica estatal no le quede mucho espacio de aplicación. Siguiendo la estructura de leyes análogas en otras Comunidades Autónomas, así como la estructura de la ley estatal, Cataluña impone unas limitaciones tanto de carácter material, que trascienden los casos establecidos en la ley estatal, como de carácter subjetivo, basados fundamentalmente en la protección de datos de carácter personal. Destaca en este sentido la intención del legislador catalán de que el régimen de límites existente sea aplicado e interpretado de forma restrictiva, de modo que la transparencia y el acceso a la información por parte de la ciudadanía se convierta en una prioridad en la actuación y filosofía por la que se rijan los poderes públicos catalanes.

En todo caso, una denegación del acceso a la información pública deberá estar adecuadamente motivada y fundamentada en alguno de los límites previstos en la ley, para que no haya lugar a un ejercicio discrecional por parte de la Administración Autonómica de la denegación de acceso. Un ejemplo más de esta intención de acción transparente es el establecimiento en la ley del silencio administrativo en sentido positivo, lo que en cierta medida podrá ser fuente de conflictos frente a la normativa estatal que interpreta el silencio de modo negativo, y podrá generar tensiones también a unas entidades locales que verán su carga de trabajo presionada para dar resolución a la mayor cantidad de solicitudes de información posible.

Uno de los aspectos más llamativos de la ley es la inflación de órganos de control que propone para el seguimiento y supervisión del ejercicio del derecho de acceso. Ya de por sí, Cataluña dispone de un relevante entramado institucional relacionado en alguna medida con el ámbito de la transparencia, a través por ejemplo del Síndic de Greuges o la Autoridad Catalana de Protección de Datos. A ellos se añade ahora, por una parte, la recientemente creada por la presente ley de la Comisión de Garantías, a quien corresponderá garantizar y velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública con plena independencia orgánica y funcional respecto a superior jerárquico alguno. Las resoluciones de la Comisión de Garantías ponen fin a la vía administrativa y pueden ser posteriormente impugnadas en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por otro lado, junto a la Comisión de Garantías, el Decreto 169/2014 creó la Comisión Interdepartamental de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que está adscrita al Departamento de la Presidencia y cuyo objeto será aprobar las estrategias en materia de transparencia y acceso a la información, velando asimismo por el cumplimiento de la normativa que haya en vigor en la materia.

Finalmente, el Decreto 19/2015, de 24 de febrero, ha creado recientemente el Comisionado para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, adscrito al Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, que asumirá funciones de coordinación e implementación de la legislación de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Es destacable, por tanto, la existencia de varias instituciones de garantía del derecho de acceso, pese a que lo cierto es que la Comisión de Garantías es la institución central creada por la ley y a quien corresponde el conocimiento y resolución de recursos en vía administrativa.

Es necesario reseñar también la entrada en vigor escalonada de la norma, en la medida en que entrarán en vigor en el período de un año las medidas relacionadas con la transparencia, frente a los seis meses que deberán transcurrir para la vigencia del articulado referido al derecho de acceso a la información pública.

En relación con el Portal de Transparencia de Cataluña, este está gestionado y organizado por la Administración de la Generalitat catalana y se constituye en plataforma electrónica de publicidad a través de la cual se vehicula el acceso a toda la información disponible. Si bien es cierto que el artículo 27 de la ley recoge que las solicitudes presentadas electrónicamente deberán poder tramitarse a través del portal mediante la firma electrónica y un accesible formulario, el portal no ha introducido por el momento ningún mecanismo para habilitar y facilitar el ejercicio electrónico de este derecho.

Extremadura

En materia de transparencia, Extremadura cuenta con la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

Se justifica para garantizar la transparencia de la toma de decisiones y de la actividad de la Administración Regional, el derecho de los extremeños a acceder a la información, la veracidad y objetividad de la información proporcionada y la participación ciudadana como mecanismo de impulso de la democracia representativa para conseguir una efectiva conectividad de los ciudadanos con sus representantes. En este sentido cabe mencionar la legislación de la Comunidad Autónoma de Extremadura como consecuencia de la implantación del buen gobierno y que ha tenido su plasmación en la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Decreto 3/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la misma.

En cuanto a los límites al derecho de acceso por razón de la materia:

a) Para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.

b) Para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

c) Para el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

d) Para la garantía de la confidencialidad.

e) Para la demás información protegida por normas con rango de ley, de conformidad con la legislación básica del Estado.

f) Para la confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial, cuando dicha confidencialidad esté prevista en una norma con rango de ley o en la normativa comunitaria, a fin de proteger intereses económicos legítimos, incluidos el interés público de mantener la confidencialidad estadística y el secreto fiscal.

Los límites al derecho de acceso por razón de protección de derechos de terceros se basarán en la protección de datos personales recogido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Así mismo, se denegarán las solicitudes que contengan datos íntimos o que afecten a la vida privada de terceros, salvo que exista consentimiento expreso y por escrito del afectado que se acompañe a la solicitud, o una ley lo autorice.

En el ejercicio del derecho de acceso, las solicitudes de información pública deberán dirigirse a la entidad o unidad en cuyo poder se encuentre la información y deberá constar la identidad del solicitante, la indicación precisa de la información que se solicita, sin que sea requisito indispensable identificar un documento o expediente concretos, la forma o formato preferido de acceso a la información solicitada y una dirección de contacto válida a la cual puedan dirigirse las comunicaciones a propósito de la solicitud. Se contemplan como causas de inadmisión previa resolución motivada, las solicitudes:

a) Cuyo objeto sea información exceptuada del derecho de acceso.

b) Dirigidas a un órgano que no tenga la información y se desconozca el competente.

c) Que sean manifiestamente repetitivas y tengan un carácter abusivo no justificado.

d) Que afecten a una pluralidad de personas cuyos datos personales pudieran revelarse con el acceso a la petición.

Existe un Portal de Transparencia en funcionamiento adscrito al Gobierno de Extremadura, donde se publica información y se fomenta la participación ciudadana.

Sin embargo, en la norma no se especifica un órgano de control.

Galicia

En materia de transparencia, Galicia fue de las primeras Comunidades Autónomas en contar con su propia normativa de control de su actividad pública: por un lado, ya desde el año 1996 (Ley 9/1996, de 18 de octubre) contaba con su propia Ley de incompatibilidades de los miembros de la Xunta de Galicia y altos cargos de la administración autonómica y con su propia Ley de Transparencia y de buenas prácticas en su Administración Pública gallega (Ley 4/2006, de 30 de junio). Esta última, se trata de la primera norma española dedicada a regular la cuestión de la transparencia.

