En su intervención, en el marco de la mesa redonda "Democracia e IA. Una visión desde las instituciones", la presidenta del CTBG ha subrayado que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, reconoce el acceso a la información pública como un derecho de configuración amplia que también alcanza a las decisiones que toman las administraciones públicas en las que intervienen sistemas automatizados y algoritmos.
La presidenta ha recordado que el Tribunal Supremo, en la conocida ‘sentencia BOSCO’, vinculó el principio de transparencia algorítmica al derecho de acceso a la información pública reconocido en el artículo 105 de la Constitución Española, configurándolo como una manifestación de este derecho.
Campos ha señalado que la función de garantía que ejerce el CTBG se extiende también al ámbito de la transformación digital de las administraciones y, de forma particular, al uso de la inteligencia artificial. En este sentido, ha recordado que se han presentado ante el Consejo numerosas reclamaciones relacionadas con el acceso a información sobre sistemas algorítmicos y de IA utilizados por la Administración, en materias como los mecanismos de cálculo de pensiones o el sorteo de la composición de los tribunales para procesos selectivos.
Desde esta posición de órgano garante, ha explicado, el Consejo quiere impulsar en este ámbito no solo el derecho de acceso a la información, sino también la transparencia activa, abogando por instrumentos como los registros de algoritmos. "La opacidad algorítmica no es solo un problema técnico, sino una cuestión de control democrático", ha afirmado.
A su juicio, aceptar espacios de opacidad en el funcionamiento de sistemas que influyen en la toma de decisiones públicas supondría crear zonas inmunes al control ciudadano precisamente allí donde la acción pública presenta una mayor complejidad tecnológica. Por ello, ha defendido que la transparencia en el uso de la inteligencia artificial resulta imprescindible para generar confianza en la actuación de los poderes públicos y para reforzar los valores del Estado social y democrático de Derecho consagrado en la Constitución.
Por eso, Campos ha valorado positivamente la iniciativa 'Carta de principios para garantizar un uso democrático de la inteligencia artificial', un proyecto internacional que lidera Pietro Falletta, de la Università dell’Insubria/LUISS de Roma y que en España dirige la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha Susana de la Sierra. Este proyecto sitúa la transparencia dentro de una arquitectura de derechos vinculada a la dignidad, la libertad y la igualdad y la ciudadanía.
En la mesa redonda han participado también el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, Lorenzo Cotino, y el director de la Agencia Española de Supervisíón de Inteligencia Artificial, Alberto Gago. Ha moderado Isaac Martín Delgado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.
