• El BOE publica hoy el Real Decreto de su nombramiento, tras haber obtenido el refrendo del Congreso, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 37 de la Ley de Transparencia. 

• Doctora en Derecho, Campos es una directiva pública profesional con más de 20 años de trayectoria ligada a la transparencia, la integridad pública y el buen gobierno.  

• Según anunció en su comparecencia en el Congreso, sus prioridades serán la actualización de la normativa de transparencia, reforzar la posición del Consejo, potenciar la cooperación institucional y promover el uso responsable de la tecnología y la inteligencia artificial al servicio de la transparencia.

Concepción Campos cuenta con una dilatada trayectoria relacionada con la transparencia, la integridad pública y el buen gobierno. Doctora en Derecho cum laude y Máster en Derecho de las Instituciones y Administraciones Públicas por la Universidad de Santiago de Compostela, es una directiva pública profesional, secretaria de Administración Local, categoría superior, con más de 20 años de experiencia (su último destino había sido el Ayuntamiento de Vigo). En la actualidad se encontraba en situación de excedencia como consultora y profesora asociada de Derecho Administrativo de la Universidad Rovira i Virgili. 

Ha sido representante técnica en la Red de entidades locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde ha desempeñado diferentes trabajos, como la coordinación del proceso de revisión del Código de Buen Gobierno Local de la FEMP (2015) y de la Ordenanza Tipo de Transparencia, Información Pública y Reutilización. Hasta ahora era coordinadora del Grupo de Trabajo de Integridad en la Contratación Pública de dicha Red; y ha sido miembro de su grupo de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Es doctora honoris causa por la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios del Futuro de México, y académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ha coordinado la cátedra de Buen Gobierno Local de la Universidad de Vigo y ha sido docente en diferentes programas de máster y de posgrado tanto a nivel nacional como internacional. Cuenta también con una prolífica actividad investigadora y editorial en materias de transparencia y buen gobierno. 

En su comparecencia del 25 de marzo en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, que refrendó el nombramiento, Concepción Campos avanzó las líneas estratégicas de su mandato al frente de una institución que, recordó, es “clave para el Estado de derecho”.

Dado que la Ley de Transparencia se aprobó hace más de diez años y se han constatado logros y avances, pero también “carencias e ineficiencias”, una de sus prioridades será lograr su actualización, para lo que reclamó el apoyo de la Cámara. “No estamos en el momento fundacional de la transparencia, sino en un momento en el que hace falta avanzar, consolidar, corregir, actualizar y reforzar”, incidió.

En materia de publicidad activa, en la que a su juicio el balance es “agridulce”, se deberá ampliar el catálogo de obligaciones, y uno de los retos será transformar la cultura en la Administración para pasar de la transparencia como mera obligación formal a “una transparencia como verdadero valor institucional, orientada al dato y a la reutilización de información”.

En cuanto al derecho de acceso a la información pública, considera necesario reforzarlo como un derecho “verdaderamente operativo”, mejorando los tiempos de respuesta y superando “ciertas inercias restrictivas” de Administración. La reforma de la ley, insistió, deberá reforzar la posición de árbitro del Consejo, dotándolo de un régimen sancionador efectivo, y de mecanismos coercitivos eficaces que garanticen la ejecutividad real de sus resoluciones. La presidenta reclamará también una mayor dotación de recursos técnicos, humanos y presupuestarios para la autoridad independiente. “Si se quiere hacer más, hace falta un Consejo fuerte”, dijo.  

La segunda línea maestra de su mandato será intensificar la cooperación institucional, tanto con los órganos garantes de la transparencia autonómicos como con otras entidades que trabajan en ámbitos concurrentes. “En un estado territorialmente complejo, uno de los grandes desafíos es trabajar en red; la pluralidad y riqueza de órganos no puede servir para fragmentar, tiene que articularse desde la optimización, juntos podremos trabajar mejor”.

Por último, promoverá el uso responsable de la tecnología y la inteligencia artificial. Anunció que el Consejo jugará un papel líder como garante de la transparencia algorítmica, ya que la IA es una herramienta muy poderosa para mejorar los servicios que presta la Administración, pero “con reglas claras y transparentes, pues el uso de algoritmos puede generar problemas de opacidad, sesgos y discriminación”. También incorporará la IA al Consejo y promoverá el aprovechamiento de su potencial al servicio de la transparencia.

La Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno atribuye a la Presidencia del Consejo amplias responsabilidades en la gobernanza de la institución y en la toma de decisiones. Sus funciones están reguladas en el artículo 38 de esta norma y en el artículo 13 del Estatuto del Consejo.

La Presidencia ejerce sus funciones con plena independencia y total objetividad, no está sujeta a mandato imperativo y no recibe instrucción de autoridad alguna. Ejerce el cargo con dedicación exclusiva y plena sujeción al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.