La Audiencia Nacional había apoyado en su sentencia los argumentos del Juzgado Central de lo contencioso-administrativo que revocó la decisión del Consejo favorable al acceso al código fuente, al considerar que el acceso a dicha información puede afectar a la propia seguridad informática y que la petición es “abusiva” al no estar justificada con la finalidad de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En su resolución,  el Consejo de Transparencia considera que la solicitud del ciudadano de acceder al código fuente está justificada, pues con ella se pretende conocer cómo se toman las decisiones públicas y los criterios bajo los cuales actúan las instituciones públicas, y no aprecia que concurra el límite referido a la propiedad intelectual en el caso de concederse el acceso al código fuente.

En el auto de admisión el Tribunal Supremo declara que los preceptos que en principio serán objeto de interpretación son los artículos 14.1 y 2 y 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

La admisión llega tras la sentencia del caso BOSCO

La admisión del recurso llega justo tras la sentencia del Tribunal Supremo en la que condena a la Administración a proporcionar a la Fundación Ciudadana Civio el acceso al código fuente de la aplicación informática BOSCO, desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica para que las empresas comercializadoras de energía eléctrica puedan comprobar si los solicitantes del bono social cumplen con los requisitos legales para tener la consideración de consumidor vulnerable.

El Consejo de Transparencia celebra esta sentencia, que confirma el acertado cambio de criterio adoptado en 2021 por el Consejo favorable al acceso al código fuente de las aplicaciones utilizadas por las Administraciones Públicas, lo que redunda en una salvaguarda efectiva frente a la arbitrariedad o los sesgos discriminatorios en la toma de decisiones total o parcialmente automatizadas.

Ya en su resolución 058/2021, de 20 de mayo, el Consejo argumentaba: “En el contexto actual de progresivo desarrollo e implantación la administración electrónica y uso creciente de la inteligencia artificial, los algoritmos están adquiriendo una relevancia decisiva, a la vez que se incrementa su complejidad. Pueden sustentar la toma de decisiones públicas o, directamente, ser fuente de decisiones automatizadas con consecuencias muy relevantes para las personas. Esta evolución está generando una creciente demanda ciudadana de transparencia de los algoritmos utilizados por las Administraciones públicas como condición inexcusable para preservar la rendición de cuentas y la fiscalización de las decisiones de los poderes públicos y, en último término, como garantía efectiva frente a la frente a la arbitrariedad o los sesgos discriminatorios en la toma de decisiones total o parcialmente automatizadas".

"Mientras no se instauren otros mecanismos que permitan alcanzar los fines señalados con garantías equivalentes –como podrían ser, por ejemplo, auditorías independientes u órganos de supervisión-, el único recurso eficaz a tales efectos es el acceso al algoritmo propiamente dicho, a su código, para su fiscalización, tanto por quienes se puedan sentir perjudicados por sus resultados como por la ciudadanía en general, en aras de la observancia de principios éticos y de justicia.", concluía la resolución del Consejo.