El Consejo publica su Memoria 2025, que refleja un récord en el número de reclamaciones recibidas, con un total de 2.767

De ellas, 1.778 de las reclamaciones se dirigían frente a la Administración del Estado y organismos y entidades públicos de ámbito estatal, mientras que las restantes 989 se presentaron frente a administraciones, organismos y entidades de ámbito autonómico y local de las CC. AA. que han atribuido al Consejo la tutela en esta materia mediante la firma del correspondiente convenio −Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Illes Balears, Extremadura y las ciudades de Ceuta y Melilla−. El aumento en las reclamaciones presentadas ante el Consejo ha sido muy significativo en el ámbito estatal (un 27,3% más que en 2024), pero aún más acusado en el ámbito autonómico y local (un 71,7% más). Así lo refleja la Memoria de actividades 2025 de la institución, que ha sido remitida a las Cortes Generales y publicada hoy en la web del Consejo, junto a un Resumen Ejecutivo con sus principales contenidos.

En cuanto al número de reclamaciones resueltas, el CTBG resolvió 2.234 reclamaciones en 2025, una cifra muy similar a la de 2024; de ellas, 1.577 correspondieron al ámbito estatal, y 657 al ámbito autonómico y local.

En el ámbito estatal se admitió a trámite el 93,8% de las reclamaciones y, de ellas, dos tercios (el 65,9%) concluyeron con pronunciamientos favorables a los reclamantes en sus distintas modalidades: estimatoria total, parcial o por motivos formales (esta última implica que la administración facilitó la información una vez interpuesta la reclamación ante el Consejo, habiéndose vulnerado el derecho del ciudadano a recibir la información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia, lo que representa el 40,3% de las reclamaciones estimadas). Cifras similares cabe señalar para los expedientes de ámbito autonómico y local, con un porcentaje de admisión a trámite del 88,4% y un 72,1% de pronunciamientos favorables (el 29,3% de ellos por motivos formales).

La memoria 2025 vuelve a poner de relieve que un elevadísimo porcentaje de las reclamaciones se siguen presentando por silencio administrativo, al no haber obtenido la persona reclamante respuesta a su solicitud de información: en concreto, un 45,5% de los expedientes resueltos por el Consejo en 2023 en el ámbito estatal se habían presentado por este motivo, porcentaje que se eleva al 75,3% en las de ámbito autonómico y local.

En cuanto a los órganos y entidades frente a las que se interponen las reclamaciones, los departamentos ministeriales son de nuevo los principales destinatarios de las reclamaciones de ámbito estatal resueltas en 2025. Frente a ministerios se interpusieron 999 reclamaciones, que representan el 63,3 % del total, seguidos de las presentadas frente a organismos públicos estatales (372 expedientes, el 23,6%), la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno (68 casos, el 4,3%) y las sociedades mercantiles estatales (65, 4,1%).

En el ámbito autonómico y local, el grueso de las reclamaciones se presentó frente a la administración local (414 expedientes, el 63% de los casos), especialmente ayuntamientos; seguido de la administración autonómica (33%) y, muy de lejos, las diputaciones provinciales (2,6%).

En cuanto a los temas más recurrentes de las reclamaciones resueltas, en el ámbito estatal cabe citar los relacionados con la función pública (223 expedientes), especialmente sobre retribuciones y productividades percibidas por los empleados públicos, personal eventual y sobre la realización de procesos selectivos (acceso a copias de exámenes y actas de valoración, fundamentalmente). El acceso a información sobre contratos y obras públicas o a expedientes (procedimientos y documentación administrativa) han sido también objeto frecuente de las solicitudes de información que dieron origen a la reclamación. En el ámbito autonómico y local, los principales asuntos de las reclamaciones han sido el bienestar animal, información institucional, empleo público, información económica y urbanismo, entre otros. 

Por otra parte, siguiendo la tendencia de los últimos años, el Consejo intensificó en 2025 su actividad evaluadora del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, que constituye la otra función principal atribuida a la institución. Conforme a lo establecido en el plan anual aprobado al principio del ejercicio, se evaluó de forma individual a 393 entidades, para verificar si publican y actualizan en sus páginas web la información relevante para fiscalizar su gestión a la que están obligados por la Ley de transparencia. Esto supone un 25,2% más de entidades evaluadas que en 2023.

Todas las evaluaciones se realizaron por funcionarios del Consejo y con medios propios, sin externalizar ninguno de los procesos. Tanto los informes generales correspondientes a los distintos grupos de sujetos evaluados, como los individuales de cada organismo o entidad, se encuentran publicados en la web del Consejo. En sus informes el Consejo incluye recomendaciones específicas dirigidas a las entidades evaluadas para que puedan mejorar el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.

En paralelo a las dos funciones esenciales que se acaban de reseñar, la de la salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y la evaluación de las obligaciones de transparencia activa, se desarrollaron otras muchas tareas relacionadas con las demás funciones que el Consejo tiene encomendadas. Entre ellas, la de asesorar y responder a las consultas formuladas, tanto por organismos como por particulares, sobre cuestiones relacionadas con la interpretación y la aplicación de la normativa de transparencia pública. Se atendieron 196 consultas formales, además de una infinidad de consultas informales recibidas por diversos medios, como el correo electrónico y el teléfono. También se participó en numerosas actividades formativas dirigidas a los empleados públicos.

En 2025 hay que destacar el activo papel del Consejo en la constitución de dos nuevos marcos estables de cooperación institucional que tienen como objetivo fomentar la cultura de la transparencia mediante la cooperación y el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en áreas de interés común, así como la adopción de posiciones comunes en materia de transparencia y acceso a la información pública:

• A nivel autonómico, la Conferencia de Órganos Garantes de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública (COTAI), entidad sin personalidad jurídica de colaboración y cooperación horizontal integrada por el Consejo y los órganos autonómicos de supervisión en materia de transparencia, constituida en mayo de 2025.
• A nivel europeo, la Red Europea para la Transparencia y el Acceso a la Información (European Network for Transparency and Right to Information, ENTRI), constituida formalmente en junio de 2025. Integran esta red órganos garantes de varios estados europeos, y el Consejo forma parte actualmente, junto con otros cinco países, de su Comité Ejecutivo.

En 2025 el presupuesto del Consejo fue de 3,38 millones de euros, y el equipo del Consejo estaba constituido a 31 de diciembre por 30 efectivos, además del presidente. 

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