El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, autoridad independiente encargada de velar por la transparencia pública, recibió en 2025 un total de 2.767 reclamaciones presentadas por ciudadanos y ciudadanas disconformes con la respuesta (o la falta de respuesta) de la Administración  a sus solicitudes de información. Esto supone que se han presentado un 40,2% más reclamaciones que en 2024. 

De ellas, 1.778 expedientes corresponden a reclamaciones frente a los órganos y organismos de la Administración estatal (un 27,3% más que en 2024).  El resto de las reclamaciones recibidas (989 expedientes) se presentaron frente a las Administraciones, organismos y entidades de ámbito autonómico y local de las comunidades autónomas que han atribuido al Consejo el ejercicio de la competencia en esta materia mediante el correspondiente convenio (Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Ceuta y Melilla), lo que representa un 71,7% más que en 2024. 

En cuanto a la actividad de tramitación de las reclamaciones desarrollada por el Consejo, en 2025 ha resuelto un total de 2.234 expedientes, prácticamente el mismo número de resoluciones que el año anterior. De ellos, 1.577 corresponden a reclamaciones de ámbito estatal, y el resto a reclamaciones de ámbito autonómico y local. Estas cifras suponen que el Consejo ha resuelto un promedio de 186 expedientes al mes en su labor de defensa del derecho de la ciudadanía a acceder a información pública en poder de las Administraciones.

Son datos del balance provisional de la actividad realizada en el ejercicio 2025 por el Consejo, que se encuentra preparando su memoria anual, donde se ofrecerá información más detallada sobre la actividad de la institución en materia de derecho de acceso y sobre el resto de áreas funcionales del organismo, como la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.

En los expedientes de ámbito estatal resueltos, el Consejo ha dictado pronunciamiento favorable a la persona reclamante en seis de cada diez expedientes admitidos a trámite (el 65,9% de los casos), ya fuera estimando de forma total las reclamaciones; de forma parcial, instando a la Administración y a las entidades públicas estatales a entregar parte de la información solicitada; o por motivos formales, es decir, cuando la Administración ha facilitado la información solicitada solo después de la intervención del Consejo de Transparencia trasladándole la reclamación, por lo que se vulneró su derecho a recibir la información en el plazo legal fijado por la Ley de transparencia.

En concreto, de las 1.577 reclamaciones admitidas a trámite, en 976 el Consejo ha resuelto a favor del reclamante: en el 46% de ellas, instando a la Administración a facilitar toda la información solicitada; en el 14%, a entregar parte de la información; y en el 40% de los expedientes, la estimación fue por motivos formales. En otros 389 casos se ha desestimado la reclamación, confirmando que la denegación de la información solicitada era ajustada a derecho. El resto de las reclamaciones fueron archivadas (99), la mayoría por desistimiento del reclamante; inadmitidas (97) por no cumplir los requisitos legales; o suspendidas (16) por estar pendiente de resolverse un recurso judicial sobre el tema.

En cuanto a la causa que motivó la presentación de las reclamaciones de ámbito estatal, y como viene denunciando de forma reiterada el Consejo, en un elevadísimo porcentaje, el 45,5% de los casos, los ciudadanos tuvieron que recurrir a esta institución al no haber recibido respuesta alguna de la Administración a su solicitud de información.