La mercantil SALINAS DE LEVANTE, S.A. ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Resolución 407/2026 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), dictada en el expediente 1857/2025, relativa al acceso a información sobre actuaciones de inspección minera desarrolladas por la Consejería de Empresa, Autónomos y Energía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
La resolución recurrida tuvo su origen en una solicitud de acceso presentada por otra empresa del sector, en la que se interesaba conocer diversa información relacionada con actuaciones inspectoras, informes y actuaciones administrativas vinculadas a la explotación minera de Salinas de Levante. La Administración autonómica acordó facilitar la información solicitada con determinadas limitaciones, excluyendo aquella que pudiera revelar detalles de la explotación o afectar a los intereses económicos y comerciales de la empresa.
Salinas de Levante reclamó ante el CTBG en su condición de tercero afectado, al considerar que la solicitud debía inadmitirse por su carácter abusivo y que el acceso podía perjudicar sus intereses económicos y comerciales. Subsidiariamente, interesó que el acceso quedara restringido a una información más limitada sobre las actuaciones realizadas por la Administración.
En la resolución impugnada, el CTBG desestimó la reclamación al entender que la información solicitada tenía la consideración de información pública por referirse a documentación elaborada por la Administración en el ejercicio de sus funciones de inspección. Asimismo, consideró que no se había acreditado la existencia de un perjuicio real, concreto y suficiente para los intereses económicos y comerciales invocados y descartó que la solicitud pudiera calificarse como abusiva. El Consejo señaló igualmente que la resolución administrativa ya había previsto restricciones específicas para evitar la divulgación de datos que pudieran afectar a la actividad económica de la empresa o a su propiedad industrial.
