Video de la comparecencia

El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), José Luis Rodríguez Álvarez, compareció hoy a petición propia en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados para presentar la Memoria de Actividades del Consejo correspondiente al ejercicio 2023.

En su intervención destacó cómo en 2023 se intensificó la labor del Consejo en las dos funciones principales que tiene encomendadas: la de tutelar el derecho de acceso a la información pública y la de evaluar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, es decir, supervisar si los sujetos obligados por la Ley de transparencia publican en sus páginas web o portal de transparencia la información relevante para la fiscalización de su gestión.

En 2023 se registraron en el Consejo 2.013 nuevos asuntos, de los que el 90% fueron reclamaciones de tutela del derecho de acceso a la información pública, cifra que, subrayó, “da cuenta de la gran relevancia práctica que esta función tiene para la ciudadanía”. Así, se recibieron 1.886 reclamaciones, de las que el 62% se presentaron frente a entidades del ámbito estatal y el resto frente a entidades de ámbito autonómico o local pertenecientes a algunas de las comunidades y ciudades autónomas que han atribuido la competencia de tutela en esta materia mediante convenio.

En cuanto al número de reclamaciones resueltas, en 2023 se produjo un incremento del 36,7% respecto al año anterior, con un total de 2.259 expedientes (1.169 de ámbito estatal y 1.090 de ámbito autonómico y local) lo que, destacó el presidente del Consejo “constituye un récord histórico”.

El 95% de las reclamaciones de ámbito estatal se admitieron a trámite. De ellas, casi dos tercios (el 63,7%) concluyeron con un pronunciamiento estimatorio en sus distintas modalidades (estimación total, parcial, por motivos formales o con orden de retroacción).  En el ámbito autonómico y local las magnitudes son similares: se admitió a trámite el 95,1% y se estimó el 71,5%.

En su intervención, el presidente del Consejo volvió a advertir de dos disfuncionalidades graves en la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública que la institución viene denunciando reiteradamente y que continúan sin corregir los órganos y entidades de la Administración General del Estado y los de ámbito autonómico y local.

La primera es el elevado número de casos en el que los sujetos obligados no contestan en plazo a las solicitudes de información pública formuladas por los ciudadanos y ciudadanas, y que por tanto se entienden denegadas por silencio administrativo. En 2023, el 33,7% de las reclamaciones recibidas por el Consejo frente a órganos y organismos del ámbito estatal se presentaron por silencio administrativo, porcentaje que se eleva hasta nada menos que el 85,4% en las reclamaciones de las de ámbito autonómico y local de las comunidades con las que el Consejo tiene convenio.

La otra patología grave, subrayó, es la existencia de un porcentaje significativo de resoluciones que son firmes y plenamente vinculantes porque no se han recurrido y, sin embargo, no se cumplen. El Consejo hace un seguimiento permanente de la situación de cada resolución y periódicamente recuerda a los órganos afectados la falta de cumplimiento, instándoles a que procedan a la ejecución sin demora. Además, cada tres meses, publica el estado de cumplimiento de todas sus resoluciones en la página web para conocimiento público.

“Pero -lamentó el presidente del Consejo- eso es todo cuanto podemos hacer porque la ley no nos atribuye más potestades y la experiencia de estos años pone de manifiesto que no es suficiente para poner fin a una práctica que es a todas luces inaceptable: no hay justificación posible para que las administraciones dejen sin ejecutar resoluciones firmes que les vinculan jurídicamente. Ésta es la mayor anomalía del sistema español de acceso a la información pública, que debe ser corregida cuanto antes mediante una reforma de la ley para atribuir a los órganos garantes la potestad de imponer multas coercitivas con el fin de asegurar el cumplimiento de sus resoluciones, con independencia de que también se pueda prever un régimen de sanciones para los casos más graves”.

Evaluación de las obligaciones de publicidad activa

La otra gran área de actividad del Consejo, la de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, también fue potenciada muy significativamente en 2023. Se evaluó individualmente el grado de cumplimiento de la ley de 254 organismos o entidades (un 35,1% más sujetos evaluados que en 2022), lo que resultó en la elaboración y publicación en la web de 361 informes (un 32,7% más). Todas las evaluaciones se realizaron exclusivamente por funcionarios del Consejo y con medios propios, sin externalizar ningún proceso.

En 2023, la evaluación se centró en las entidades del sector público institucional, y en las entidades privadas que reciben subvenciones, que son los grupos de sujetos obligados en los que subsistía un bajo índice de cumplimiento. Los resultados ponen de manifiesto que el grado de cumplimiento de las obligaciones legales en estos sectores es todavía muy bajo en general, aunque también hay que hacer la salvedad de que en todos los grupos hay buenos ejemplos de entidades cumplidoras. En el sector público institucional el grado medio de cumplimiento fue tan solo del 43,3%, y, en el caso de las entidades privadas la media no llega al 35%.