Ambas leyes constituyeron un gran avance en el cambio de la cultura administrativa, en el control de la actividad de la Administración Pública y en el esfuerzo por favorecer la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y en el diseño y mejora de los servicios públicos.

Pero las crecientes exigencias de la ciudadanía, unido a la entrada en vigor de una normativa básica a nivel estatal en materia de transparencia y buen gobierno, hacía necesario adaptar la legislación gallega vigente. Por eso, en lugar de una mera adaptación, la Xunta de Galicia optó por la elaboración de un nuevo proyecto de ley completamente nuevo que supusiera un decisivo paso adelante.

El objetivo fundamental de la nueva ley, en trámite parlamentario, será facilitar a los ciudadanos una mayor cantidad de información de la que disponían hasta ahora y más de la que establece la legislación básica estatal.

La solicitud de acceso a la información, entre otros datos, se hará preferentemente por vía electrónica a través del Portal de Transparencia y Gobierno Abierto de Galicia, que estará en marcha con la entrada en vigor de la nueva ley y en donde se unificarán en un único portal los distintos datos que estaban dispersos por distintas webs de otros departamentos. Para el ejercicio de este derecho no será necesario motivar la solicitud, será gratuito y la información estará disponible en formatos abiertos y reutilizables por la ciudadanía. La tramitación de las solicitudes de acceso se efectuará conforme a lo previsto en la normativa básica.

Será en este lugar donde se dará cuenta de las obligaciones de publicidad activa, pero también de aquella otra información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.

Además, y siguiendo las recomendaciones de las principales organizaciones internacionales en defensa de la transparencia, se establece la obligación de la Administración Autonómica de prestar asistencia y orientación a la ciudadanía para el ejercicio de este derecho de acceso.

Los límites materiales y subjetivos al derecho de acceso a la información pública podrán ser limitados o denegados en los supuestos previstos en la normativa básica, Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Solo en el caso de los límites materiales, el proyecto contempla que se concederá el derecho de acceso parcial cuando no afecte a la totalidad de la información y siempre y cuando no dé lugar a una información equívoca o carente de sentido.

Respecto a los órganos de control de la transparencia, encontramos dos:

El órgano de coordinación y control interno en materia de transparencia será la Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación creada por Acuerdo del Consello de la Xunta de 9 de julio de 2015 y ya prevista en la Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración.

El órgano independiente de control será el Valedor del Pueblo con facultades para formular requerimientos con objeto de subsanar los incumplimientos que detecte.

En la nueva ley gallega, se establecen a diferencia de la estatal, infracciones disciplinarias en el caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en ella.

Además, se crea el sello de transparencia como distintivo para reconocer a las entidades que destaquen por sus buenas prácticas y por su facilidad de acceso a la información en esta materia.

También hay que destacar la aprobación de la Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración, que recoge diversos aspectos relacionados con la información pública y se remite en algunos apartados a la futura ley de transparencia de Galicia.

Por otro lado, la nueva ley también amplía el control público sobre el régimen de incompatibilidades existente en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se extiende a todos los altos cargos, y no solo a los miembros del gobierno gallego, la obligación de publicar, tanto en el momento de su nombramiento como en el de su cese, su situación patrimonial.

Se hace obligatorio también publicar la relación de aquellas actividades que el alto cargo desempeñara en los dos años anteriores a su toma de posesión, introduciendo también el deber de abstención en los asuntos que afecten a las entidades privadas en las que tuvieran parte en su dirección o administración en esos años.

Así mismo, se introduce también la obligación de que, durante los dos años posteriores a su cese, las personas que fuesen altos cargos de la Xunta de Galicia, deben informar de cualquier actividad que vayan a realizar a la Oficina de Incompatibilidades de la Xunta, para que este informe sobre si esa actividad se ajusta al régimen de incompatibilidades.

Se introduce además la regulación legal de la existencia de un Código Ético Institucional, como el aprobado por Acuerdo del Consello de la Xunta con fecha 24 de julio de 2014 que concreta los principios de conducta a los que los altos cargos deberán sujetarse.

Por último, se limitan las actividades de los gobiernos en funciones y la obligación de información durante el proceso de traspaso de poderes. Además, también se establece lo que debe hacerse para facilitar este traspaso, como que cada consejería deberá elaborar un informe de gestión en el que se detalle la ejecución presupuestaria, los compromisos de gasto asumidos, las obligaciones pendientes de pago o los contratos y convenios vigentes. Estos informes se agruparán en un único documento y serán transmitidos del presidente saliente al presidente entrante, garantizando por lo tanto la debida información para que el nuevo gobierno pueda comenzar a tomar decisiones desde el primer minuto.

Illes Balears

La norma de referencia es la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears. También hay que señalar que en abril de 2014 se presentó una proposición de ley por parte del grupo parlamentario socialista.

A pesar de ser una norma previa a la ley básica estatal de 2013, su exposición de motivos recoge la necesidad de una ciudadanía más exigente en busca de una legitimación social que sobrepasa el disfrute pasivo de los servicios públicos. Asimismo, se apunta a la crisis económica y de valores vivida en los últimos años, que requiere la incorporación de nuevos principios y acciones que permitan afrontar el cambio inminente al que se enfrentan también los poderes públicos. Este cambio, apunta la norma, debe permitir pasar de un modelo de administración burocrático a otro basado en principios gerenciales y de gobernanza.

Esta ley únicamente alude al derecho de acceso a la información en los artículos 4 y 5. No obstante, la ley se restringe a reconocer el derecho de acceso a la información administrativa y en el artículo 4 califica esto como un «primer peldaño del concepto de acceso», el cual se limitará únicamente en el caso de que colisione con la protección de datos de carácter personal. En materias que trasciendan la información meramente administrativa, la ley se remite a la normativa sectorial específica.

La ley prioriza los medios electrónicos para ejercer el derecho a la información, pero reconoce también el modo presencial y telefónico para acceder a la misma. No obstante, hay que precisar que esta norma no regula ningún procedimiento específico para ejercer el derecho de acceso a la información pública. Por esta razón, resulta comprensible también que no se creara ningún órgano de control específico para velar por dicho derecho en esta ley.

