Rodríguez Álvarez urgió a reformar sin más demora la ley de transparencia para corregir sus lagunas y deficiencias técnicas. Entre las cuestiones que se deben abordar en la reforma, destacó la necesidad de aumentar las obligaciones de publicidad activa y potenciar la publicidad proactiva por parte de las instituciones. También abogó por una regulación más completa y precisa de los procedimientos de  ejercicio del derecho de acceso a la información y de reclamación ante el Consejo. Junto a ello, reclamó la atribución al Consejo de las potestades necesarias para cumplir eficazmente con sus funciones, entre ellas, la de requerir los expedientes afectados por las reclamaciones, y la de examinar el contenido de la información reclamada cuando los sujetos obligados invocan límites al acceso. En esta misma línea, incidió en la urgencia de dotar al Consejo de potestades coercitivas para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones y poner fin a “la patología más grave del sistema español de transparencia”: que haya resoluciones firmes y plenamente vinculantes que, sin embargo, no se ejecutan.

Además de la reforma de la Ley, el presidente del Consejo reclamó medidas y políticas públicas decididas que refuercen tanto a los órganos de control y garantía de la transparencia como a las estructuras administrativas encargadas de cumplir con las obligaciones de la ley de transparencia, ya que tanto unos como otros son “aún débiles”.

En la primera jornada, el subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno, Gonzalo Gómez de Villalobos, habló de la importancia de la publicidad activa para la rendición de cuentas. Abogó por la transparencia desde el diseño y recordó que “una buena inversión en publicidad activa evita tiempo perdido y recursos tanto a las organizaciones como al ciudadano”.

Por su parte, Ana María Ruiz, vocal asesora del Consejo, detalló la labor de evaluación que desarrolla el Consejo de las obligaciones de publicidad activa utilizando la metodología propia MESTA. Subrayó que se detecta, doce años después de la aprobación de la ley, desconocimiento sobre las obligaciones que en esta materia impone, y cierta “dejadez” por parte de quienes deben aplicarla. “Debe existir una voluntad real de cumplimiento y se debe incluir la transparencia y la rendición de cuentas en nuestra cultura y práctica administrativa” y recordó que las administraciones deben ser conscientes de que los destinatarios de la publicidad activa “son los ciudadanos, no los funcionarios”, por lo que la información suministrada debe ser comprensible y fácilmente accesible para ellos.

Julián Prior, subdirector adjunto de Transparencia y Buen Gobierno, habló de la gestión documental como “columna vertebral” no solo de la transparencia, sino del gobierno abierto, reclamó que en la futura reforma de la ley de transparencia se incluya referencia expresa a la gestión documental, y recordó la obligación de documentar adecuadamente toda actuación administrativa como base para la transparencia. 

Finalizó la primera jornada una mesa redonda en la que se analizó la transparencia y el acceso a la información como vínculo de confianza entre la Administración y la ciudadanía. Participaron Olga Agüero, decana del Colegio de Periodistas de Cantabria, David Cabo, codirector de la Fundación Civio, Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho, y Eloísa Paredes, subdirectora general de Transparencia y Atención al Ciudadano del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Moderó Isabel Lombardero, secretaria general del CTBG. Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil reclamaron también que se aborde ya la reforma de la ley de transparencia y que se dote al Consejo de Transparencia de las potestades necesarias para hacer cumplir sus resoluciones.

En la segunda jornada, la subdirectora general de Reclamaciones de Ámbito Estatal del CTBG, Marta Timón Herrero, desgranó los contornos y el alcance del derecho de acceso a la información pública en un contexto digital como el actual, en el que debe hacerse un esfuerzo para que los colectivos vulnerables no queden atrás, “poniendo el foco en los titulares del derecho de acceso”. También recordó que el derecho de acceso a la información pública “tiene un efecto potenciador de derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión e información, la participación en los asuntos públicos y la tutela judicial efectiva”.

Por su parte, Isabel Jiménez Plaza, vocal asesora del Consejo, analizó la justificación de las causas de inadmisión y los límites legales al derecho de acceso, que la Administración debe motivar “con precisión quirúrgica” evitando una práctica abusiva para impedir el acceso.

José Santiago Fernández del Valle, subdirector adjunto de Reclamaciones de Ámbito Estatal del Consejo realizó un detallado recorrido por el procedimiento de derecho de acceso, señalando buenas y malas prácticas.

La garantía del acceso a la información pública en el ámbito autonómico y local centró la intervención de José Manuel Jover Lorente, subdirector general de Reclamaciones de Ámbito Autonómico y Local.

Los principales hitos jurisprudenciales del Tribunal Supremo fueron analizados por el magistrado Eduardo Calvo Rojas, que recordó también los asuntos en esta materia pendientes de sentencia en ese tribunal, como el acceso al código fuente de las aplicaciones informáticas usadas por la Administración o a lo que perciben los empleados públicos en concepto de productividad.

El presidente de la recién creada Autoridad Independiente de Protección al Informante, Manuel Villoria Mendieta, habló de la transparencia y las políticas de buena gobernanza. Recordó que la transparencia “permite detectar no solo corrupción, también despilfarro y comportamientos no éticos” y aumentar la eficacia de las políticas públicas, defendió una transparencia colaborativa entre la Administración y el ciudadano y recordó que la transparencia “no consiste en aprobar una ley; se necesita apoyo financiero y político para que funcione”.

Joaquín Meseguer Yebra, coordinador del Grupo de Trabajo de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que formó parte del subgrupo de trabajo para la reforma de la ley de transparencia, analizó en detalle las reformas legales pendientes que son necesarias para reforzar el sistema de transparencia y terminar con sus patologías: ampliar el ámbito subjetivo  de la ley, potenciar las obligaciones de publicidad activa, facultar a los órganos garantes para que puedan imponer multas coercitivas para hacer cumplir sus resoluciones, un régimen sancionador con responsabilidad personal o el establecimiento de un procedimiento de mediación que pueda evitar en muchos casos la interposición de una reclamación, así como el establecimiento de un recurso judicial preferente y sumario en materia de acceso a la información, similar al que existe para algunos derechos fundamentales, entre otras cuestiones.

Precisamente la naturaleza del derecho de acceso a la información pública y si existen argumentos jurídico-constitucionales que cimenten su potencial consideración como derecho fundamental, centraron la última ponencia del encuentro, de la mano de la magistrada del Tribunal Constitucional Laura Díez Bueso.  

Clausuró el curso la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena, con una conferencia en la que defendió una aproximación holística a las políticas de gobierno abierto, entre las que se encuentra la transparencia, y mostró su confianza en que pronto comience la tramitación de la Ley de administración abierta, en la que se prevé incorporar las reformas legales en materia de transparencia. Por otra parte, anunció que se está trabajando en una nueva concepción del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado, más enfocada al "derecho a saber, a entender y a participar” de los ciudadanos.