La LTAIBG establece que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española y desarrollados en ella.

Se considera “información pública” todos los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las administraciones y entidades del sector público y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Todas personas tienen derecho a que las administraciones les faciliten la información pública de la que dispongan, ya se sean documentos u otro tipo de informaciones, para lo que únicamente se requiere que presenten una solicitud dirigida al órgano correspondiente en su portal de transparencia (página web), sin necesidad de justificar los motivos por los que la solicitan.

El órgano competente debe contestar en el plazo máximo de un mes. Si transcurrido ese plazo no ha obtenido contestación (silencio administrativo) o no está conforme con la respuesta recibida, la persona solicitante puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia. Esta reclamación sustituye a los recursos administrativos ordinarios, no tiene coste y se puede presentar directamente, sin necesidad de abogado. Es potestativa (es decir, opcional), pues también se puede buscar directamente el amparo judicial ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Consejo es competente para resolver las reclamaciones relativas a solicitudes de información dirigidas a la Administración General del Estado y a las entidades del sector público estatal.

También resuelve las reclamaciones presentadas frente a las administraciones autonómicas y locales de aquellas comunidades autónomas que le han atribuido mediante convenio esta competencia (consúltelas aquí).

En el resto de los casos, las reclamaciones deberán presentarse ante el órgano de garantía de cada comunidad autónoma (puede consultarlo en esta página).

El Consejo publica todas sus resoluciones en su página web.

La Ley de Transparencia establece que las administraciones, las entidades del sector público, y también las entidades privadas que reciben determinado volumen de subvenciones o ayudas públicas, están obligadas a publicar en sus portales de transparencia o páginas web la información que permite a la ciudadanía fiscalizar su gestión y actividad. Por ejemplo, qué normativa les aplica, sus presupuestos y cuentas anuales, los contratos que suscriben, las subvenciones que conceden o reciben, quiénes son sus responsables y qué formación y experiencia tienen, cuáles son sus retribuciones... A esto se le llama obligaciones de publicidad activa.

El Consejo evalúa si los sujetos obligados por la ley cumplen con estas exigencias de publicidad activa y hace públicos los resultados de las evaluaciones en su página web. Cuando constata deficiencias, formula recomendaciones concretas a las entidades para que mejoren su cumplimiento de la Ley de transparencia. 

Las principales conclusiones de sus evaluaciones sobre el grado de aplicación de la ley se recogen en una memoria anual que se presenta ante las Cortes Generales.

En este enlace puede encontrar más información sobre nuestra labor de evaluación.