El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, autoridad administrativa independiente garante en el nivel estatal del cumplimiento de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), ha publicado hoy su Plan de Evaluación anual correspondiente a 2025. El Consejo evaluará en este ejercicio si 400 instituciones, organismos y entidades públicas y privadas cumplen con las obligaciones que les impone la Ley de Transparencia, lo que supone que este año serán evaluadas un 32,5% más entidades que en 2023.

El Consejo analizará si cumplen sus obligaciones de publicidad activa: es decir, si las entidades publican en sus páginas web institucionales la información de interés público que determina la Ley de Transparencia.

El Consejo realiza toda la evaluación con recursos propios, utilizando la metodología MESTA, desarrollada conjuntamente con la extinta Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas (AEVAL). En sus informes individuales de evaluación, el Consejo emite recomendaciones específicas dirigidas a cada una de las entidades para facilitarles mejorar sus índices de cumplimiento. Tanto los informes provisionales de evaluación de cada una de las entidades como las alegaciones efectuadas, en su caso, por los sujetos evaluados, así como el informe definitivo, se publican en la web del Consejo tan pronto finaliza la evaluación de cada grupo de sujetos evaluados.

Categorías de entidades que serán evaluadas en 2025

Por una parte, al igual que en los años anteriores, en 2025 se volverá a evaluar el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado (en el que se integra la información que deben publicar los ministerios), al objeto de comprobar el grado de aplicación de las recomendaciones derivadas de la evaluación realizada en 2024 y que arrojó un grado de cumplimiento del 85,6%.

Además, en 2025 se evaluarán 229 entidades del sector público institucional estatal, grupo de entidades que incluye, entre otros, a entidades públicas empresariales, organismos autónomos, sociedades mercantiles y fundaciones públicas. De ellas, 156 serán evaluadas por primera vez, y 73 serán evaluadas de nuevo. Cabe destacar que al finalizar 2025 todas las entidades que conforman el sector público institucional estatal habrán sido objeto de, al menos, una evaluación de cumplimiento por parte del Consejo de Transparencia, que lleva evaluando a entidades de este grupo desde 2017.

La Ley de Transparencia impone obligaciones de publicidad activa no solo a las entidades públicas, sino también a las entidades privadas que perciben un determinado volumen de ayudas o subvenciones públicas. El Consejo evalúa el cumplimiento de este grupo de sujetos obligados desde 2020. En 2025 analizará el cumplimiento con la Ley de Transparencia de 87 entidades privadas que recibieron al menos 100.000 euros de fondos públicos entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024. De ellas, 63 serán analizadas por primera vez y el resto serán reevaluadas. Dado el elevado número de sujetos obligados por la LTAIGB en esta categoría, la selección de las entidades se realiza de manera aleatoria mediante muestreo estadístico.

Por otra parte, el Consejo hará una tercera evaluación a 77 entidades que han sido evaluadas ya en dos ocasiones anteriores por el Consejo, y que siguen presentando bajos niveles de cumplimiento sin que hayan aplicado adecuadamente las recomendaciones formuladas.

Y, por último, hay que destacar que el Consejo realizó en 2024 una evaluación a los seis partidos políticos de ámbito nacional con representación en el Congreso. En 2025 revisará el grado de aplicación de las recomendaciones realizadas a cada uno de ellos y efectuará una nueva cuantificación de los índices de cumplimiento.

Además de estas evaluaciones previstas, el Consejo puede realizar análisis de los portales de aquellas entidades sobre las que se presente una denuncia por incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, una vez analizada la pertinencia de la denuncia.

Plan de Evaluación 2025