El presidente del Consejo, José Luis Rodríguez Álvarez, ha intervenido hoy en la IX Cumbre global de la Alianza para el Gobierno Abierto, que reúne en la capital vasca a más de 2.000 representantes de gobiernos, líderes de la sociedad civil y expertos en políticas públicas para intercambiar experiencias e impulsar mejoras en las iniciativas de gobierno abierto.
En este importante encuentro internacional, ha destacado que tener acceso a la información pública es esencial para posibilitar una participación eficaz de las personas y de los grupos sociales en los asuntos públicos. “Es una condición necesaria que adquiere todavía mayor relevancia en el contexto actual de proliferación de la desinformación, que se debe combatir con información pública verificada y confiable”, ha subrayado.
Rodríguez participó en el panel de alto nivel “Integridad, transparencia y ética públicas”, junto a responsables públicos y de organizaciones de la sociedad civil de varios países, para debatir los avances logrados en estas áreas claves para fomentar la confianza pública, garantizar la rendición de cuentas y combatir la corrupción. Recordó que “las prácticas ilícitas anidan y crecen en los espacios de opacidad” y subrayó que la transparencia “limita las oportunidades de la corrupción y las prácticas irregulares y contribuye a generar entornos de decisión presididos por la integridad y la ética”.
Para garantizar la transparencia, destacó, es fundamental que existan órganos independientes como el Consejo de Transparencia, que velan porque se cumplan las obligaciones de transparencia y que garantizan el derecho de acceso a la información pública a través de un procedimiento ágil y gratuito, sin coste alguno para los reclamantes.
En este sentido, destacó el papel que desempeña el Consejo, pese a ser una institución todavía joven y con escasos medios, para contribuir a fortalecer el escrutinio de la actividad pública y mejorar así las posibilidades de participación de los ciudadanos en la vida pública. Solo en 2024, el Consejo evaluó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de 291 organismos y entidades y resolvió 2.230 reclamaciones de personas a las que la Administración les había denegado el derecho de acceso a la información pública, decidiendo el Consejo en el 65% de ellas en sentido favorable al reclamante.
En España, recordó, existen organizaciones de la sociedad civil que son muy activas y tratan de hacer avanzar el derecho de acceso a la información pública, y cuando no obtienen una respuesta positiva por parte de la Administración a sus solicitudes de información, buscan la protección del Consejo de Transparencia.
En el panel, moderado por Zukiswa Kota, jefa de Programa del Observatorio para la Rendición de Cuentas del Servicio Público de Sudáfrica, participaron también Viktor Pavlushchyk, director de la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción de Ucrania; Mariam Galstyan, comisionada jefe de la Comisión de Prevención de la Corrupción de Armenia; Olusoji Apampa, director ejecutivo de la organización The Convention on Business Integrity; Danella Newman, jefa de proyectos de Participación de la Sociedad Civil en la Coalición UNCAC (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción); y Gary Pienaar, miembro de la sociedad civil del Comité Directivo de la OGP en Sudáfrica.