Actualmente se está tramitando un decreto para regular el procedimiento del derecho de acceso a la información pública, desarrollando los que establecen los artículos 4 y 5 de la Ley 4/2011, antes mencionada. La regulación prevista en este proyecto se basa esencialmente a lo dispuesto en la Ley 19/2013.

En cuanto al órgano competente para conocer de las reclamaciones contra las resoluciones en esta materia, se está tramitando un anteproyecto de ley de reforma de la Ley 5/2010, de 16 de junio, reguladora del Consejo Consultivo de las Illes Balears, para atribuir temporalmente esta competencia al Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma hasta la creación de un órgano específico para la resolución de reclamaciones y para el control del cumplimiento del derecho de acceso.

De igual modo, se prevé que durante esta legislatura se proceda a la aprobación de una nueva ley de transparencia que teniendo en cuenta la normativa básica prevista en la Ley 19/2013, desarrolle esta materia en el ámbito autonómico.

Lo que sí hay que destacar es la existencia del Portal de Transparencia, que nace con la voluntad de difundir los datos relativos a las políticas y actuaciones públicas y responde al compromiso de facilitar el acceso a las mismas a la ciudadanía de forma accesible y transparente.

La Rioja

Tal y como subrayaron diversos medios, el Gobierno de La Rioja anunció el 6 de febrero de 2013 la redacción de una ley de transparencia, una vez quede aprobada la norma estatal. La Comunidad Autónoma de La Rioja se configuraba entre las primeras comunidades en adoptar una ley de transparencia propia. Tan es así, que aparece en los primeros puestos del Ranking de Transparencia Internacional.

Meses después, se aprobó la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja con el objetivo de regular la transparencia y la publicidad de la actividad administrativa, así como el buen gobierno y las condiciones del derecho de acceso a la información pública.

La ley se estructura en cinco títulos: (a) Disposiciones generales; (b) Transparencia; (c) Buen gobierno; (d) Reutilización de la información; (e) Software libre.

Su aprobación se enmarca en la consecución de una nueva filosofía de acción política a través de la apertura y la puesta a disposición de la información pública a la ciudadanía. Se trata, por lo tanto, de incluir a la sociedad en el proceso de toma de decisiones impulsando su participación para transformar la forma de hacer política.

Sin embargo, la citada ley no desarrolla la norma básica de manera sustancial, contemplando las mismas limitaciones que la legislación básica en lo relativo tanto a los límites materiales y subjetivos, así como al ejercicio del derecho de acceso. Por esta razón, destacamos a continuación lo más relevante de la misma.

En primer lugar, se señala que la consejería competente en materia de Administración Pública ostentará la competencia para el desarrollo de la ley, su ejecución y aplicación, y el control del cumplimiento. Asimismo, esta podrá designar entre las unidades existentes, para ejercer las competencias de recepción y tramitación de solicitudes.

En lo relativo a los plazos de entrada en vigor de la norma, se señala que todos los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la citada ley dispondrán hasta el día 10 de diciembre de 2015 para adaptarse a las obligaciones derivadas de esta ley.

En último término, se alude al Portal de Transparencia, el cual existe y se encuentra en funcionamiento. Adscrito a la consejería competente en materia de Administración Pública (título II, capítulo I, artículo 7), tiene como funciones las siguientes: (a) Facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública: regularización de sistemas e instrumentos colaborativos para un mayor acceso; (b) Impulso y promoción de instrumentos de colaboración con las entidades locales; (c) Publicación de planes y programas anuales y plurianuales: objetivos, actividades, medios y tiempo previsto para su consecución.

En lo relativo al ejercicio del derecho analizado a través del Portal de Transparencia, se concluye lo siguiente: (a) La posibilidad de descargarse un formulario para ejercer el derecho de acceso a la información pública; (b) La posibilidad de tramitar la solicitud de información de manera telemática mediante identificación del DNI electrónico.

Es necesario recalcar el derecho de participación ciudadana, recogido en el capítulo III, donde se dicta que la Administración Pública riojana impulsará la participación y colaboración de los ciudadanos, ya sea a título individual y en su propio nombre, ya sea en representación y en el nombre de las organizaciones legalmente constituidas en las que se agrupen o que los representen, a través de instrumentos o mecanismos adecuados que garanticen la interrelación mutua (artículo 17.1). De hecho, en el artículo siguiente establece una serie de garantías para la participación de la ciudadanía en la elaboración de determinados planes y programas de carácter general para una promoción de la participación real y efectiva de la ciudadanía. En último lugar, se señala la importancia del Portal de Transparencia para facilitar el ejercicio del derecho de participación ciudadana.

Murcia

En materia de transparencia Murcia cuenta con la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Se justifica por:

Dirigir la Administración Pública hacia unos estándares de calidad más elevados y de mayor proximidad a la ciudadanía.

Otorgar a la ciudadanía un rol activo en el diseño, ejecución, seguimiento y auditoría de políticas públicas.

Dar respuesta ante el incremento de las demandas de la ciudadanía, asociado al impulso de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías.

Apostar firmemente por un impulso democrático que fomente una nueva gestión pública en la que la transparencia, la participación ciudadana y el buen gobierno sean los ejes vertebradores.

Intentar que la transparencia se plasme en derechos concretos de los ciudadanos y en obligaciones específicas de la Administración.

Alude a la implantación progresiva del uso de medios electrónicos en la gestión administrativa.

Destaca el principio de participación ciudadana, disponiendo que la Administración Regional fomentará el derecho de los ciudadanos a formular sugerencias, observaciones, reclamaciones y quejas en relación con la prestación de los servicios públicos, así como a ser consultados sobre el grado de satisfacción respecto a los mismos.

Los límites materiales al derecho de acceso serán los establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Y los subjetivos acatan los límites derivados de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

El ejercicio del derecho de acceso a la información se hará con solicitud previa, que no tendrá necesidad de ser motivada y sin más limitaciones que las establecidas en la legislación básica estatal. Las solicitudes podrán ser inadmitidas a trámite, cuando la información se encuentre en curso de elaboración o de publicación, tengan carácter auxiliar o de apoyo de la información solicitada o se deba reelaborar la información.

La tramitación del acceso se regirá por la ley estatal básica en esta materia.

Sobre las previsiones en relación con las Entidades Locales se contempla la colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el resto de administraciones, especialmente, la Administración Local.

