• Tras la expiración del mandato de cinco años no renovable, cesará en sus funciones y cederá el testigo a Concepción Campos Acuña esta semana.

• Durante su presidencia se ha fortalecido notablemente la institución, con un incremento del 48,4% del presupuesto, la ampliación de la plantilla en un 50%, y la aprobación del nuevo Estatuto, que consagra al Consejo como Autoridad Administrativa Independiente.

• Además, se ha modernizado el funcionamiento del Consejo, con la plena digitalización, la implantación de la gestión electrónica de todos los procedimientos, la renovación de la imagen institucional y el desarrollo de una nueva página web institucional.

• En paralelo, se ha potenciado la función evaluadora del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y reforzado la protección del derecho de acceso a la información pública, resolviendo un mayor número de reclamaciones cada año y elaborando una consistente doctrina interpretativa sobre el alcance del derecho.

• Por otra parte, se han ampliado las actividades de formación, fortalecido la comunicación institucional, e intensificado la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, así como la cooperación con los demás órganos garantes de la transparencia, tanto en el plano nacional como en el internacional. 

El nombramiento de José Luis Rodríguez Álvarez como titular del Consejo tuvo lugar en octubre de 2020. Durante su mandato se han llevado a cabo importantes cambios en la dotación, la estructura y el funcionamiento de la institución dirigidos a mejorar su capacidad para ejercer las funciones que tiene encomendadas, en particular, la de velar por el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia y la de tutelar el derecho de todas las personas a acceder a la información pública.

Entre los años 2021 y 2023 el presupuesto del Consejo se incrementó en un 48,4%, hasta alcanzar 3,38 millones de euros. Aunque la senda de crecimiento no pudo tener continuidad en 2024 y 2025 debido a que se prorrogaron los Presupuestos Generales del Estado, la mejora de la dotación económica permitió ampliar la plantilla en un 50%, pasando de 20 a 30 puestos efectivos.

El fortalecimiento del Consejo en el plano institucional recibió un fuerte impulso con la aprobación en 2024 de un nuevo Estatuto, que reconoció expresamente su naturaleza de Autoridad Administrativa Independiente y le dotó de una estructura orgánica y de funcionamiento más acorde con sus funciones. En esta misma línea se situó la reforma legal operada en 2023, que eliminó la instancia previa ante los juzgados centrales de lo contencioso y permitió recurrir las decisiones del Consejo directamente ante la Audiencia Nacional, con lo que se logró equipararlo a las demás autoridades independientes y reducir los tiempos necesarios para alcanzar una sentencia definitiva. En un plano más formal, pero sin duda relevante para visibilizar su autonomía e independencia, el Consejo ha conseguido tener cabecera propia en el Boletín Oficial del Estado para insertar sus publicaciones.

Junto a ello, en estos cinco años se han llevado a cabo importantes reformas estructurales dirigidas a modernizar el funcionamiento del Consejo y mejorar su eficiencia en el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas. En este sentido, hay que destacar la plena digitalización y la implantación de la gestión electrónica integral de todos los procedimientos, lo que ha permitido simplificar trámites, reducir cargas administrativas y ofrecer, tanto a la ciudadanía como a los sujetos obligados, la posibilidad de interactuar telemáticamente con el Consejo, de una manera sencilla e intuitiva. Este proceso de modernización y actualización se ha completado con la renovación de la identidad corporativa del organismo y con el desarrollo de una nueva página web institucional que presenta un diseño y una estructura más clara y sencilla, mejorando la accesibilidad y la facilidad de uso.  

En ejercicio de la función de tutela del derecho de acceso a la información pública, durante este período se han resuelto más de 11.200 reclamaciones, 7 de cada 10 admitidas a trámite, en sentido favorable a los reclamantes. Con ellas se ha ido actualizando, reforzando y construyendo una extensa doctrina interpretativa que ha ido precisando el alcance del derecho de acceso en materias tan relevantes como personal eventual, productividades, contratos, subvenciones y ayudas, viajes, publicidad institucional, huella normativa, gasto farmacéutico o transparencia algorítmica. Y, a pesar del constante crecimiento de las reclamaciones que se reciben (en 2025 fue del 40,2% respecto al ejercicio anterior), se ha realizado un gran esfuerzo para incrementar cada año el número de resoluciones adoptadas y reducir progresivamente el tiempo medio de tramitación, hasta situarlo a finales de 2025 ligeramente por encima de los tres meses previstos en la ley.

