Con la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) como organizadora del encuentro, los órganos de garantía de la transparencia de todo el país se han dado cita durante dos jornadas, el 4 y 5 de junio, para debatir, compartir experiencias y continuar reforzando la colaboración institucional para impulsar la transparencia y el derecho de acceso a la información pública.

En su intervención, la presidenta del CTBG recordó que la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno fue concebida para garantizar el acceso a documentos, pero debe afrontar hoy solicitudes que tienen por objeto algoritmos, código fuente, modelos de decisión automatizada y sistemas de inteligencia artificial utilizados por las administraciones públicas en la adopción de decisiones que afectan directamente a los ciudadanos.

Campos considera esencial abordar dos frentes irrenunciables. Por un lado, aprovechar el potencial de la IA como herramienta de trabajo para los órganos garantes de la transparencia, sin que esta sustituya en ningún caso el trabajo de las personas que instruyen los expedientes, sino como ayuda para automatizar tareas como la clasificación de reclamaciones, la evaluación continua de portales de transparencia o configurar asistentes de resolución entrenados sobre la doctrina propia de los órganos transparentes. “No para sustituir al instructor, sino para que ningún precedente relevante quede sin revisar y la coherencia doctrinal sea real, no aspiracional”, afirmó.

Por otra parte, a su juicio es imprescindible definir el alcance que debe tener la transparencia de la IA. “Cuando la Administración usa un algoritmo para tomar decisiones sobre ciudadanos, para adjudicar una ayuda o apoyar el proceso de decisión, el derecho de acceso no desaparece por el hecho de que la información esté en código fuente, en un algoritmo o en una aplicación informática”, incidió, y debe hacerse una lectura integradora de la LTAIBG con el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (2024/1689), de aplicación plena desde agosto de 2026, y con el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos.

“Es necesario clarificar si la documentación técnica que el Reglamento europeo de IA exige para los sistemas de alto riesgo —entre los que se incluyen los utilizados en la gestión de prestaciones sociales, el empleo público, la administración de justicia y la gestión de migraciones— constituye información pública accesible bajo la LTAIBG”. “Toca revisar el test del daño en clave tecnológica. Restringir el acceso al código de un sistema que toma decisiones sobre ciudadanos puede ser, en sí mismo, el mayor daño posible al interés público”, incidió.

En ese sentido, avanzó que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno va a trabajar en la elaboración de un criterio interpretativo que distinga código fuente, documentación funcional y explicación de resultados, con un test del daño diferenciado para cada nivel. Propuso también un proyecto piloto de aplicación de la IA a la gestión de la transparencia y la colaboración de todos los órganos garantes, el estatal y los autonómicos, para trabajar en red y construir una doctrina común sobre transparencia algorítmica.

La COTAI se constituyó en mayo de 2025, como entidad, sin personalidad jurídica, de colaboración horizontal integrada por el Consejo y los órganos autonómicos de supervisión en materia de transparencia, con una presidencia rotatoria anual.

Preside en 2026 la COTAI la GAIP, cuya presidenta, Iolanda Pineda Balló, destacó en la inauguración de las jornadas en Barcelona la oportunidad que este encuentro supone para “contrastar puntos de vista, debatir sobre los retos que afrontamos y construir respuestas comunes o consensuar las discrepancias”. Pineda recordó el papel clave que desempeñan los consejos y comisionados de transparencia para “reforzar la calidad democrática y la confianza de la ciudadanía en los poderes públicos”.

Durante el encuentro, que concluye hoy, los participantes han puesto de relieve, entre otros asuntos, la necesidad de contar mecanismos que permitan reforzar el cumplimiento de sus resoluciones, como instrumentos coercitivos y de sanción, y su preocupación por el aumento progresivo de las reclamaciones, sin una mayor dotación de recursos humanos a los órganos de garantía, escasos y limitados ya en el contexto actual.