El órgano de control de la transparencia será el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, actuará con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia orgánica y funcional. Tendrá capacidad sancionadora, procedimiento que podrá ser iniciado de oficio, pudiendo aplicarse para las infracciones previstas sanciones de amonestación y multas dependiendo de su gravedad.

No existe un Portal de Transparencia como tal aunque se habla de la creación de un Portal de Transparencia vinculado a la web de la Comunidad Autónoma. Existe una web específica donde se recopila toda la información relacionada con la Iniciativa Integral para la Transparencia, aunque se señala que esta página sirve como base previa para la futura creación del Portal de Transparencia. Dicho portal está adscrito a la Consejería de Presidencia y Empleo, a través de su Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior. Su función es la de publicación de información, y no se contempla modo alguno de autenticación, ni manera de ejercer el derecho de acceso a la información.

La entrada en vigor de la ley se estableció para el 18 de mayo de 2015, a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Navarra

La Comunidad Foral de Navarra ha sido pionera en la regulación del derecho de acceso; en palabras de Cristina Gutiérrez (2013: 28). Es la primera Comunidad Autónoma que ha aprobado una ley que cumple con las garantías mínimas establecidas en el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos, la primera norma autonómica que regula el derecho de acceso a la información de manera exhaustiva y acorde con las normas de referencia en la materia (ibíd.).

La norma a la que se hace referencia es la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, la cual tiene dos antecedentes. En primer lugar, se señala la reforma del Estatuto de Autonomía de Navarra, donde el artículo 28 bis señala que «la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (…) debe ajustar a los principios de eficacia, eficiencia, racionalización, transparencia, buena administración y servicio efectivo a los ciudadanos». En segundo lugar, la aprobación de la Ley Foral 2/2011, de 17 de marzo, por la que se establece un Código de Buen Gobierno donde se escribe que todos los miembros del Gobierno, los altos cargos de las Administraciones Públicas, los funcionarios públicos y el resto del personal de las Administraciones Públicas, incluidos los representantes de las instituciones forales deberán seguir pautas de comportamiento basadas en la transparencia, entre otras.

Así se llega a junio de 2012 con la aprobación de la ley foral en materia de transparencia donde en su exposición de motivos se hace referencia al principio constitucional de reconocer y fomentar la participación ciudadana en la vida política, económica y social. Con tal finalidad, se hace necesaria una nueva forma de administración, más abierta y participativa, transparente y eficaz que se interrelacione en mayor medida con la ciudadanía.

Con estos principios, la citada ley desarrolla en mayor medida, en términos comparados con otros textos normativos, las disposiciones de la ley estatal. Concretamente, el acceso a la información se halla previsto en el título III, dedicándose el capítulo primero a las normas y límites del derecho y el capítulo segundo al procedimiento administrativo para el ejercicio del derecho analizado. En este sentido, regulan de manera exhaustiva cada excepción de los límites del derecho de acceso, evitando cualquier margen de discrecionalidad a favor de la Administración (Gutiérrez, 2013: 30). En consecuencia, aspectos tales como la protección de derechos de menores de edad, del patrimonio cultural o histórico reflejados en el artículo 23 y sucesivos, quedan especificados en la norma navarra. Sin embargo, se ajusta una interpretación restrictiva del derecho imperando la preservación del derecho al honor, intimidad y propia imagen.

El procedimiento del ejercicio del derecho se ajusta a la norma estatal, destacando los plazos regulados: siendo de quince días para su resolución, ampliable otros quince días si el volumen o complejidad lo requiere (debiendo ser justificado en los diez primeros días). La resolución debe ser resuelta por escrito y notificada al solicitante o a terceros en el formato y forma deseado por el solicitante salvo que por razones técnicas no se pueda poner a su disposición. Por otro lado, el silencio administrativo es interpretado de manera positiva, salvo cuando la denegación de la información venga expresamente impuesta en norma con rango de ley, tal y como es señalado en el artículo 30.2.

El órgano encargado del control de la transparencia previsto en la citada ley es la Comisión de Seguimiento para la implantación de la Transparencia y del Gobierno Abierto, siendo definida como la unidad encargada de impulsar, con carácter general, la puesta en funcionamiento de las medidas recogidas en la ley foral, de valorar el grado de implantación de estas, y en su caso, de promover todas aquellas actuaciones correctoras de cara a lograr (…) la plena efectividad y cumplimiento de las disposiciones recogidas en la misma. Así mismo, se regulan una serie de unidades responsables de la información pública, encargadas, en coordinación con el sistema archivístico existente y, en particular, con el archivo digital, de la tramitación, en tiempo y forma, de las obligaciones establecidas. Dichas unidades estarán adscritas a diferentes secciones de los Departamentos de Economía, Hacienda, Industria y Empleo; Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, de Educación, de Salud, entre otros.

En lo relativo al Portal de Transparencia, el cual existe y se halla en funcionamiento, se encuentra adscrito a la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto. Sus funciones son la promoción de la escucha activa de la ciudadanía y el diálogo entre los ciudadanos y la Administración Pública, la facilitación de información –en formato abierto, reutilizable y gratuito– a la ciudadanía y canalizar la participación e implicación de la ciudadanía en asuntos públicos.

En él facilita la participación y colaboración de la ciudadanía en diferentes asuntos como planes, programas, elaboración de normativas, y encuestas de satisfacción para la definición de políticas y la participación en la toma de decisiones. En este sentido, además de garantizar el ejercicio del derecho a la información y de datos abiertos, se establece un área de participación donde los ciudadanos pueden participar y colaborar mediante la presentación de propuestas de actuación o sugerencias a través de un formulario publicado a tal efecto, así mismo, pueden participar de una iniciativa reglamentaria. Todos estos mecanismos son instrumentos que persiguen hacer efectivas la participación y colaboración ciudadanas.

