En esta categoría, que no engloba a los ministerios, se incluyen organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, fundaciones públicas, universidades públicas no transferidas, entidades de derecho público y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

El Índice medio de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) para el conjunto de las entidades analizadas ha sido de solo el 38,9%, si bien existe una gran disparidad en el grado de cumplimiento según la entidad, con algunas que logran niveles muy altos o notables de cumplimiento y otras que presentan aún enormes carencias.

Con este indicador, el Consejo mide su grado de cumplimiento de la obligación que establece la Ley de Transparencia de publicar en sus portales web y mantener actualizada la información que permite a la ciudadanía fiscalizar su gestión y actividad: la normativa que les aplica, sus presupuestos, contratos y subvenciones, quiénes son sus máximos responsables, su formación y experiencia, sus retribuciones...

Entre los motivos que explican la baja puntuación media alcanzada por este grupo de entidades destaca la falta de publicación de informaciones obligatorias – no se publica el 59,4% de ellas – y la carencia de referencias que posibilite a los usuarios conocer el grado de actualización de la información publicada.  

Un total de 71 de las entidades ya habían sido analizadas por primera vez en 2024 sin alcanzar en dicha evaluación el 75% de cumplimiento, por lo que han sido revisadas de nuevo. En aquella evaluación, como en todas las que realiza el Consejo, se les formuló una serie de recomendaciones específicas para que pudieran mejorar el cumplimiento de su transparencia activa.

De las 1.278 indicaciones efectuadas a esas entidades, se han aplicado únicamente 429. Las cuatro entidades que aplicaron todas las recomendaciones han logrado alcanzar en 2025 un cumplimiento del 100%: Fundación Thyssen-Bornemisza, Autoridad Portuaria de Bilbao, Mutua Universal MUGENAT y Sainsel Sistemas Navales. Palencia Alta Velocidad, que ha sido evaluada por primera vez este ejercicio, ha alcanzado también pleno cumplimiento.

El Consejo recuerda a los responsables de las entidades públicas que no han alcanzado el pleno cumplimiento de los mandatos de transparencia contenidos en la LTAIBG que se trata de obligaciones legales de carácter vinculante que están vigentes desde el 10 de diciembre del año 2014 y les exhorta a cumplir con la ley sin dilación, proporcionándoles una serie de recomendaciones específicas para facilitar la tarea.    

 El informe con las principales conclusiones y los 225 informes individuales, junto con las observaciones que, en su caso, han formulado las entidades y los informes de contestación del Consejo a estas alegaciones, están disponibles en este enlace.

Con esta evaluación cuyos resultados acaba de publicar el Consejo, todas las entidades del sector público institucional estatal han sido objeto de, al menos, una evaluación por parte de la institución. 

Toda la evaluación se ha realizado con recursos propios del Consejo utilizando la metodología MESTA, desarrollada conjuntamente con la extinta Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).