El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha publicado hoy los informes de las terceras evaluaciones realizadas a 77 entidades que, tras dos evaluaciones anteriores (en 2023 y 2024), no habían alcanzado un nivel de cumplimiento de al menos el 75% en cuanto a la publicación de la información a la que están obligados por la Ley de Transparencia.
Dentro de esas 77 entidades se incluyen:
Pese a haber sido ya evaluadas con anterioridad en dos ocasiones, con las correspondientes indicaciones ofrecidas por el Consejo sobre sus incumplimientos y la forma de subsanarlos, el Índice medio de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) alcanzado por el conjunto de estas entidades en esta tercera evaluación ha sido de solo el 50%, si bien existe una gran disparidad entre entidades, con algunas que logran niveles muy altos o notables de cumplimiento y otras que presentan aún enormes carencias.
En la revisión practicada en 2025 se ha constatado que solo tres de las 77 entidades han alcanzado un 100% de cumplimiento, tras haber aplicado las recomendaciones efectuadas por el Consejo: la Autoridad Portuaria de Barcelona, la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
En total, el conjunto de las entidades ha atendido solamente 238 de las 992 indicaciones que les formuló el Consejo. Hay que lamentar que el 39% de las entidades no ha aplicado ninguna de las recomendaciones, y 19 entidades incluso han empeorado sus niveles de cumplimiento respecto a la última revisión practicada. Todavía hay 42 entidades públicas y 22 privadas de las evaluadas que no llegan al 75% de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.
Ante esta situación de incumplimiento persistente e injustificable, después de más de una década de vigencia de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno (LTAIBG), el Consejo les insta a cumplir sin dilación con las obligaciones que esta ley les impone. En particular, recuerda a los responsables de las entidades públicas que el artículo 9.3 de la LTAIBG establece que el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa “tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora».
La experiencia derivada de los procesos de evaluación realizados en los últimos cuatro años lleva al Consejo a reafirmarse en la necesidad de que se dote a esta autoridad independiente de potestades coercitivas para garantizar el pleno cumplimiento de la LTAIBG. “Es fundamental que la autoridad independiente de supervisión pueda contar con instrumentos de ejecución forzosa como, por ejemplo, la imposición de multas coercitivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que las leyes imponen a las entidades públicas y a las privadas que reciben fondos públicos”, como ha manifestado públicamente en numerosas ocasiones el presidente del Consejo, José Luis Rodríguez Álvarez.
Los informes individuales de evaluación de las 77 entidades, así como las alegaciones que hayan podido formular, están disponibles en la página web del Consejo. También el informe agregado sobre el grado de cumplimiento alcanzado por el conjunto de entidades, donde se incluyen los listados de las entidades públicas y privadas evaluadas con el índice de cumplimiento alcanzado en 2025, su evolución respecto al logrado en 2024 y el grado de aplicación de las recomendaciones formuladas por el Consejo en aquella evaluación, así como el número de incumplimientos que subsisten.
El Consejo realiza su evaluación con recursos propios y utilizando la metodología propia MESTA, desarrollada con la extinta Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios Públicos.
