La evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las entidades del sector público es una función que ejercen tanto el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como el Tribunal de Cuentas. Sus presidentas, Concepción Campos Acuña y Enriqueta Chicano Jávega, mantuvieron ayer un encuentro institucional en la sede del Tribunal de Cuentas para reforzar los cauces de colaboración entre las dos instituciones.