País Vasco

Aunque, en palabras de Gutiérrez (2013: 38), el País Vasco es una de las comunidades más comprometidas con el principio de transparencia, lo cierto es que, por el momento, carece de una ley autonómica relativa a la materia. El proyecto de ley de Administración Pública vasca fue retirado del Parlamento Vasco en su última fase de aprobación para incorporar las aportaciones de los grupos parlamentarios y así concitar el máximo consenso. En las próximas semanas se aprobará un proyecto de ley de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno del sector público vasco, que recoge las principales enmiendas que los grupos parlamentarios hicieron a aquella y que apuesta por un modelo de máxima transparencia. Por ende, y a pesar de no tener una ley de transparencia, el País Vasco ha desarrollado una serie de mecanismos, aprovechando las herramientas tecnológicas, para poner en marcha un conjunto de servicios online en aras de acercar la Administración a la ciudadanía. En este sentido, se halla la Plataforma de Gobierno Abierto de Euskadi –basada en un servicio online de comunicación y participación donde las redes sociales y la participación en la vida pública están presentes. Así se pueden elaborar peticiones ciudadanas, consultar las respuestas remitidas por el Gobierno Vasco al Parlamento Vasco, así como la gestión online de procedimientos tales como solicitar información general, presentar una queja, sugerencia o agradecimiento de forma privada, ejercer el derecho de acceso a la información pública; registrar un documento además de consultar o realizar procedimientos administrativos.

Se trata de una propuesta que contiene previsiones que permiten considerarlo como un texto ambicioso en términos de regulación del derecho de transparencia

La finalidad del proyecto de ley es la consecución de un nuevo modelo de Administración Pública, más cercano al ciudadano, donde se fomente la interactuación entre la Administración Pública y la sociedad civil. Así se recoge en los fines de la ley (artículo 2): g) Establecer instrumentos y procesos que permitan generar valor público en la prestación de servicios; d) Impulsar la evaluación de las políticas públicas, en cuanto a la obligación de evaluar y la obligación de comunicar los resultados de esa evaluación; c) Promover el acceso de la ciudadanía a la información pública que obre en poder de la Administración General y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma; a) Informar a la ciudadanía sobre la planificación del Gobierno y sus compromisos estratégicos, consolidando el principio de publicidad activa y e) Favorecer en la ciudadanía y en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la generación de una cultura y hábitos de participación corresponsable en los asuntos públicos.

La necesidad de cambio de modelo de Administración se hace patente, de modo que esta transite hacia una mayor preocupación por la eficacia y la eficiencia en la utilización de los recursos y la implantación de una nueva cultura en la gestión de los servicios públicos.

La regulación relativa a la transparencia de la Administración Pública Vasca se halla en el título III del proyecto de ley; en concreto, el capítulo tercero está dedicado al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, donde se reconoce tal derecho a toda persona mediante solicitud previa, sin más excepciones que las contempladas en las leyes.

En lo relativo a los límites al derecho de acceso (artículo 38) se hace referencia a la legislación vigente y, especialmente, por aplicación de las causas de denegación o excepciones al derecho de acceso previstas en esta ley, incluida la protección de los datos de carácter personal. Son ocho categorías ligadas a la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales y de infracciones administrativas o disciplinarias, la confidencialidad de los datos de carácter comercial e industrial, la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en los procesos de toma de decisión, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, la vida privada y los intereses particulares legítimos*, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial y aquella información protegida por normas con rango de ley. El derecho de acceso se ejerce, de manera gratuita, mediante solicitud previa, sin necesidad de motivación, pudiendo ser realizada por cualquier medio y dirigida a la entidad que posea la información. La tramitación puede ser presencial o electrónica estableciendo múltiples formas de identificación tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas.

Lo más llamativo del proyecto de ley que se analiza es el plazo de resolución previsto en quince días. Así mismo, las resoluciones ponen fin a la vía administrativa y son recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

En lo relativo al órgano de control de la transparencia, el capítulo V prevé la creación de la Agencia Vasca de Transparencia-Gardena, que gozará de una personalidad jurídica propia, así como de plena capacidad de obrar con autonomía e independencia. Sus funciones, especificadas en el artículo 67 serán la promoción de la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública.

En lo relativo al Portal de Transparencia, adscrito a la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, dependiente de la Viceconsejería de Función Pública, Departamento de Administración Pública y Justicia, se encuentra en funcionamiento desde el pasado año 2014. A través de él, se puede ejercer de forma clara el derecho de acceso a la información.

CAPÍTULO 9
CONCLUSIONES

Estado de desarrollo de las leyes reguladoras del derecho de acceso

1. Existen cuatro normas previas a la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, que son: la Ley 4/2006 de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración Pública gallega; la Ley 4/2011 de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears; la Ley Foral 11/2012 de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, de la Comunidad Foral de Navarra y, finalmente, la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

2. De las normas anteriores a la Ley 19/2013, las de Galicia e Illes Balears no recogen propiamente un procedimiento de derecho de acceso a la información pública, sino que se mantienen en unas pautas próximas a la Ley 30/1992. La norma navarra sí regula el procedimiento de ejercicio del derecho de acceso, aunque su sistema de revisión de las resoluciones en materia de derecho de acceso se basa en el sistema de recursos del procedimiento administrativo común, sin contar con un órgano de control como tal. La norma extremeña, que se elaboró de modo casi simultáneo a la estatal, recoge prácticamente sus mismos elementos.

3. Después de la entrada en vigor de la ley estatal se aprobaron la mayor parte de las normas autonómicas de transparencia: Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias y Región de Murcia. En el momento actual se están tramitando los proyectos de ley de transparencia del País Vasco y Galicia. A lo largo del primer semestre de 2016 está previsto registrar el Proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de Cantabria, proyecto que se elaborará desde la consulta previa a las Entidades Locales, empleados públicos y agentes sociales. No existe norma autonómica de transparencia ni consta la tramitación de anteproyectos en Cantabria. Finalmente, la Comunidad de Madrid ha regulado la competencia revisora de las resoluciones en materia de derecho de acceso, encomendándolas al Consejo Consultivo Autonómico.

4. De las normas posteriores a la Ley 19/2013, la norma catalana es la que más se aleja de la norma básica. La norma andaluza, si bien se remite en diversos preceptos a la ley estatal, adopta algunas soluciones diferentes. La mayor parte de las demás normas siguen claramente la norma estatal con algunas variaciones. Las normas castellano-leonesa y riojana se remiten en materia del ejercicio de derecho de acceso a la norma estatal prácticamente en bloque.

Motivación de las leyes reguladoras

5. De acuerdo con sus exposiciones de motivos, el elemento más novedoso en relación con la norma estatal, es la conexión de la transparencia y el acceso a la información pública con la participación ciudadana. También existe una presencia marcada de una orientación cultural hacia la responsabilidad, el control y la rendición de cuentas. Por otra parte, en la mayor parte de los preámbulos se hace énfasis en el reforzamiento de la legitimidad de las instituciones.

