La Junta de Extremadura ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Resolución 350/2026 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), dictada en el expediente 2008/2025, relativa al acceso a información sobre operaciones de venta, cesión, enajenación o traspaso de terrenos de titularidad pública.
La resolución recurrida estimó una reclamación presentada frente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura y ordenó facilitar información relativa a las transmisiones de terrenos públicos, incluyendo, para cada operación, la fecha de transmisión, el tipo de operación realizada, la ubicación del terreno, el precio o contraprestación, la identidad del adquirente y el procedimiento de adjudicación, así como los posibles cambios de uso del suelo. El CTBG indicó que la información debía facilitarse con las oportunas medidas de anonimización de los datos personales cuya protección resultase necesaria.
En la resolución impugnada, el CTBG consideró que la Administración autonómica no había justificado adecuadamente la aplicación de la causa de inadmisión basada en la necesidad de una acción previa de reelaboración de la información y entendió que la información solicitada tenía la consideración de información pública en los términos previstos en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
