El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es la autoridad administrativa independiente de garantía en materia de acceso a la información pública y transparencia a nivel estatal. Fue creado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG o Ley de Transparencia).
El Consejo es un organismo independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con absoluta independencia del Gobierno, de las administraciones públicas y de cualquier interés empresarial o comercial. Su presidente no está sujeto a mandato imperativo y no recibe instrucciones o indicaciones de ninguna autoridad. Se rige por lo dispuesto en la mencionada LTAIBG, y por su Estatuto, aprobado por Real Decreto 615/2024, de 2 de julio.
Las principales funciones del Consejo son dos:
- Garantizar el derecho de todas las personas a acceder a la información pública.
- Controlar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia impuestas a los organismos y las entidades públicas.
En contra de lo que se podría deducir de su denominación oficial, no tiene atribuida ninguna competencia directa en materia de “buen gobierno”.
Como garante del derecho de acceso a la información pública, el Consejo resuelve las reclamaciones presentadas frente a la Administración General del Estado y las entidades del sector público estatal por los ciudadanos y las ciudadanas que no están conformes con la respuesta que han recibido a sus solicitudes de información pública (o con la falta de respuesta, es decir, con la desestimación de sus solicitudes por silencio administrativo). También resuelve las reclamaciones presentadas frente a las administraciones autonómicas y locales en aquellas comunidades autónomas que le han atribuido esta competencia mediante convenio.
Como órgano de control, supervisa y evalúa el cumplimiento de la Ley de Transparencia, especialmente en lo referente a las obligaciones de publicidad activa, verificando si las instituciones, los organismos y las entidades públicas estatales publican en sus páginas web la información que les exige la ley. Esta actividad de control se extiende también a determinadas entidades privadas que reciben subvenciones o ayudas públicas relevantes. Además, tramita las denuncias presentadas por los ciudadanos y las ciudadanas por el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
Junto a estas dos funciones principales, realiza otras que contribuyen a promover y fortalecer la transparencia pública:
- Adopta criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en la ley.
- Asesora y resuelve consultas de las personas y unidades encargadas de aplicar la normativa de transparencia.
- Realiza actividades de sensibilización y divulgación dirigidas a la ciudadanía.
- Promueve actividades formativas para capacitar a los empleados públicos en materia de transparencia.
- Colabora y trabaja con otros órganos con funciones similares a nivel autonómico e internacional.
El Consejo es una institución aún joven, que comenzó su actividad en 2015, pero cuya contribución a la configuración de un sistema de transparencia pública en España ha sido capital, mediante una actuación que siempre se ha caracterizado por su total objetividad e independencia.
El equipo del Consejo está actualmente integrado por una treintena de funcionarios públicos. Desde el 20 de octubre de 2020 lo preside José Luis Rodríguez Álvarez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense, que también ha sido director de la Agencia Española de Protección de Datos, entre otras responsabilidades públicas.