Límites al derecho de acceso

6. En relación con los límites al derecho de acceso por razón de la materia, la mayor parte de las normas autonómicas, o bien se remiten o reproducen los límites por razón de materia recogidos en la norma básica estatal. No obstante, se observan algunos elementos específicos en algunas normas. Así, en la norma andaluza se alude al carácter secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno, pero sometiendo a las reglas generales de acceso los expedientes que se sometan a dicho Consejo de Gobierno. Por su parte, la ley catalana incluye como límite para el ejercicio del derecho de acceso «el secreto o la confidencialidad en los procedimientos tramitados por la Administración Pública, si el secreto o la confidencialidad están establecidos por una norma con rango de ley»” y «los derechos de los menores de edad».

7. En todas las normas autonómicas que regulan el derecho de acceso se establece como límite la protección de datos de carácter personal. En la mayoría de estas normas se manifiesta esta limitación de forma expresa, con una remisión automática a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Las normas que no regulan expresamente esta limitación se remiten a la regulación de su procedimiento de ejercicio de acceso, a la Ley 19/2013.

La solicitud de acceso a la información pública

8. Todas las normas autonómicas incluyen el deber de identificación del solicitante, ya sea por remisión al procedimiento regulado en la ley básica estatal o por reproducir directamente su contenido.

9. En relación con el medio preferente de identificación, pueden distinguirse tres categorías de Comunidades Autónomas: aquellas que adoptan la preferencia por la vía electrónica, aquellas que pretenden promover la vía electrónica y aquellas que mantienen varias formas alternativas. Dentro de las primeras, es decir, las normas con preferencia por la fórmula electrónica, destacan la Comunidad Valenciana y La Rioja. Dentro de la preferencia electrónica, algunas Comunidades Autónomas la imponen en su relación con determinados colectivos con accesibilidad electrónica, como La Rioja. Otras Comunidades Autónomas no establecen la forma electrónica como preferente, pero indican que promoverán el fomento de la tramitación electrónica y la presentación de solicitudes por vía telemática: Andalucía (por remisión a la ley básica estatal cabe entender que sí se establece la tramitación electrónica como preferente. Además, la Ley de Transparencia pública de Andalucia (LTPA) obliga a fomentar dicha vía), Aragón, Galicia y Murcia.

10. Existe un conjunto de Comunidades Autónomas que establecen un sistema indistinto para la identificación y el ejercicio del derecho de acceso, ya sea a través de la expresión genérica de aceptación de cualquier medio de constancia elegido por los ciudadanos, como son los casos de Cataluña y Extremadura; o con la mención de las posibilidades presencial y telemática (Navarra y proyecto de ley del País Vasco y borrador de decreto, sujeto a cambios de las Illes Balears), y las anteriores más la telefónica (Canarias).

11. Casi todas las normas autonómicas incluyen la exigencia de dirigir la solicitud a la Administración en cuyo poder obre la información: Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Cataluña, Extremadura y Navarra. Por su parte, las normas de Castilla y León, La Rioja y Murcia se remiten directamente al procedimiento regulado en la legislación básica estatal. Tan solo Andalucía mantiene la dirección de la solicitud al órgano depositario de la información como potestativa y no obligatoria. La Ley de Transparencia pública de Andalucia (LTPA) se remite a la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno (LTBG), solo abre una vía alternativa cuando el solicitante conoce la ubicación concreta de un documento o información en un archivo determinado. En ese caso, podrá dirigirse al órgano responsable del mismo (artículo 28.3).

12. En relación con el contenido de la solicitud, se observan dos posturas: las normas autonómicas que se refieren a la información solicitada, sin más precisiones, y aquellas que exigen cierto detalle en la información. Se encuentran dentro de la primera postura las normas de Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias y el borrador de decreto de las Illes Balears. A estas habría que sumar las de Castilla y León, La Rioja y el proyecto de Galicia, por su remisión al procedimiento de acceso estatal. Dentro de la segunda postura se encuentran Cataluña, Extremadura, Navarra y el proyecto de ley del País Vasco. Si bien todas las normas autonómicas coinciden en que no es preciso identificar documentos o expedientes concretos.

13. Ninguna norma autonómica obliga a motivar las solicitudes de acceso, si bien algunas, coincidiendo con la norma estatal, aluden a la motivación con carácter potestativo: Aragón, Canarias, Cataluña, Galicia y el borrador de decreto, sujeto a cambios, de las Illes Balears. Por otra parte, ninguna Comunidad Autónoma establece un supuesto cualificado de acceso por los fines históricos, científicos o estadísticos de su ejercicio. Sin embargo, diversas Comunidades Autónomas sí aluden a un interés superior que ha de ponderarse en el acceso a una información que pudiera verse afectada por los límites. Este interés puede aparecer definido como de carácter público (Extremadura, Navarra y proyecto de ley del País Vasco) o de carácter público o privado (Andalucía y Canarias).

14. Algunas Comunidades Autónomas complementan la exigencia de dirigir la solicitud al órgano depositario con fórmulas de derivación de solicitudes entre órganos. Así sucede en los casos de Aragón, Canarias, Cataluña, Extremadura y proyecto de ley del País Vasco.

La inadmisión a trámite de las solicitudes

15. Varias Comunidades Autónomas introducen limitaciones en la regulación de las causas de inadmisión. El resto de Comunidades Autónomas se remiten en bloque a la norma estatal sin introducir elementos de modulación: Castilla y León, La Rioja, y solo en los casos de Navarra y Extremadura se introduce alguna causa de inadmisión adicional.

16. Dentro de las modulaciones de las inadmisiones a trámite puede citarse el que algunas Comunidades Autónomas han excluido del carácter de información auxiliar o de apoyo los informes preceptivos; han interpretado que un tratamiento informatizado de uso corriente no puede considerarse como actividad de reelaboración.

La tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública

17. El supuesto de la ley estatal por el que si la información que obra en poder del sujeto al que se dirige la solicitud ha sido elaborada o generada por otro, se le remite a este último para que decida sobre el acceso, no ha sido reproducido por las normas autonómicas (salvo en el caso de Canarias).

18. Todas las normas autonómicas que regulan el procedimiento de ejercicio de derecho de acceso incluyen un plazo de subsanación de las solicitudes, refiriéndose generalmente al carácter impreciso de su contenido. Este plazo siempre es de diez días.

