De ellas, 1.211 expedientes corresponden a reclamaciones frente a los ministerios y entidades públicas estatales. El resto de las reclamaciones recibidas (547 expedientes) se presentaron frente a las Administraciones, organismos y entidades de ámbito autonómico y local de las comunidades autónomas que han atribuido al Consejo el ejercicio de la competencia en esta materia mediante el correspondiente convenio.
Este incremento confirma la tendencia al alza en la entrada de expedientes de ciudadanos que recurren al Consejo para que este garantice su derecho de acceso a la información pública. En 2025, según recoge la Memoria de Actividad de la institución, se recibieron 2.767 reclamaciones, un 40% más que el ejercicio anterior. Como ya se ha mencionado, el aumento se ha intensificado en el primer semestre de 2026: solo en mayo se recibieron 343 reclamaciones, un 80% más que en el mismo mes del año anterior.
"El crecimiento sostenido de reclamaciones presentadas ante el Consejo confirma el afianzamiento de la cultura de transparencia en la ciudadanía, pero evidencia también una realidad ineludible: la función de garantía que realiza el Consejo del derecho a saber, clave en democracia, no puede sostenerse indefinidamente con los medios actuales. Garantizar el derecho de acceso en plazo y con calidad exige una dotación de recursos acorde al volumen real de trabajo", afirma la presidenta del CTBG, Concepción Campos Acuña.
Además, recuerda Campos, la complejidad material de los expedientes también va en aumento, con la progresiva aparición de nuevas demandas de información pública por el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, y su creciente uso por parte de la Administración.
La plantilla del Consejo, formada por una treintena de personas, además de la Presidencia, se ha mantenido invariable desde 2023. El presupuesto de la autoridad independiente también: 3,38 millones de euros.