Publicación de los informes de evaluación del 2024 de las entidades perceptoras de subvenciones y ayudas públicas
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) acaba de publicar el informe con los resultados de la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de 79 entidades perceptoras de subvenciones y ayudas públicas.
El Consejo ha analizado si esta muestra de entidades de uno de los grupos de sujetos obligados por la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) –las entidades privadas que perciben determinada cantidad de fondos públicos– publican en sus páginas web la información a la que están legalmente obligadas.
La selección de las entidades evaluadas se ha efectuado mediante muestreo aleatorio estratificado según tipo de entidad perceptora de subvenciones o ayudas públicas por cuantía superior a 500.000 euros en el periodo de un año, a partir de la información contenida en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. De las 79 entidades analizadas, 56 ya habían sido evaluadas en 2023 por el Consejo, y 23 entidades han sido analizadas por primera vez.
Aunque existen notables diferencias en cuanto a cumplimiento entre entidades, el informe del CTBG muestra que el grado medio de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley de transparencia por parte del conjunto de las 79 entidades evaluadas se sitúa en tan sólo el 37,6%. Para obtener el dato del Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO), el Consejo evalúa si las entidades publican o no las informaciones a las que están obligadas y si lo hacen adecuadamente (con suficiente grado de actualización, accesibilidad, en formatos reutilizables, etc.).
Las entidades privadas obligadas por la ley tienen que publicar información de carácter institucional y organizativa (como sus organigramas y perfil y trayectorias de sus responsables), y de tipo económico y presupuestario (contratos y subvenciones que les hayan adjudicado las administraciones públicas, cuentas anuales, informes de auditoría, retribuciones anuales de sus máximos responsables, etc.).
El bajo ICIO obtenido por el conjunto de las entidades privadas analizadas en 2024 se explica, por una parte, por la falta de publicación de informaciones obligatorias: las entidades evaluadas no publican el 60,1% de ellas, es decir solo se publican 4 de cada 10 contenidos obligatorios. Por otra parte, el Consejo ha constatado que muchas de estas entidades no incluyen referencias que permitan conocer a la ciudadanía el grado de actualización de la información publicada.
Llama la atención que un 68% de las entidades que fueron evaluadas en 2023 por el Consejo no ha aplicado ninguna de las recomendaciones que les hizo la institución para ayudarles a mejorar su cumplimiento, dirigidas, fundamentalmente, a facilitar a los ciudadanos y ciudadanas la localización, la accesibilidad y la comprensión de la información. Sólo un 7% de las entidades aplicó el 80% o más de las recomendaciones efectuadas. En estas entidades que aplicaron gran parte de las recomendaciones del Consejo, el incremento medio del ICIO supera los 54 puntos porcentuales.
Es el caso, por ejemplo, de la Fundación Save The Children y de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, que alcanzan un 100% de cumplimiento tras aplicar todas las recomendaciones que les realizó el Consejo en 2023.
