En su sentencia 301/2026, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2026:1164), el Supremo razona que el Reglamento (CE) 1049/2011, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, no aplica a las solicitudes de acceso a la información pública que obre en poder de la Administración española (aunque esa información tenga su origen directo o indirecto en la actividad de las instituciones comunitarias o estén relacionada con la actividad de la UE), pues solo es de aplicación a la documentación que obre en poder de las instituciones comunitarias.

Además, tampoco resulta aplicable la previsión del artículo 5 del Reglamento europeo (con fundamento en el principio de cooperación leal) para aquellos casos en los que la información obra en poder de un Estado miembro pero tiene su origen en una institución de la Unión porque, en este caso, el convenio de donación o reventa de vacunas fue “fruto de la negociación autónoma” entre las autoridades española y andorrana, al margen de la Comisión europea.

Por tanto, concluye la sentencia, el acceso a la información ha de resolverse aplicando la normativa nacional, y, en este caso, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) no ha justificado suficientemente la concurrencia del límite del art. 14.1.k) LTAIBG -la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión-, que tiene un alcance temporal limitado, no teniendo incidencia el acceso en el proceso de negociación una vez el acuerdo ya ha sido alcanzado.

Tampoco se ha justificado el límite del art. 14.1.c) LTAIBG -perjuicio a las relaciones exteriores- pues, destaca la sentencia, “La intervención de un tercer Estado en la elaboración de un convenio no implica que su contenido deba ser secreto o que la información referente al mismo pueda ser denegada invocando genéricamente el posible daño a las relaciones exteriores..."

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha dictado otra sentencia, la 295/2026, de 10 de marzo (ECLI:ES:TS:2026:1176), que hace referencia a nuestra resolución 55/2023, en la que estimamos parcialmente una reclamación sobre acceso al coste económico de vacunas contra el coronavirus y los contratos firmados con laboratorios.

En este caso, reitera el Supremo que no resulta de aplicación el Reglamento (CE) 1049/2011 sobre acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, porque la información obra en poder de la Administración española, pero, en cambio, sí es aplicable la previsión de su artículo 5 (mecanismo de cooperación leal) porque la información tiene su origen en una institución comunitaria y la decisión sobre el acceso no tiene “una solución clara” que permita al Estado miembro resolver directamente.

Así, en este caso el Estado español no tuvo margen alguno de negociación del precio de compra de vacunas, pues este venía predeterminado por los Acuerdos Preferentes de Adquisición suscritos entre la Comisión Europea y las farmacéuticas. Y la AEMPS no ha justificado debidamente, a pesar de la invocación de los límites del art. 14.1.h), j) y k) LTAIBG, que podía/debía denegar directamente el acceso sin necesidad de consulta o remisión a la Comisión europea.

Por tanto, el Supremo declara haber lugar a la casación presentada por el Consejo, pero estima parcialmente el recurso presentado por la AEMPS, así como la reclamación de la interesada, y anula nuestra resolución para que, respecto de esta solicitud de acceso, la AEMPS dirija consulta a Comisión Europea o le remita la solicitud de acceso a la información. En este mismo sentido se ha pronunciado, en la misma fecha, la sentencia 296/2026 (ECLI:ES:TS:2026:1175).