19. La mayor parte de las normas autonómicas aluden a la obligación de dar traslado a los terceros afectados y el derecho de estos a presentar alegaciones, en un plazo que suele consistir en quince días. En todos estos casos, se suspende el procedimiento mientras los terceros presentan sus alegaciones.

La resolución de las solicitudes de acceso a la información pública

20. Todas las normas autonómicas, ya sea de forma más genérica o más detallada, tratan la cuestión del órgano competente para resolver las solicitudes del derecho de acceso. De forma genérica, Andalucía se refiere como órgano competente al que lo sea en relación con la información solicitada, en tanto que Navarra y Extremadura consideran competente al superior jerárquico. Otras normas autonómicas, como las de Aragón y el borrador de decreto, sujeto a cambios, de las Illes Balears mencionan a las personas titulares de los departamentos o quienes ostenten la alcaldía, presidencia, dirección o cargo asimilado en la entidad a las que se solicita información; es decir, los titulares de los órganos y entidades obligadas. El resto de normas autonómicas realizan una determinación de la competencia para resolver las solicitudes de acceso a la información bastante más prolija, distinguiendo entre la Administración General Autonómica, el sector público autonómico y el resto de entidades obligadas por la norma.

21. Numerosas normas autonómicas siguen el plazo estatal de resolución de un mes, ya sea por remisión al procedimiento regulado en la norma básica, como son los casos de Castilla y León, proyecto de Galicia, La Rioja y Murcia. Otras Comunidades Autónomas como Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Cataluña y el borrador de decreto, sujeto a cambios, de las Illes Balears reproducen el mismo plazo fijado en la ley estatal. Por su parte, la norma de Extremadura cita expresamente treinta días hábiles. Tres normas autonómicas establecen plazos inferiores, como son los casos de Andalucía, con veinte días hábiles; Navarra y el proyecto de ley del País Vasco, con quince días.

22. Todas las normas autonómicas que citan expresamente algún plazo de resolución, incluyen una prórroga por el mismo tiempo que el plazo inicial ante la cantidad o complejidad de la información solicitada, ampliación del plazo que ha de ser comunicada al solicitante. Tan solo Cataluña incluye un plazo de ampliación de la mitad del plazo inicial.

23. La mayor parte de las normas autonómicas adoptan el silencio negativo por pura remisión al procedimiento del Estado, aunque las normas de Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña y Navarra establecen el silencio positivo, con mecanismo de garantía contra un resultado perjudicial de este silencio frente a otros derechos protegidos.

24. Casi todas las normas autonómicas coinciden con la Ley 19/2013 en cuanto a los supuestos de motivación de las resoluciones, ya sea por remisión directa a la norma o por expresar sus contenidos. Tan solo Aragón introduce una causa nueva: «en caso de que la negativa a facilitar la información esté fundada en la existencia de derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, se incluirá la referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos cuando esta sea conocida o, alternativamente, a la persona cedente de la que se haya obtenido la información solicitada».

La formalización del derecho de acceso

25. En cuanto a la forma de llevar a cabo el derecho de acceso, las normas de Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja y Canarias, o bien se remiten a la norma estatal o bien reproducen su contenido. Sin embargo, el resto de las normas se decantan por la forma elegida por el solicitante como regla general, con algunas matizaciones de contenido técnico que permitirían que la Administración estableciese otra forma de acceso.

26. La mayor parte de las Comunidades Autónomas aplican el plazo establecido en la Ley 19/2013 para efectuar el acceso, bien por remisión o por reproducción de la norma básica. En otras normas autonómicas, como Aragón, se ordena entregar la información con la resolución al igual que en la norma estatal, pero cuando en los casos tasados en la ley, no se pueda, se formalice el acceso en el menor plazo posible. Una fórmula similar es la que emplea el royecto de ey del País Vasco. De la lectura de la norma de Cataluña se deduce que, en primer lugar, con la resolución se propone plazo y modo de realizar el acceso, o bien se pueden facilitar los datos directamente.

27. En los supuestos en que se haya producido oposición de un tercero durante la tramitación de la solicitud de acceso, pocas normas autonómicas se pronuncian de forma diferente a la Ley 19/2013. Tan solo la norma de Cataluña elimina el carácter suspensivo de la interposición del recurso contencioso, dejándolo en manos de las medidas cautelares que pueda imponer el juez de lo contencioso.

28. En relación con los costes, las normas autonómicas siguen el esquema estatal y reconocen la gratuidad del acceso, aunque con alguna matización. Cabe distinguir entre aquellas que se refieren a la gratuidad con carácter general, como son los casos de Aragón y el País Vasco; y aquellas otras que se refieren a la gratuidad si el acceso se lleva a cabo in situ o a través de medios electrónicos: Andalucía, Cataluña, Extremadura, Murcia y Navarra. Todas las normas autonómicas incluyen tasas en concepto de expedición de copias o por la transposición a formatos diferentes al original.

Unidades especializadas de información

29. En diversas Comunidades Autónomas se prevén unidades especializadas para la recepción, tramitación y seguimiento de las solicitudes de acceso. Son los casos de Andalucía, Aragón, Canarias y La Rioja. Suelen recibir la denominación de «unidades de transparencia» o «unidades de información». En el caso de Castilla y León se prevén, pero solo con carácter potestativo. En otras normas no se alude a unidades especializadas, indicando el órgano que asume sus funciones: las subsecretarías de las consejerías en la Comunidad Valenciana.

Las reclamaciones contra las resoluciones de las solicitudes de acceso a la información pública

30. Las normas autonómicas coinciden con la norma estatal en cuanto al objeto de las impugnaciones, refiriéndose a las resoluciones expresas y presuntas en materia de acceso o bien, genéricamente, a las resoluciones en materia de acceso. La inclusión en las propias normas de la resolución por silencio, ya supone implícitamente que dichas resoluciones se pueden recurrir.

31. La mayor parte de las Comunidades Autónomas configuran la impugnación como una reclamación potestativa previa a la vía judicial, de carácter sustitutivo del recurso administrativo, en la misma línea que la norma estatal. Tan solo se observan dos excepciones: Navarra se remite al sistema de recursos del procedimiento ordinario, y Cataluña establece la posibilidad de recurrir en reposición ante el propio órgano y después ante el órgano de control.

