El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) acaba de publicar los informes de la evaluación realizada este año para medir el nivel de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de 153 entidades del sector público institucional estatal. En esta categoría, que no engloba a los ministerios, se incluyen organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, fundaciones públicas, entidades de derecho público, universidades públicas no transferidas y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
Estas 153 entidades habían sido analizadas por el CTBG por primera vez en 2025. El Consejo ha revisado ahora el grado de aplicación de las recomendaciones que les formuló en aquella evaluación: un total de 2.916 indicaciones específicas para ayudarles a cumplir con la Ley de Transparencia. Además, ha calculado de nuevo su Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO), tras verificar si publican en sus portales web toda la información a la que están obligados: la normativa que les aplica, sus presupuestos, los contratos que suscriben, quiénes son sus máximos responsables, cuál es su formación y experiencia y sus retribuciones, entre otra información.
El informe agregado con las principales conclusiones sobre la evaluación del conjunto de entidades y los 153 informes individuales están disponibles en este enlace.
Respecto de 2025, el ICIO medio ha aumentado en 8,20 puntos porcentuales (el 21,07 %), alcanzando el 47,1 %. Se trata de una mejora reseñable, que demuestra que hay entidades que dan una mayor importancia al cumplimiento de las obligaciones de transparencia y que han seguido las recomendaciones del Consejo para mejorar, con incrementos en el cumplimiento de hasta 68,7 puntos porcentuales. Pero este avance no es suficiente y, sigue dejando fuera a una parte demasiado amplia de sujetos obligados que aún no cumplen con lo que la ley exige desde hace más de una década.