En esta misma línea, también se ha ido potenciando año tras año la función de control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, alcanzándose en 2025 la cifra récord de 393 entidades públicas y privadas evaluadas y logrando que todas las entidades del sector público institucional estatal hayan sido evaluadas por el Consejo al menos una vez.

Por otra parte, se ha reforzado la cooperación con los demás órganos garantes de la transparencia, en el plano nacional promoviendo la creación de la Conferencia de Órganos Garantes de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública (COTAI), entidad de cooperación horizontal integrada por el Consejo y los órganos autonómicos de transparencia;  y, en el internacional, contribuyendo al nacimiento de la Red Europea para la Transparencia y el Acceso a la Información (ENTRI), constituida en 2025 como un marco estable de colaboración entre los órganos garantes de los distintos países europeos, de cuyo comité ejecutivo forma parte el Consejo.

Finalmente cabe destacar que, en el ámbito de la función de fomento de la cultura de la transparencia, se han ampliado las actividades de formación, mediante cursos y seminarios propios, o participando en los organizados por diversos organismos y entidades públicas y privadas. Asimismo, se ha intensificado la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y se ha potenciado la comunicación con la ciudadanía y con los medios, tanto directamente como a través de la página web y de las redes sociales.

Con motivo de la finalización de su mandato, José Luis Rodríguez Álvarez ha realizado la siguiente declaración:

“Han sido cinco años de trabajo intenso, a la vez que apasionante, al frente de un organismo joven que se está consolidando como una pieza esencial de nuestro sistema de garantías de la transparencia pública en nuestro Estado democrático. No he logrado todos los objetivos que me había marcado (en gran parte debido a que las prórrogas presupuestarias han frenado la atribución de medios materiales y personales), pero sí la mayoría, y me voy con la satisfacción de haber contribuido al fortalecimiento institucional del Consejo como autoridad administrativa independiente y a mejorar su capacidad para ejercer las funciones que tiene encomendadas.

Durante estos años hemos actuado con total independencia para garantizar el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, promoviendo y defendiendo la transparencia en el sector público con medios escasos y en un contexto difícil, en el que aún se aprecian resistencias, porque todavía no está plenamente asentada la cultura de la transparencia en nuestras administraciones. Construyendo sobre lo mucho edificado en las etapas anteriores, hemos potenciado la función de evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y reforzado significativamente la de tutela del derecho de acceso a la información, respondiendo a un número creciente de reclamaciones y elaborando una doctrina interpretativa orientada a lograr su máxima eficacia en equilibrio con los demás derechos e intereses con los que a veces entra en conflicto. Que en la mayoría de los casos esté siendo avalada por el Tribunal Supremo es el mejor reconocimiento posible.

Agradezco profundamente al equipo directivo y a todo el personal del Consejo el apoyo recibido y el excelente trabajo que han realizado durante todo este tiempo: en total, una treintena de servidores públicos comprometidos con la transparencia que son los verdaderos artífices de los logros conseguidos. También quiero expresar mi gratitud a los colegas de los demás órganos garantes por la óptima colaboración que hemos tenido, así como a todas las personas que, a título individual, o en nombre de las instituciones públicas o privadas a las que pertenecen, nos han ayudado en la tarea de impulsar la transparencia pública.

Confío en que en un futuro cercano se produzcan avances relevantes, con la culminación de la reforma de la LTAIBG para corregir sus carencias, y con el pleno reconocimiento del derecho de acceso a la información pública como derecho fundamental. En lo que respecta al Consejo, considero imprescindible que se le atribuyan potestades coercitivas para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones, y que se le dote de los medios materiales y personales apropiados para desempeñar sus funciones sin tantas dificultades.

Le deseo mucho éxito a Concepción Campos Acuña.”