32. En cuanto al ámbito subjetivo de impugnación, destaca el aspecto relativo a las entidades excepcionadas. En algunos casos se indican de manera explícita, al estilo de la norma estatal, refiriéndose a Consejo Consultivo, Defensor del Pueblo Autonómico o Asamblea Legislativa, entre otros órganos estatutarios. En otros casos, las normas autonómicas someten al control de transparencia y derecho de acceso los elementos de actividad de Derecho Administrativo de las entidades excepcionadas. El resto de Comunidades Autónomas solo citan en su ámbito de aplicación a su sector público administrativo y económico, así como entidades privadas sometidas a transparencia, sin alusión expresa a los órganos estatutarios.

33. Las Comunidades Autónomas, que regulan el órgano encargado de resolver las reclamaciones, designan mayoritariamente un órgano de carácter autonómico, que generalmente se corresponde con el órgano de control de la transparencia y buen gobierno. Tan solo La Rioja deriva esta competencia de manera expresa al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado.

34. En relación con el plazo para interponer el recurso, todas las Comunidades Autónomas coinciden con la norma estatal, fijando un mes desde el día siguiente de la recepción de la notificación o bien desde el día siguiente en que el silencio administrativo comienza a desplegar sus efectos.

35. Todas las normas autonómicas, salvo Cataluña, coinciden en un plazo de resolución de tres meses, ya sea por citarlo la norma de manera expresa (Aragón, Canarias y proyecto del País Vasco) o por remisión a la legislación básica (Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, La Rioja, Madrid y Murcia). En el caso de Cataluña el plazo de resolución es de dos meses.

36. La cuestión del silencio a la hora de resolver las reclamaciones suscita unanimidad en todas las normas autonómicas. El silencio siempre será negativo, entendiendo el interesado desestimada su reclamación por transcurso del plazo para resolver.

37. Las normas autonómicas recogen lo establecido en la Ley 30/1992 en su reconocimiento explícito de un trámite de audiencia de entre diez y quince días, cuando la denegación de la resolución recurrida se fundamenta en protección de derechos de terceros. Tan solo Cataluña establece un procedimiento de mediación previa.

38. Todas las normas autonómicas aplican a las reclamaciones el régimen de tramitación de los recursos de la Ley 30/1992, ya sea de forma explícita o por remisión al artículo 24 de la Ley 19/2013 que también lo aplica. De este modo, se incluye, además del trámite de audiencia, la obligación de notificar a los interesados.

39. Las normas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Madrid, Murcia, proyecto de ley del País Vasco y proyecto de ley de Galicia, aluden a la publicación de las resoluciones de las reclamaciones, previo proceso de disociación.

Rendición de informe anual de cumplimiento

40. Las normas autonómicas suelen contemplar la rendición, con carácter anual, de un informe de cumplimiento por parte del órgano de control a la cámara legislativa: Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla y León y Cataluña. En algunos casos también incluyen la remisión de las resoluciones, una vez hayan sido notificadas, al Defensor del Pueblo o comisionado equivalente: Andalucía, Aragón, Cataluña, Murcia y proyecto de ley del País Vasco.

Órgano de control del derecho de acceso

41. La forma de órgano de control más habitual es la de una entidad adscrita a la Administración, pero con un cierto grado de independencia: Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, proyecto de ley del País Vasco, Cataluña y Murcia. Además La Rioja atribuye la supervisión de las entidades incluidas en sus normas, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, mientras que Extremadura podrá suscribir un convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, o atribuir o crear a un órgano propio el ejercicio de tal competencia.

42. Una Comunidad Autónoma ha optado por situar sus competencias en materia de control del derecho de acceso en la figura de sus consejos consultivos, esta es la Comunidad Autónoma de Madrid. Lo mismo se prevé, en cuanto a la atribución de la competencia para resolver las reclamaciones, de forma temporal, mientras no se cree un órgano propio y específico, en el anteproyecto de ley que se está iniciando en las Illes Balears.

43. Castilla y León y Canarias sitúan las funciones de control del derecho de acceso y de transparencia en comisionados parlamentarios. La norma de Castilla y León prevé una Comisión de Transparencia adscrita al Procurador del Común, con la figura de un adjunto y un secretario. La norma de Canarias establece la figura de un comisionado parlamentario específico para la transparencia y buen gobierno. El proyecto de Galicia asigna las funciones al Valedor del Pueblo.

44. La mayor parte de las normas remiten la estructura y funcionamiento de sus órganos de control a futuros reglamentos. Esta remisión es casi completa en el caso de las normas de Aragón, Cataluña y Murcia.

45. Las normas de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía describen una entidad adscrita a la Administración con régimen especial de independencia, compuesta por la estructura de un órgano colegiado con funciones consultivas y de asesoramiento, y otro de carácter ejecutivo, dependiente de una presidencia o dependencia con capacidad resolutoria.

46. Las normas de Aragón, Cataluña y proyecto de ley del País Vasco describen un órgano adscrito a la Administración, con un régimen especial de independencia, de composición estrictamente colegiada.

47. Las Comunidades Autónomas que identifican su órgano de control en el Consejo Consultivo autonómico solo le otorgan competencias relativas a la revisión del derecho de acceso, sin establecer previsiones en cuanto a estructura.

48. Todos los órganos de control previstos en las normas autonómicas cuentan con la capacidad de resolver las reclamaciones en materia de derecho de acceso a la información pública.

49. Las Comunidades Autónomas de Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias, Comunidad de Madrid y Murcia otorgan a sus órganos de control la capacidad de instar procedimientos sancionadores en materia de derecho de acceso.

50. No existe una relación directa entre la naturaleza jurídica del órgano de control y su potestad sancionadora. En cada tipo de órgano según su naturaleza jurídica encontramos ejemplos de Comunidades Autónomas que otorgan la capacidad sancionadora y otras que no.

51. La mayor parte de las normas autonómicas otorgan cierta capacidad regulatoria a sus órganos de control. Esta consiste en la elaboración de resoluciones o instrucciones de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en sus respectivas leyes.

52. La mayor parte de normas autonómicas reconocen una capacidad de control y evaluación a sus órganos de control, que suele ir acompañada de la rendición de un informe anual a la Asamblea Legislativa Autonómica, acerca del cumplimiento de la norma.

53. La emisión de informes preceptivos ante proyectos normativos relacionados con el derecho de acceso a la información pública, está reconocida en las normas de Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y proyecto de ley de Galicia. La emisión de informes facultativos no vinculantes, a petición de órganos encargados de resolver en materia de derecho de acceso, está prácticamente reconocido en todas las normas reguladoras.

CAPÍTULO 10
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