Recurrente: Repsol Soluciones Energéticas, S.A.
Resolución recurrida: R CTBG 1081/2026
En ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la recurrente solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC) el acceso a documentación integrante del expediente S/0006/25, con exclusión de los elementos que, a juicio de la Administración, tuvieran carácter confidencial.
La CNMC dictó resolución en la que acordó denegar el acceso, indicando que la información solicitada tiene el carácter de reservada y que no ha sido incoado expediente alguno. Posteriormente, en fase de alegaciones hace referencia al perjuicio que supone la entrega de la información para la prevención, investigación y sanción de ilícitos, así como para las funciones de vigilancia, inspección y control de los mercados y sectores productivos que tiene encomendados.
Debido al extraordinario incremento en el número de reclamaciones presentadas ante el CTBG, este no resolvió en plazo la reclamación planteada por la ahora recurrente, que interpuso recurso Contencioso-Administrativo frente a la desestimación presunta de este Consejo. No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1 LPAC, el Consejo dictó resolución por la que estima la reclamación, y recuerda la existencia de una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, que reconoce el derecho de las personas afectadas a acceder a actuaciones previas o reservadas aun cuando estas concluyan sin sanción (Sentencia de 25 de septiembre de 2023, ECLI:ES:TS:2023:3748). Señala, además, que el artículo 45 de la 5/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), remite supletoriamente a la LPACAP, cuyo artículo 53 reconoce derecho de acceso a quienes resultan afectados por actuaciones administrativas. Por otra parte, destaca que la aplicación de los límites previstos en las letras e) y g) del artículo 14.1 LTAIBG, relativos a la prevención e investigación de ilícitos y a las funciones de vigilancia e inspección, exige una justificación y ponderación específicas, mediante los correspondientes test del daño y test del interés público, que considera no han sido debidamente realizados. Finalmente, añade que la existencia de datos personales o de información confidencial perteneciente a otros operadores económicos no justifica una denegación total de la solicitud, sino que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 LTAIBG, procede facilitar la documentación previa disociación de los datos personales y eliminación de los contenidos confidenciales de terceros.