El Portal de la Transparencia de la AGE, que también ha sido objeto de evaluación, ha mejorado en un 8% en relación con el año anterior, lo que supone un avance importante, pero aún se sitúa en el 81%.

El Consejo, en sus informes de evaluación, no solo verifica el estado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, sino que también formula recomendaciones específicas a cada sujeto evaluado para que subsanen las carencias observadas. Esta práctica, destacó Rodríguez, está contribuyendo a mejorar el nivel de transparencia año tras año, en la medida en la que las recomendaciones son aplicadas. Sin embargo, denunció, hay entidades públicas y privadas que incluso después de dos evaluaciones con las correspondientes recomendaciones continúan incumpliendo sus obligaciones en materia de transparencia. Por tanto, al igual que en el ámbito de las reclamaciones, abogó por atribuir al Consejo potestades coercitivas para conseguir que la ley se cumpla.

Una plantilla de 30 efectivos a 31 de diciembre de 2023

En su intervención, recordó que, pese a la intensificación de la actividad del Consejo, la institución cuenta con una plantilla “aún muy modesta” para la carga de trabajo y las funciones que tiene encomendadas. En 2023 el Consejo contó con un presupuesto de 3,37 millones de euros -un 12,5% más que el ejercicio anterior. Su equipo, a 31 de diciembre, contaba con 30 efectivos.

Destacó algunos importantes avances en el proceso de modernización y fortalecimiento de la institución, cumpliendo con los objetivos marcados en el Plan Estratégico 2022-2025, como la aprobación de un nuevo Estatuto que sustituyera al de 2014, que había quedado desfasado y no se adecuaba a las funciones y necesidades del Consejo, y que por fin ha sido aprobado en julio de 2024. El Consejo, recordó, está a punto de cumplir sus primeros diez años de puesta en funcionamiento y a lo largo del próximo año se culminarán otros proyectos de mejora como el desarrollo de una nueva página web y la revisión y actualización de los criterios interpretativos sobre la Ley de transparencia.

Balance de diez años de vigencia de la Ley de transparencia

El presidente subrayó que el próximo 10 de diciembre se cumplen 10 años de la plena entrada en vigor de la Ley de transparencia. Si bien se han conseguido avances muy relevantes en todos los ámbitos y administraciones, apuntó que “queda mucho por hacer, porque todavía estamos en la fase intermedia de la construcción de nuestro sistema público de transparencia. El proceso no está ni mucho menos concluido e incluso vemos cómo en los últimos meses se están dando algunos retrocesos que son preocupantes”.

Incidió en que la Ley de transparencia de 2013 tiene lagunas y deficiencias técnicas que se deben corregir, y sobre las que ya existe un alto grado de consenso. “En este sentido, el anuncio gubernamental sobre la próxima presentación de un Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, que incluirá la reforma de la ley de Transparencia, abre una expectativa muy positiva, que esperemos se confirme pronto”, dijo.

“Y -añadió- como los dos partidos políticos con mayor representación en las Cortes Generales llevaron el compromiso de la reforma de la Ley de Transparencia en su programa electoral, debería ser factible que salga adelante en esta legislatura. Si no se consigue, resultará difícil de explicar y me atrevo a aventurar que tendrá un coste político porque la demanda de más transparencia en los asuntos públicos está muy extendida entre la ciudadanía española, como quedó de manifiesto el Eurobarómetro del año pasado, y probablemente a día de hoy aún sea mayor. “

También apuntó que, siendo muy importante la reforma de la ley, no basta con ello, ya que las estructuras institucionales del sistema de transparencia todavía son muy débiles, tanto las de los órganos garantes y de control y supervisión de la transparencia pública, como las estructuras administrativas dedicadas a cumplir con las obligaciones de publicidad activa y a atender las solicitudes de acceso a la información de los ciudadanos, que en general, “están aún lejos de tener la dotación mínima necesaria”. A ello se suma que, en muchos casos, todavía persiste cierto desconocimiento de los contenidos de la ley entre los responsables de los sujetos obligados, lo que pone de manifiesto que “la cultura de la transparencia aún no ha calado suficientemente en las administraciones públicas”. 

Desde el 1 de octubre España copreside la Alianza para el Gobierno Abierto, por lo que durante un año ocupará una posición de gran relevancia y estará en el centro de las miradas de toda la comunidad internacional de la transparencia. “No se debería dejar pasar esta oportunidad para ser ejemplares, abordar las reformas pendientes y adoptar las medidas necesarias para situar a nuestro país entre los que lideran el ranking de Estados más transparentes, que es donde nos correspondería estar por múltiples razones”, concluyó. 

Enlace a la Memoria 2023