En la designación de la persona que ocupa la Presidencia del Consejo intervienen el Gobierno y el Congreso de los Diputados. El Gobierno propone un candidato o candidata, que deberá ser una persona de reconocido prestigio y competencia profesional. La persona propuesta deberá comparecer en la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y obtener el refrendo de la Cámara por mayoría absoluta. Finalmente, el nombramiento se realiza por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros.

La Presidencia, cuyo mandato es de cinco años, no renovable, ejerce sus funciones con plena independencia y total objetividad, no está sujeta a mandato imperativo y no recibe instrucción de autoridad alguna. Ejerce sus funciones con dedicación exclusiva y plena sujeción al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.

La Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno atribuye a la Presidencia del Consejo amplias responsabilidades en la gobernanza de la institución y en la toma de decisiones. Sus funciones están reguladas en el artículo 38 de esta norma y en el artículo 13 del Estatuto del Consejo.

Ostenta la representación legal e institucional del Consejo y dirige y coordina las actividades de todos sus órganos directivos. Conoce de las reclamaciones de amparo sobre acceso a la información pública, adopta criterios de interpretación uniforme de las obligaciones de la Ley de transparencia y directrices, recomendaciones o guías para su correcta aplicación, y responde las consultas que formulan los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información, entre otras funciones.

Además, celebra contratos y convenios, autoriza gastos y pagos, formula y aprueba las cuentas anuales de la entidad y ejerce las funciones de jefatura del personal. También participa con frecuencia en distintos foros, simposios, encuentros y conferencias, tanto nacionales como internacionales. Y comparece, al menos una vez al año, en el Congreso para informar y rendir cuentas sobre la actividad de la institución y presentar la memoria anual del Consejo.

Fco. Javier Amorós Dorda (presidente en funciones. Noviembre de 2017-octubre de 2020)

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1982. Ha desempeñado diversos puestos en la Administración General del Estado, entre ellos, los de subdirector general de Clases Pasivas en el Ministerio de Hacienda y subdirector general de Organización y Procedimientos en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En diciembre de 2014 fue nombrado subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Tras el fallecimiento de Esther Arizmendi ejerció la Presidencia interina de la institución hasta el nombramiento de José Luis Rodríguez Álvarez en octubre de 2020.

Esther Arizmendi Gutiérrez (diciembre de 2014-noviembre de 2017)

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y técnico superior de Administración General, Administración Local y Administración Civil del Estado. Desarrolló una larga trayectoria de más de tres décadas en la administración, donde, entre otras responsabilidades, fue directora general de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica. Fue ponente de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) como presidenta de la Subcomisión de Simplificación Administrativa antes de que se creara el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para cuya Presidencia fue nombrada en diciembre de 2014. Puso en marcha la institución, y estuvo al frente del Consejo hasta su fallecimiento, en noviembre de 2017.